En los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas se están acelerando las privatizaciones. Gobiernos municipales y autonómicos de unos y otros partidos están poniendo en manos de las grandes empresas los servicios esenciales que garantizan un mínimo de cobertura a aquellos sectores sociales más desfavorecidos. Se utiliza la inversión pública para terminar beneficiando a las empresas privadas.
Esta situación debe finalizar, pero no solamente paralizando las privatizaciones en marcha de servicios públicos municipales o autonómicos, sino revertiendo las privatizaciones realizadas previamente.
La gestión pública, a pesar de ser insuficiente si no va acompañada de un cambio real en la propiedad de los medios de producción y la riqueza del país, facilita la aplicación de criterios de interés social en la gestión, aunque debe ser siempre acompañada de mecanismos de control y decisión obrera y popular.
Por ello, nuestra apuesta por el sector público no se limita únicamente al cambio de titularidad de quienes prestan los servicios públicos, sino que afecta a la gestión y a la fiscalización de sus actividades en un doble mecanismo: el de los trabajadores de esos servicios (obrero) y el de los beneficiarios de los mismos (popular).
En el caso de los servicios públicos básicos y esenciales (Sanidad, Educación, Servicios Sociales), el PCPE plantea la existencia de sistemas exclusivamente públicos, universales y gratuitos, poniendo fin y revertiendo totalmente la desastrosa política de conciertos y privatizaciones llevada a cabo hasta el momento.
Esta nítida apuesta por un sector público bajo control obrero y popular, sitúa con claridad también el eje de la denuncia a todos aquellos procesos de privatización encubierta o de desarrollo de infraestructuras que se basan en la legislación europea o estatal y que exigen la gestión privada de las dotaciones o la cesión de ciertas infraestructuras a capital privado.
Los criterios de interés social, aplicados a los servicios públicos y a la actividad de las administraciones, permiten igualmente articular al movimiento obrero y popular bajo criterios de fomento y creación de estructuras de decisión verdaderamente democráticas, apegadas al terreno y a los intereses y necesidades de la mayoría.
Por otra parte, el destino del dinero público debe ser reconsiderado radicalmente. Las enormes cantidades de dinero destinadas al fomento y desarrollo del capital privado deben dar paso al desarrollo de planes de industrialización basados en las materias primas y los recursos propios de cada lugar, insertos en la misma lógica del interés social, generadores de empleo estable y digno y que favorezcan la autonomía energética y productiva del país en su conjunto.
De la misma manera, todas las infraestructuras y vías de transporte han de estar bajo titularidad y gestión exclusiva del sector público, con los criterios de gestión y control antes mencionados.
En definitiva, el PCPE propone luchar por un sector público distinto al que hemos conocido en España, gestionado y controlado por los propios trabajadores y usuarios, y que ayude a sentar las bases de un modelo verdaderamente socialista y de democracia popular que únicamente se alcanzará cuando, en todo el país, se implanten mecanismos de planificación económica centralizada.
