Si escuchamos las noticias sobre el desempleo, podremos oír opiniones diversas dependiendo de quién las haga,  para el gobierno, da igual el coloro, las cifras demuestran que la tendencia anual es buena, si es la oposición quien habla, las cifras son malas para el país.  En el caso de las organizaciones sindicales nos dirán que se demuestran la precariedad del sistema y la necesidad negociación.  Y es que las estadísticas valen para un roto y para un "descosío". 

Los datos del mes de agosto son estos:   El paro registrado en las oficinas públicas de empleo se sitúa en 3.182.068 personas, tras subir 47.047 personas en agosto. Es el mayor aumento del paro en agosto desde 2011, en plena recesión económica.   Se mantiene la alta feminización del paro: hay 1.875.074 mujeres en paro, el 59% del total. La población que busca trabajo es muy superior al dato de paro registrado. En agosto, la cifra de demandantes de empleo aumenta hasta 4.522.748 personas.

El hecho es que el 1 de enero de 1986 España ingresó en la Unión Europea.   Esta adhesión supuso un periodo económico favorable por la liberalización de todo el sector productivo estatal, telecomunicaciones, electricidad y gas o en sectores como el transporte aéreo y por carretera. Es decir, el estado ganaba dinero pero perdía capacidad de gestión al pasarla a manos privadas.  Pero también se apostó por la reconversión industrial y que nuestro país se dedicase al ocio de los europeos. Pero en España, además de poca industria y mucho sol, tenemos un sector empresarial que quiere ganar dinero muy rápido y para ello exige las reformas laborales que hagan falta para facilitar su primer objetivo, “aumentar sus beneficios”. 

Las distintas reformas laborales han llevado a la desregulación casi absoluta del mercado laboral, donde la precariedad no se ha abierto un hueco, ha desplazado con rotundidad a la estabilidad y fijeza.   Además, desde el inicio de la crisis hay más de 2’5 millones de trabajadores y trabajadoras que se han ido a buscarse la vida al extranjero, mayoritariamente Europa, porque aquí no encuentran una salida.  Si unimos las reformas laborales a las reformas de las prestaciones por desempleo, en las que se reducen las percepciones y el tiempo de cobro, nos encontramos con una situación compleja para la clase obrera.  Está bajando el desempleo porque muchas personas emigran y las que se quedan lo hacen con contratos por días o a tiempo parcial.

El Gobierno tiene establecido un Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE) que en su filosofía trata de asegurar la inserción de los trabajadores y trabajadoras y combatir la precariedad laboral, creando condiciones de trabajo dignas con salarios justos, para ello invierte 7.100 millones de euros en el 2018.  Pero si leemos dicho Plan, entenderemos perfectamente quién gobierna y para quién gobierna.

Las bonificaciones y ayudas directas a las empresas ocupan más del 60% del destino de los recursos para la generación de empleo. El abuso de este tipo de medidas, teniendo en cuenta la laxitud de los requisitos para acceder a ellas, es un remiendo coyuntural a los problemas estructurales que padece el mercado de trabajo.  En el ámbito estatal el 89% del presupuesto para crear oportunidades de empleo son pagos directos a las empresas, a través de bonificaciones en las cotizaciones sociales y desembolsos de cuantías por persona contratada.

La derivación permanente de recursos públicos hacia la empresa privada para sufragar sus costes laborales, sin crear un marco económico favorable al crecimiento, al empleo y al incremento de la productividad, esclaviza al sistema y le condena a mantener una tasa de empleo sostenida con la financiación pública, en detrimento de otras políticas de crecimiento y bienestar.

En definitiva, como dice una amiga, los/as comunistas lo tenemos claro, la culpa es del capitalismo, y la solución es la revolución. 

Nota:  los datos del paro están sacados del INE y del gabinete de estudios de CCOO, para que no nos acusen de plagio.