A seis meses de las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril, Venezuela sigue combatiendo en todos los frentes la desestabilización que de manera aguda está desplegando el fascismo opositor, luego de su derrota electoral.
Debe recordarse que en esa oportunidad, el fascismo rechazó aceptar el resultado, lanzando una arremetida generalizada contra la clase obrera y el pueblo revolucionario venezolano que culminó en el asesinato por motivos políticos de 10 simpatizantes y/o militantes bolivarianos en los días inmediatamente posteriores a los comicios.
Ya antes de las elecciones presidenciales, incluso antes del fallecimiento del Presidente Hugo Chávez, desde el mismo 8 de diciembre de 2012 (cuando Chávez anuncia una recidiva de su enfermedad y por tanto la necesidad de desplazarse a Cuba para realizarse una nueva operación), la oligarquía inició lo que consideró su arremetida final contra el Gobierno Bolivariano, a través de la fórmula del desabastecimiento y la especulación de productos básicos, del recrudecimiento de la permanente guerra psicológica que se ejecuta por vías informales contra la revolución y de la intensificación de los discursos abiertamente desestabilizadores y golpistas.
Fue en este contexto en el que se realizaron las elecciones del 14 de abril, con el pueblo revolucionario todavía profundamente afectado por la muerte del Presidente Chávez, en un país totalmente conmocionado por la trascendencia de ese suceso (incluso en la base electoral de la oposición), en un interregno que la contrarrevolución consideró propicio para asestar un golpe mortal al proceso, creyendo erróneamente que el proceso revolucionario se concentraba en una sola persona. [En este sentido, debe tenerse en cuenta que lo ajustado de los resultados -apenas 1,5%-, se debió al hecho de que casi 1 millón de electores chavistas se abstuvieron de votar por Maduro, lo que da cuenta del impacto que el deceso del mandatario tuvo entre los sectores ideológicamente menos concienciados que componen la base electoral del Gobierno.]
Tras la no aceptación de los resultados y la firmeza demostrada no solo por el nuevo Presidente Nicolás Maduro sino por el Gobierno y la clase obrera frente al fascismo, la guerra contra el pueblo prosigue su curso por otros vericuetos más soterrados pero no por ello menos desestabilizadores. Especialmente grave es el tema del desabastecimiento alimentario, ante todo entre los sectores de la denominada clase media baja– compuesta mayoritariamente por trabajadores con frecuencia desclasados y en el caso venezolano, históricamente adscritos a la ideología burguesa-, con el propósito de provocar tanto un estallido social como el consiguiente impacto electoral de cara a las elecciones locales del próximo 08 de diciembre, que la oposición ha planteado como un plebiscito nacional.
Ante la arremetida contrarrevolucionaria, el Gobierno reaccionó prontamente, aunque más importante aún fue que tras pasar por una primera fase reactiva, comenzó una ofensiva en todos los frentes. Durante los primeros meses del nuevo mandato, realizó el llamado Gobierno de Calle, mediante el que el Ejecutivo recorrió todos y cada uno de los estados venezolanos, recabando las necesidades del pueblo y planteando soluciones concretas; ahora se está en la fase de verificación de los proyectos, con el Gabinete desplegado en la calle; se remozaron los organismos responsables de sancionar el acaparamiento y la especulación alimentaria, haciéndose decomisos permanentes en todo el territorio de la nación, contando con la información de las Comunas; se implementó el Plan Patria Segura, con las Fuerzas Armadas en la calle, disminuyendo ostensiblemente la cifra de delitos comunes (uno de los temas que más utiliza el fascismo para agredir a la revolución); se tomaron medidas contra la corrupción al interior del propio Estado y, más fundamental aún, se anunció la radicalización del proceso, en la dirección de proseguir armando a la Milicia Bolivariana y de fortalecer el llamado Poder Comunal, una red de comunas compuesta por los sectores populares y que deben pasar a ejercer progresivamente más poder en el ámbito de lo público.
Quedan pendientes por concretar otros compromisos ya anunciados por el Gobierno revolucionario, como la materialización de medidas económicas (hechas públicas este pasado 11 de octubre), que impidan que el país prosiga perdiendo divisas por importaciones fraudulentas o que éstas luego sean sometidas al acaparamiento y/o la especulación; la aprobación de una Ley Habilitante que permita el combate frontal contra la corrupción y por último, la desaparición definitiva de la impunidad de la que por vía judicial todavía disfruta el fascismo en Venezuela. Pero sobre todas las medidas generales, por muy importantes que sean, que se cumpla lo anunciado en el pasado por el Comandante Chávez y ahora por el Presidente Maduro: hacer irreversible la Revolución y el Socialismo en la República.
Helena Menéndez
