En un comunicado fechado el 17 de diciembre, el Secretariado del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, declaraba el cese unilateral del fuego y las hostilidades por tiempo indefinido.

 

Este anuncio, enmarcado en los diálogos de paz que se llevan celebrando en La Habana desde hace más de dos años, es una noticia de calado encaminada a desbloquear el proceso negociador que busca establecer un nuevo marco de participación política en Colombia.

Se trata ésta de una medida audaz de las FARC-EP que, para cobrar pleno sentido, debe ser respondido con una declaración similar por parte del gobierno colombiano, aunque éste no parece muy proclive a abandonar su concepción de que es necesaria, en primer lugar, una derrota militar de las FARC-EP y, posteriormente, una negociación para concretar los términos de la rendición de la guerrilla.

La historia reciente de Colombia permite visualizar en toda su amplitud que este gesto es una muy generosa muestra de buena voluntad de las FARC-EP. Especialmente si tenemos en cuenta que ha tenido lugar muy poco tiempo después de que quedase en evidencia la táctica de provocaciones que lleva a cabo el gobierno colombiano, de la que el caso del general Rubén Darío Alzate es una magnífica muestra. ¿De qué manera, si no como una provocación, se puede entender que este general, comandante de la fuerza especial anti-guerrillera del ejército colombiano (la fuerza Titán), se pasease de incógnito por una zona bajo control guerrillero? A su lógica retención por parte de las FARC-EP sucedió una liberación que ha permitido superar un peligroso bache para las negociaciones, pero que al mismo tiempo permite ver que el gobierno colombiano juega muy sucio, al pretender desacreditar la voluntad negociadora de la guerrilla.

En unas conversaciones tan delicadas como las que se están llevando a cabo en La Habana, es la guerrilla quien está demostrando altura de miras, y no el gobierno.

Un gobierno, por otra parte, que siguen siendo el gobierno de la oligarquía y que sigue sin poner remedio a la grave situación social y económica que vive el pueblo colombiano. A ningún observador honesto se le escapa que las causas que dieron lugar al conflicto social y militar que vive el país siguen muy presentes. Las profundas desigualdades, la propiedad de la tierra y de las riquezas del país en manos de unos pocos y un Estado que ha sido impulsor de la violencia contra su propio pueblo a través del ejército y del apoyo y amparo a los paramilitares, no han desaparecido.

Por otra parte, la experiencia de la Unión Patriótica en los años 80 y 90 sigue presente como enorme lección sobre lo que el Estado colombiano está dispuesto a hacer para terminar no sólo con la insurgencia, sino contra quienes se posicionan políticamente por un cambio general y profundo que permita terminar con las raíces del conflicto de una vez por todas: la paz con justicia social que tantas veces han reiterado la guerrilla y el movimiento popular.

No conviene olvidar que, mientras se desarrollan las negociaciones, en Colombia siguen cometiéndose asesinatos de sindicalistas, de periodistas y de campesinos, y siguen produciéndose persecuciones políticas y judiciales contra militantes y líderes del movimiento obrero y popular, especialmente de Marcha Patriótica. El caso de Húber Ballesteros, actualmente encarcelado, o de Francisco Tolozo, dirigente de MP encarcelado a comienzos de 2014, son algunas muestras concretas de quién obstaculiza el proceso negociador.

Es posible que este anuncio de las FARC-EP ayude a abrir un nuevo período en las conversaciones y que éstas avancen con mayor dinamismo en los próximos meses. Quedan pendientes asuntos de tal importancia como el de las víctimas, y el propio movimiento popular colombiano ha alertado de que el riesgo de fracaso es alto si el gobierno no modifica sus tácticas ni da garantías de una verdadera voluntad de terminar con las constantes agresiones de militares y paramilitares.

Es el colombiano un escenario complejo, cuyo desarrollo esperamos que desemboque en beneficio del pueblo trabajador colombiano.

Á.G.

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