Jesús Santrich es dirigente de las FARC-EP, miembro de su Estado Mayor Central y uno de los principales comandantes del Bloque Martín Caballero (Caribe), militante de la Unión Patriótica, a los 21 años ingresó a la guerrilla e integrante de la Comisión de Seguimiento, Impulso y verificación a la implementación (CSIVI) del acuerdo de paz.
Está en huelga de hambre desde el 26 de junio, realiza esta entrevista a Unidad y Lucha cuando lleva 11 días de protesta. La huelga de hambre la realiza junto con más de 1.500 prisioneros y prisioneras de la insurgencia para exigir que se cumpla sin dilaciones la amnistía pactada en el acuerdo de Paz de La Habana.
UyL. Desde el pasado 26 de junio usted está en huelga de hambre. ¿Cuáles son los motivos que impulsan esta decisión?
JS. Hay varios motivos, en general es el incumplimiento del acuerdo de paz de La Habana, pero en este momento, de manera especial, estamos en una jornada nacional de desobediencia carcelaria que involucra a más de 1750 guerrilleros y guerrilleras por el incumplimiento de la ley de amnistía y de todos los otros procedimientos de excarcelación que están comprometidos por el Gobierno y que se han cumplido muy parcialmente.
De esos 1750 guerrilleros en desobediencia carcelaria hay 1560 en huelga de hambre en este momento. Habían comenzado 1200 y ahora son ya 1560, entre ellos hay 50 mujeres, 250 guerrilleros adultos mayores.
Entonces, si hacemos un balance de las libertades que se tenían de dar, nosotros avalábamos 3400 guerrilleros y guerrilleras, gente vinculada a las FARC, y sólo han sido liberados alrededor de 900 compañeros y compañeras, lo cual quiere decir que no va ni un tercio del cumplimiento del compromiso. Esto es una flagrante violación al derecho a la libertad, que no lo estamos suplicando, no estamos pidiendo ningún favor, lo estamos exigiendo porque es la consecuencia de un acuerdo de paz.
UyL. Entre el colectivo de prisioneros y prisioneras en huelga hay algunos casos que exigen una respuesta humanitaria inmediata por parte del gobierno colombiano, ¿podría explicarnos alguno?
JS. Hay varios, pero pongo el ejemplo de Óscar Elías Tordesilla Madera. La situación de él es que está amputado de la mano derecha y está ciego. Él llegó viendo a la cárcel, pero por desasistencia médica en la cárcel está totalmente ciego en este momento. Está condenado a 40 años, el juez le ha negado la libertad condicionada, ha negado el traslado a las zonas veredales y la prisión domiciliaria también se la ha negado.
UyL. El PCPE está participando desde España en la campaña por la excarcelación de Simón Trinidad, ¿podría explicarle a nuestros lectores cuál es el caso de este guerrillero y en qué situación se encuentra?
JS. Este es un compañero que nunca perteneció al Estado Mayor Central, pero jugó un importante papel de motivación de abrir caminos para encontrar la salida dialogada y la salida política de paz para esta confrontación, y en algún momento, hace varios años fue capturado en Quito, deportado hacia Colombia y luego extraditado hacia los EEUU con falsos cargos, cargos de narcotráfico y de secuestro, de secuestro de los mercenarios norteamericanos que fueron capturados aquí en Colombia por las FARC luego del derribo de una avioneta de inteligencia.
Entonces el mismo Simón desarticuló las acusaciones que había sobre narcotráfico y finalmente, en un juicio bastante amañado, fue condenado a 60 años de prisión. Ya van más de 13 años que se produce la extradición y que él se encuentra, primero en Florida y ahora está en Flores –Colorado- en unas condiciones deplorables de prisión. Últimamente estaba en una prisión subterránea, totalmente aislado, no podía hablar con nadie, no tenía acceso a prensa, a comunicaciones, cuando le daban un rato de sol era en una jaula. Con lo del proceso de diálogo han mejorado un poquito las condiciones carcelarias y ha tenido una asistencia médica mínima; pero siguen siendo condiciones carcelarias deplorables y además injustas.
A él lo habíamos nombrado vocero en los diálogos de La Habana, y en el transcurso de esas conversaciones, el Gobierno se había comprometido a hacer las diligencias pertinentes para la repatriación. Nosotros hicimos un compromiso de mantener un bajo perfil en la exigencia, por que se estaban haciendo los tramites diplomáticos y terminaron las conversaciones de diálogo en La Habana y pues luego nos enteramos por boca de los mismos voceros norteamericanos que el Gobierno de Colombia nunca hizo ningún tipo de diligencia oficial para su liberación, es decir, que en esto el Gobierno de Juan Manuel Santos engañó a las FARC, defraudó a las FARC.
Ahora seguimos en esa campaña de libertad por Simón, a lo cual convocamos naturalmente a todo el mundo solidario.
UyL. Desde las FARC-EP se han denunciado numerosos incumplimientos de lo pactado en el acuerdo por parte del Gobierno colombiano, mientras que las FARC-EP cumplen escrupulosamente lo pactado. ¿Considera que la Paz está en peligro?
JS. Yo pienso que el proceso ya tiene un adelanto irreversible porque esta desarticulado el despliegue militar estratégico de las FARC, nuestra gente está ubicada en Puntos y Zonas Veredales de Normalización haciendo un trabajo extraordinario para que el proceso salga adelante.
Lo que debemos decir son las dificultades, las incertidumbres que se generan con los incumplimientos frente a la posibilidad real de lograr la paz en Colombia, porque la base de la paz es la justicia social, la base de la paz es superar las brechas de desigualdad que existen en nuestro país, superar la miseria, superar la pobreza, la exclusión política. En Colombia hay por lo menos 12 millones de pobres que están en una situación de vida bastante deplorable, sin las necesidades básicas satisfechas, por poner un ejemplo, el índice de desnutrición en América Latina es del 6%, que es bastante elevado; pero en Colombia alcanza el 12 y hasta el 13%, de ahí problemas tan complicados como la muerte por desnutrición de niños en La Guajira y no solo ahí.
Entonces, esas dificultades generan desesperanza en la gente. Se supone que la base de la construcción del acuerdo nos iba a posibilitar ir resolviendo los problemas fundamentales, el de la confrontación en primer lugar, pero la paz no es el silenciamiento de los fusiles, la paz es en realidad abrir espacios para la libertad, para la democracia, para el buen vivir de la gente, y esto es lo que no se está resolviendo. Hay este incumplimiento de las liberaciones en el nivel que ya indiqué, pero también hay incumplimiento en una acción de desarrollo social del Gobierno, sin necesidad del acuerdo se debiera estar implementando la reforma rural, una reforma rural en Colombia no tenía por qué depender de un acuerdo, no obstante, por cuenta de este acuerdo todavía no se ha restituido, todavía no se ha formalizado, todavía no se ha distribuido ni una sola hectárea.
UyL. En el acuerdo de Paz, el Estado se comprometió a desmantelar las organizaciones paramilitares. ¿Cuál es la realidad hoy?
JS. La realidad es que las organizaciones paramilitares se siguen expandiendo en nuestro país, con el agravante que ahora en la mayor parte de las áreas de donde han salido las FARC el paramilitarismo hace presencia, con el nombre que sea, pero es el paramilitarismo sin colocarle eufemismos; entonces hay algunos lugares o Zonas Veredales de Normalización que están prácticamente sitiados, el caso de Tumaco, el caso de algunas zonas del Chocó y de Antioquia.
La presencia paramilitar es evidente, porque es gente uniformada y con fusiles que están hostigando a la población, de hecho, desde diciembre para acá hay más de 120 dirigentes populares asesinados y obviamente hay una sistematicidad, que la niega el Estado porque aquí ha habido una actitud por parte del bloque de poder dominante y de los agentes del Estado siempre negacionista frente a ese fenómeno que ha segado tantas vidas de colombianos y que sigue siendo. Eso es una espada de Damocles que pende sobre el proceso y que pone en peligro no solamente la dirigencia de las FARC que da el salto a la legalidad si no a las comunidades rurales y en general a organizaciones sociales y políticas a lo largo y ancho del país.
Se había dicho que se tomarían medidas extraordinarias e inmediatas para resolver ese problema, para intentar dar alguna solución. Una de ellas era la creación de la Unidad Especial de Investigación de este fenómeno, unidad que deriva del artículo 74 del acuerdo, pero está teniendo muchas obstrucciones por el Fiscal General de la nación, que parece tener una actitud de protección a los financiadores del paramilitarismo porque no quiere darle la autonomía que está acordada en La Habana, y sí que ha habido obstrucciones, ojalá que esto pueda solucionarse porque este es uno de los más graves problemas que tenemos en el país.
UyL. En agosto está previsto el Congreso en que las FARC-EP pasarán de ser una organización político-militar a una organización política legal. ¿Qué retos presenta este Congreso?
JS. Este Congreso presenta el reto de hacer una reestructuración interna de la dirección nacional y de las direcciones intermedias de las FARC a lo largo y ancho del país. Porque las FARC no son solamente la estructura armada, hay estructuras de milicia y estructuras políticas partidarias.
Entonces tenemos que dar una reestructuración, darnos unos estatutos acorde a la nueva situación en que se inicia una etapa de lucha sin las armas en la mano, darnos un programa, darnos una táctica y una estrategia política tanto en el campo electoral como en el campo de la lucha de calle y la acción de masas en general.
Eso implica hacer unas propuestas atractivas pero realistas frente a la realidad de Colombia que no ha cambiado mucho desde que se inició el debate o las conversaciones para llegar a los acuerdos. Hasta Ahora, la caracterización del país sigue siendo la misma, lo único que ha variado es que existe un acuerdo, pero todavía en términos formales, en términos de promesas y compromisos, eso no es nada tangible aún, no hay realidades de beneficios sociales que todavía se deriven, a parte sí, de un gran beneficio que es que el desangre ha cesado con la culminación de la confrontación militar directa.