En la actual crisis estructural del sistema capitalista, se hace evidente la verdadera moral de la burguesía, ésta, con la intención de no renunciar a suculentos beneficios con los que mantener su status quo, desarrolla todas las estrategias a su alcance, entre las cuales las leyes elaboradas por los gobiernos gestores del capital favorecerán siempre y sin contemplaciones a la oligárquica empresarial-financiera.
Un ejemplo más de la voracidad criminal oligárquica la podemos denotar en la situación de sobreexplotación y abandono que viven las personas con movilidad reducida —¨discapacitados¨—, este sector de la población sufre con mayor crudeza los severos recortes en prestaciones llevados a cabo por los diferentes gobiernos centrales y autonómicos.
En España hay 2.215.000 personas con movilidad reducida para las actividades de la vida diaria. Dentro de ellas, 1.450.000 personas tienen una discapacidad severa o total y necesitan ayuda de otra persona para realizar tareas como el cuidado personal, tareas del hogar, desplazamientos, etc. Casi un millón de estas personas tienen más de 65 años. Las previsiones de los expertos esperan que el número de personas con discapacidad aumente en los próximos años. En el 2020 la población mayor de 64 años será de 7.845.112, lo que supone un 20% de la población frente al 16% actual. De lo que se deduce que la proporción de las personas con discapacidad aumentará del 9% actual a un 10%.
En lo concerniente a la población laboral activa, este colectivo representa el 5%, es decir, que aproximadamente 1,5 millones de personas con discapacidad están incluidos en la franja de edad comprendida entre los 16 a 65 años. Un apartado aparte y quizás el más dramático por las condiciones sociolaborales que padecen lo compone el colectivo de inmigrantes, en el que se calcula que un total de 240.000 padecen una discapacidad. La distribución por sexo y edad —pirámide de población— de los extranjeros con discapacidad muestra algunas peculiaridades, derivadas de la particular estructura de la población inmigrante, en la que las personas de entre 20 y 35 años constituyen el segmento mayoritario. Destaca el alto número de varones jóvenes con discapacidad, entre 20 y 35 años. Hoy en España con una discapacidad reconocida del 33% al 55 %, se percibe una pensión de 365 euros al mes. La famosa Ley de dependencia del gobierno PSOE, que animó y creo unas perspectivas de un futuro digno para los discapacitados y sus familias , se quedó tan solo en eso, ilusiones y esperanza de una mejora en sus calidades de vida, pero esta cacareada y publicitada ley no supuso ningún cambio real en las maltrechas vidas de millones familias, ya que para poder acceder a la pensión o prestación se crearon tablas de valoración que en la mayoría de las ocasiones impidieron que cientos de miles de familias pudieran ser beneficiarias de la miserable prestación.
A esto hay que añadir las irrisorias leyes de inserción laboral de los diferentes gobiernos a sueldo de la oligarquía. Las empresas que celebren contratos en prácticas con trabajadores con discapacidad tendrán derecho a una reducción, durante la vigencia del contrato, del 50 por 100 de la cuota empresarial de la Seguridad Social correspondiente a contingencias comunes; del 100 %, si la plantilla es igual o superior a 250 personas. En el colectivo de discapacitados el paro esta estimado en un 70%, contratado en condiciones de semi-esclavitud, bajos salarios, horarios interminables, ritmos inhumanos, y ningún respeto a su condición de discapacitado. Véase ejemplo de Flisa, empresa de lavandería industrial perteneciente a la ONCE .
Y consideración especial en este drama, es el papel que sufre la mujer, estas ven sus vidas reducidas al ámbito del cuidado del dependiente, en muchos de los casos son encarceladas en vida, papel de esclavitud el cual le ha sido asignado por la distribución del trabajo en el capitalismo.
Solo con el derrocamiento del sistema capitalista podrán la clase obrera y capas populares terminar con la explotación y miseria al que éste nos somete.
Juan J. Sánchez
