La actual crisis de sobreproducción capitalista coloca en primer plano los antagonismos entre la burguesía -propietaria de los medios de producción con el actual sistema socio-económico- y el proletariado. El aparato ideológico del Estado imperialista español omite por completo esta relación de carácter opresor y la escalada de huelgas y manifestaciones con las que los trabajadores de este país intensifican su lucha contra el yugo del capital monopolista europeo. En este conflicto de base clasista colaboran, en rigor, con la patronal las cúpulas oportunistas de los sindicatos mayoritarios y los políticos socialdemócratas que se afanan por negar infundadamente la misión revolucionaria de la clase obrera y el destacado papel organizador y de vanguardia que adquiere el partido bolchevique en ese tránsito hacia el socialismo-comunismo.
El desmoronamiento cada vez más evidente de la superestructura ideológica burguesa impele a la plutocracia a suprimir parte de los formalismos democrático-burgueses vagamente recogidos por la Constitución de 1978, los cuales enmelaron este código legal que convalidaba en el contexto del mercado europeo al capitalismo español de los últimos años del franquismo y que por ende no servía para nada más que proseguir con el proceso de reacumulación ampliada del capital e imponer un programa político e ideológico al pueblo español que lo apartara del viraje hacia posiciones no subsidiarias para la dictadura del capital, contando a la sazón con una coyuntura internacional, hay que decir, bastante favorable para la agudización de la lucha de clases gracias a la existencia de la extinta Unión Soviética; lo que no significa que la Carta Magna vaya a permanecer inmutable durante mucho tiempo ni que a medida que se agrave la crisis estructural del capitalismo no se nos intente colocar desde arriba otra constitución -incluso con el marbete republicano- que en esencia proteja la propiedad privada de los medios de producción.
En este sentido, para la oligarquía resultó bastante fecunda la última semana de mayo tras las bambalinas del Parlamento burgués. Y, en efecto, en medio de la matraca "ciudadana" con la que pretenden maquillar humanamente al capitalismo en su fase imperialista, se da una guerra atroz entre explotadores y explotados que la Historia y el marxismo han demostrado a ciencia cierta que es imposible de resolver sentando a gente pedigüeña en las poltronas de las instituciones burguesas. La clase dominante comprende el peligro que se cierne para sus intereses. Así, pues, utilizaría todos los medios coercitivos del Estado burgués que fueran menester para atajar el problema en el caso de verse acorralada.
A ese respecto no nos debe sorprender que el Gobierno haya aprobado con la connivencia de la “oposición” la nueva Estrategia de Seguridad Nacional y la Ley de Transparencia. La nueva ESN coloca el derecho a huelga bajo la arbitrariedad de cualquier gobierno de turno. Por otra parte, la LdT abre la puerta a la obligatoriedad para las organizaciones obreras de rendir cuentas ante el enemigo de clase. Santamaría, Vicepresidenta del Gobierno, insolentemente recalcó: “Ya no hay diferencia entre seguridad exterior e interior”. Además, por si esto fuera poco, también aseguró el ministro del Interior que se iba a incluir en el Código Penal algo tan impreciso como el lenguaje que entrañe ira. Pero lo más repugnante es que, mientras se trataba este punto cardinal de la espiral represora, Cayo Lara sólo gorjeara sobre el viaje que realizó Ana Mato a Eurodisney. Esta es la enésima bufonada que nos ofrecen los reformistas.
En resumidas cuentas, el capitalismo convierte las palabras “democracia” y “libertad” en simples fetiches de quita y pon. Sólo el poder obrero podrá dotarlas de un sentido completo.
Karabánov
