Los sindicatos denuncian una persecución política para crear un clima de miedo a la protesta y limitar el derecho de huelga.

La represión puesta en marcha desde el Ministerio del Interior para criminalizar la lucha sindical y social, pretende hacer un “problema de orden público” donde sólo hay lucha contra la injusticia social y en defensa de los derechos laborales y sociales y de los servicios públicos.

El objetivo no es otro que el de desanimar y meter miedo a la clase obrera para que no participe en las huelgas y, en consecuencia, debilitar a los sindicatos.

Las órdenes dadas por la Fiscalía General del Estado para que se pidan penas de cárcel a todas las personas que pasen a disposición judicial, tras ser detenidas por haber participado en piquetes, concentraciones, manifestaciones, etc. están llevando a tener cientos de casos, en la actualidad, donde se están pidiendo penas de prisión de 2, 3, 4, 5 y hasta 8 años de cárcel por hechos que no han causado daños de ningún tipo.

Los sindicatos CCOO y UGT denunciaron la existencia de una ofensiva penal planificada contra el derecho constitucional de huelga y el sindicalismo que, según cálculos de ambos sindicatos, afecta hasta el momento a más de 260 personas para las que el Ministerio Fiscal pide un total de 120 años de cárcel por su participación en huelgas en las que en ningún caso se deduce que haya habido violencia.

Sobre los procesos contra cientos de sindicalistas, de distintos sindicatos de clase en el ejercicio de este derecho, un informe  recoge 81 expedientes que afectan a más de 260 personas, para las que el Ministerio Fiscal pide —ya se han producido algunas condenas o, por el contrario, absoluciones— sanciones administrativas y económicas o, en algunos casos, penas mínimas de 3 años de prisión, que implican el ingreso en la cárcel, por su participación en huelgas tanto generales contra las reformas laborales y los recortes, como sectoriales y de empresas

La Fiscalía solicita 140 años de cárcel para miembros de los piquetes de las huelgas generales (sólo contando los casos de CC.OO y UGT). Decenas de afiliados y cargos sindicales han sido acusados por el Ministerio de delitos contra los derechos de los trabajadores en los últimos meses (por hechos sucedidos en las 2 últimas huelgas generales y alguna huelga sectorial por convenios colectivos).

Los procedimientos abiertos contra ellos y más de 260 imputados. La Justicia comienza a pedir y sentenciar penas de prisión por participación en manifestaciones y huelgas. Una situación que no se daba desde el franquismo.

La justicia distingue muy bien la lucha de clases, metiendo en prisión a la clase obrera y en muy pocos casos a la clase dominante.

Todo esto sucede antes de que haya entrado en vigor la nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, que eleva las penas que hasta ahora eran “faltas” al grado de “delito” y derivan otros hacia sanciones administrativas sometiendo a la completa indefensión a la población en general y a los activistas sociales y sindicales en particular.

Casos concretos como los siguientes son sólo una muestra de la represión desatada por el gobierno: La Reforma Laboral de febrero de 2012, es una ley no sólo desrreguladora  de los derechos laborales, sino a la vez,  una ley represiva sobre millones de personas trabajadoras. En estos tres años, más de un millón de trabajadores y trabajadoras, han visto cercenado su derecho fundamental por excelencia, el derecho a ganarse el pan; la negociación colectiva y la cobertura de los convenios ha bajado más de 25 puntos.

La depreciación y la bajada de salarios ha situado el salario más frecuente en menos de 700€; la salud laboral se ha deteriorado seriamente ante el empeoramiento de las condiciones del trabajo, y la libertad absoluta del empresario ha conformado un control cuasi absoluto sobre el trabajador, conformando un modelo de relaciones laborales que pudiera parecer feudal, pero que es capitalismo puro y duro.

A la vez, la Reforma Laboral ha dotado al empresariado de impunidad ante actos de violación de los derechos fundamentales de las trabajadoras y trabajadores y, al igual que la ley Mordaza, constituye un estado continuo de excepción, donde la única seguridad es la de los negocios y el sacrosanto beneficio patronal.

Ante este situación, la clase obrera con sus organizaciones sindicales y políticas debe de luchar y movilizarse contra esta represión del Estado de turno, que en ningún caso es el llamado “estado social democrático y de derecho”. Debemos  movilizarnos y luchar contra la ley mordaza, la reforma laboral 2012, etc. De las cuales hipócritamente afirman que disfrutamos y solo se benefician los empresarios con el abaratamiento del despido, bajadas de salarios, congelación de éstos en los convenios colectivos, y hacer cumplir, como mínimo, la legislación laboral y social  que había antes de las reformas laborales PPSOE.

J.A. militante de CC.OO, y del PCPE