Editorial Febrero 2018

El desarrollo actual de la lucha de clases en España está, en buena medida, caracterizado por la continuidad de un gobierno encabezado por Mariano Rajoy que desarrolla su línea de intervención política colocando en primer plano todos aquellos aspectos más brutales de la formación capitalista en este país, de su historia y de su presente.

En primer lugar se puede decir que resulta, al menos, irritante que con tanta arrogancia se repita a las primeras de cambio: “hemos salido de la crisis”, como anatema contra cualquier crítica que se pueda hacer de este gobierno de banqueros y empresarios. Salir de la crisis es algo que Rajoy pretende sustentar en algunos datos macroeconómicos que favorecen positivamente la capacidad de acumulación y saqueo de una parte de los monopolios españoles. Desde diversas fuentes económicas, algunas de ellas internacionales, se critica la creciente desigualdad dentro de la sociedad capitalista española, donde en estos años la riqueza se ha concentrado más en la parte alta de la pirámide, a cambio de empobrecer de forma más extrema a quienes se les somete a una mayor explotación. 

Que una trabajadora, con un empleo de unas pocas horas a la semana, y que por ello no contabiliza en las cifras de mujeres en paro, tenga que escuchar en boca del Presidente del Gobierno que el país ya salió de la crisis, cuando con esos ingresos no puede llegar ni a medio mes, es un escarnio. Y, con esto, solo nombramos un ejemplo de los millones que hoy existen como consecuencia de las políticas dictatoriales de Mariano Rajoy.

En esta España son miles los empresarios que una y otra vez roban sus salarios a la clase obrera, y esta democracia burguesa les permite desarrollar su delincuente actuación con total impunidad. En estos días se informa de que el estafador Díaz Ferrán saldrá próximamente de prisión, tras haber cumplido un tercio de su condena por haber cometido una estafa multimillonaria. Esta situación contrasta con la existencia de cientos de presos de ETA que, ilegalmente dispersos por todo el territorio del Estado, siguen en prisión como rehenes del Estado sin que se tenga ninguna voluntad política de dar una salida a su situación. La guinda del pastel la pone el mafioso empresario Miguel Ángel Ramírez –amigo de todas las estructuras del poder- que deja a cientos de trabajadoras y trabajadores sin abonarles sus salarios durante meses, y, además, es indultado por el gobierno, y sus juicios por estafa son amablemente retrasados por el sistema judicial año tras año.

En la cuestión de la democracia el balance no puede ser más nefasto, cuando sistema judicial y cuerpos represivos actúan de manera concertada, al dictado del Gobierno, para reprimir toda disidencia y, también, para manejar cualquier situación al antojo de las necesidades del Consejo de Ministros. El caso de Catalunya está siendo una muestra incuestionable de como este sistema de la dictadura del capital reprime el ejercicio de cualquier derecho que pueda ser contrario a los intereses de la clase dominante. Que, utilizando el aparato judicial, se impida a dos diputados electos ir al Pleno de investidura es pura dictadura, sin más.

Que se utilice el aparato judicial y policial para que alguien que no ha tenido ninguna condena por los tribunales se le prive de sus derechos, y que a pesar de haber resultado proclamado diputado en unas elecciones (además celebradas al antojo del mismo Gobierno), se le impida que pueda presentar su candidatura como President de Catalunya, es un acto cien veces repetido en la historia de España, donde la monarquía de los Borbones impone su dictado contra los más elementales principios democráticos, aunque sean los de la limitada democracia burguesa. 

En esta situación el usurpador de la Jefatura del Estado, Felipe VI, se permite ir a Davos, donde se concentran todos los focos informativos mundiales, a hablar de democracia. Como si monarquía y democracia no fueran ya, de partida, dos términos incompatibles. Además, pretendiendo que el cumplimiento de la actual Constitución del 78 sea un corsé que impida cualquier cambio social y, en primer lugar, cualquier acción que pretenda avanzar hacia una forma republicana del Estado, y no digamos socialista. Puesto que la Constitución del 78 no admite un sistema socialista en España, lo que está diciendo este Borbón es que cualquier acción en este sentido será perseguida por “anticonstitucional”. ¡Vaya democracia!

Los juicios contra cientos de miembros del Partido del Gobierno -algunos de ellos que se desarrollan con mayor protagonismo en estos días-, no dejan duda alguna de la actividad delictiva realizada por notables dirigentes del PP, que a la vista de los hechos permiten concluir que tal partido político no es otras cosa que una maquinaria de robo y extorsión al servicio de su camarilla dirigente y del capitalismo español. 

A pesar de esa evidencia, de la que tan solo pueden dudar mentes impregnadas de candidez o de ceguera ultraderechista, M. Rajoy sigue agarrado al ejercicio del poder como lapa a una roca en marea baja. Ese mismo gobierno es el que saquea la hucha de las pensiones, congela la revisión de las mismas con un cicatero 0,25 %, y aprueba la llamada “Ley de sostenibilidad” que, a partir de 2019 legalizará la reducción progresiva de las ya escuálidas pensiones de millones de trabajadoras y trabajadores, después de toda su vida sometida a la más brutal explotación.

Como parte de la lógica intrínseca del capitalismo la guerra es parte de la lógica de la acumulación del capital y, por ello, la Ministra de la Guerra, Dolores de Cospedal se suma gustosamente a las exigencias de las grandes potencias de incrementar el gasto militar y, también, a la participación en las expediciones militares internacionales de expolio y saqueo.

La noticia más reciente de que Cospedal duplicará el actual gasto en armamento militar, y que se destinarán a ello 30.000 millones en los próximos años, remata la radiografía de este Gobierno que presiden Rajoy y Felipe VI, y que solo puede traer explotación, pobreza y miseria a la clase obrera española. 

Un Gobierno, y una monarquía, que es necesario destruir si queremos conquistar de la justicia social y la libertad para la gran mayoría social.

Nuestra 3ª Conferencia Estatal de Organización, que se celebra justo en la fecha en que se publica este número de UyL, será un paso de la mayor importancia para avanzar hacia este objetivo.

Avancemos en el fortalecimiento del PCPE como el necesario Partido de la clase obrera. Una organización formada por revolucionarias y revolucionarios que, desde su superior altura ética, han de ganar el liderazgo y el reconocimiento de las grandes luchas obreras que han de venir. Un Partido insertado en la lucha de masas, que sea reconocido por éstas como su dirigente natural, como producto de su consecuente práctica revolucionaria. Un Partido limpio de la contaminación pequeñoburguesa que tanto daño ha hecho al comunismo en este país de la mano del eurocomunismo.

Un PCPE fuerte será la garantía de un mejor futuro para la clase obrera de este país, en el camino de la toma del poder, y de la república socialista de carácter confederal