A inicios de junio la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), que reúne a las agrupaciones religiosas que gestionaron el Patronato de Protección a la Mujer, realizó un acto para pedir disculpas a las víctimas de dicha institución pública que desde 1941 a 1985, a través de contratos con congregaciones religiosas, para “proteger y educar a las mujeres consideradas en riesgo moral” según decían, buscaban erradicar la prostitución, pero su misión real era el control social a través del adoctrinamiento físico y mental, al considerar a las mujeres en riesgo moral. Las mujeres que estaban en riesgo moral, para el Patronato no eran otras que las que tenían vínculos con la vida política, participaban en manifestaciones, desobedecían, fumaban, mendigaban, o hijas de delincuentes, madres solteras, sin casarse o sin hacerlo por la Iglesia ante la dificultad y señalamiento que implicaba hacerlo por lo civil.. Una institución que además sobrevivió al Franquismo. Durante sus años de existencia recluía principalmente mujeres menores de edad, hacia las cuales se recrudecían las condiciones de violencia, y las que estaban embarazadas sufrían intentos de robo de sus bebés, o robo de ellos, al igual que muchas mujeres solteras o con pocos recursos que daban a luz en hospitales regentados por religiosas para venderlos a familias del régimen, junto con maltrato continuo físico y verbal, electroshock, aislamiento, malas condiciones de alimentación, obligarlas a salir a pedir limosna, duchas frías,...

Las supervivientes del Patronato dejaron claro que ni olvido ni perdón, y convirtieron un acto que la CONFER pretendía de disculpa y limpia de imagen en una protesta feminista y por la memoria histórica. El presidente de CONFER, junto con las superioras del Santísimo Redentor, Adoratrices y las Hermanas Terciarias Capuchinas reconocen su participación y afirman entender el rechazo de las disculpas, pero ¿pueden hermandades religiosas que siguen gestionando a día de hoy parte de los servicios sociales que se dedican especialmente a infancia y mujer ser disculpados de una tarea que siguen asumiendo?

Una disculpa que llega cuando la ley de memoria democrática no reconoce a las mujeres que pasaron por el Patronato como víctimas de la dictadura, cuando lo que vivieron aún se oculta y desconoce, no hay disculpa posible si no se puede desarrollar el relato de las mujeres. No podemos afirmar a qué responde esta novedosa disculpa, pero si sabemos que no es el principio de nada de lo que pretendan, que primero pasará por el reconocimiento de las víctimas, por la posibilidad de construir el relato, pretenden que una vez más las mujeres aceptemos las disculpas después de la violencia para cerrar el tema. Aparte de un trabajo de memoria histórica reconocimiento y reparación, es necesario que esto sirva para dejar claro que las hermandades religiosas no pueden seguir al frente de la gestión de los servicios sociales, ni por supuesto, de la educación. No solo porque esta gestión tenga que ser pública y no estar basada en la caridad, porque no puede dejarse en manos de quién aprovecha las situaciones de exclusión social, o las crea para vender su fe, o, en el caso de la Congregación de Adoratrices que en 2023 recibió 1,5 millones del Ministerio de Igualdad para su obra social de inserción sociolaboral de mujeres y niñas víctimas de trata, mientras las trabajadoras de las redes de violencia y atención a mujeres denuncian una y otra vez la situación insostenible de precariedad e insuficiencia de recursos, la Iglesia sigue llevándose parte de los recursos.

Edurne Batanero