La situación habitacional, de los poblados chabolistas tipo Walili, no es el único de los gérmenes capitalistas que, consecuencia de las políticas y conductas inherentes a la burguesía sufren los miles de jornaleras/os en la huerta de Europa-Almería.

Unida a esta situación de chabolismo tercermundista en una provincia que hoy presume de ser la huerta de Europa, con una facturación anual de más de 3.000 millones de euros tan solo en frutas y hortalizas, se vive, o padece, una situación de extrema explotación laboral. Y decimos que están unidos por que una situación no puede ser separada de otra, dialécticamente son producto de un mismo tronco, el capitalismo y sus lógicas de desarrollo y explotación necesarias para mantener y elevar su tasa de beneficios.

Cuando el Ayuntamiento de Níjar decidió desalojar a las familias que infrahumanamente vivían en el asentamiento chabolista del Walili, yo denuncié que esta situación de sobreexplotación habitacional y laboral era conocida por todos los actores sindicales y políticos que allí aparecieron, ya que esta situación se remonta a los años 80 del siglo XX, cuando comienza a llegar un constante flujo de inmigrantes subsaharianos a las tierras del sueño y milagro agrícola de Almería, la mayoría de estos inmigrantes jornaleros, son hospedados en almacenes, chozas y cutriles sin agua, luz y ninguna condición de habitabilidad y empleados con salarios de miseria. Recuerdo a últimos de los 80 principios de los 90, el trabajo que se llevó a cabo entre los jornaleros, que tuvo su reflejo más palpable en la batalla por los convenios, que se ganaron y su imagen mas expresiva, la concurrencia masiva de jornaleras y jornaleros al 1º de Mayo. Hoy ni lo uno ni lo otro.

Actores sindicales y políticos que en estas décadas que van desde los 80 del siglo XX hasta nuestros días, han ido amoldando su intervención y prácticas para ser ONG humanitaria y/o oficina de gestión de documentos. Esto lo demuestra el que el Convenio del Campo de Almería esté agotado desde el 2015 y más allá de llamamientos cariñosos de CCOO y UGT al empresariado nada se hace por actualizar este.

Este es uno de los impactos que, a la fecha de redacción de este artículo (21 de febrero de 2023) está teniendo la huelga de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en su primera huelga en la historia, que arrancó el pasado 24 de enero.

Más datos. Según los y las trabajadoras en huelga, han secundado la misma un 85% de estos profesionales. Por hacernos una idea más cercana del impacto en lo referente a la realidad laboral del día a día, ahora mismo con esta huelga, las demandas laborales por despido están paralizadas. Solo se están tramitando las relacionadas con derechos fundamentales o las relacionadas con medidas cautelares, por estar cubiertas por los servicios mínimos 1. Estas últimas pueden ser un 1% aproximadamente del volumen total de demandas en un juzgado de lo social. El retraso en los trámites, de la casi totalidad de procedimientos en este ámbito, está servido.

Tres preguntas para arrojar un poco de luz. ¿Quiénes son? ¿Cuál es la disputa y con quién? ¿Cuál es la situación actual de la negociación?

Los y las LAJ, también llamados secretarios judiciales, cumplen la tarea de dirigir la Oficina Judicial, deben ser impulsores y ordenadores del proceso y deben ser titulares de la fe pública judicial. En otras palabras, son como un director de orquesta en su juzgado.

Desde el pasado mes de noviembre, parte de la plantilla de la empresa “Panificadora Butrón” de Chiclana de la Frontera (Cádiz) lleva realizando una huelga indefinida ante la insostenible situación que el abuso patronal provoca, el cual es un paradigma de lo que es la explotación capitalista.

Esta empresa modélica (entiéndase en el sentido de que representa el lado más salvaje de lo que es el sistema capitalista) pone en juego todo el arsenal de medios de explotación del que se vale la patronal para exprimir al máximo a los trabajadores y trabajadoras: desde no abonar jamás las pagas extras de navidad y julio; de que los sueldos no llegan ni a lo que estipula el convenio y que, además, los abonan con retraso; que no pagan, ni cotizan (¡claro está!), las horas extras; que no respeta los días de vacaciones y descanso, obligando a trabajar sábados, domingos y festivos sin ningún tipo de contraprestación por ello; que las jornadas laborales superan, con diferencia, la jornada estipulada en convenio; que no permiten disponer a la plantilla de ningún día de asuntos propios; que haciendo un uso perverso del concepto de representación de los trabajadores, colocan a familiares de los dueños/as como interlocutores con la plantilla (¿a algún/a lector/a le suena esto?); que la empresa reprime impunemente a quien osa protestar o, simplemente, reclamar lo que es suyo, llegando al despido de quien resulta molesto a los intereses del patrono, llegando a perseguir el derecho a organizarse sindicalmente, etc. En fin, que lo que practica esta empresa es el vademécum de todo buen patrono.

El “pacto social” consiste básicamente en un acuerdo entre distintas fuerzas sociales -representadas por los sindicatos y las organizaciones patronales respectivamente- con el consenso o mediación y correspondiente visto bueno del gobierno, con el objetivo de estabilizar la economía capitalista a corto y medio plazo, tratando de cohonestar los intereses de la clase obrera con los intereses de la patronal, como si tal cosa fuese en realidad posible.

Este “pacto social” nos es vendido por parte de sindicatos y partidos políticos reformistas, revisionistas y oportunistas de todo pelaje, como la única vía que tiene el proletariado, o por lo menos la mejor, para situar sus reivindicaciones ya sean salariales, sociales, etc., limitando el escenario de lucha al meramente institucional, traspasando el poder decisorio de las asambleas de trabajadores y trabajadoras a las mesas de negociación donde los acuerdos se toman de espaldas a ellas y donde continuamente se producen recortes y pérdidas de derechos para miles de trabajadores y trabajadoras.

Pero si escarbamos un poco en ese “idílico pacto social”, nos encontramos que de los sindicatos, solo están legitimados frente a la patronal, aquellos, mal  llamados mayoritarios, CCOO y UGT, que se arrogan la facultad de representar al conjunto de la clase obrera.

En los últimos meses hemos visto cómo se han ido firmados convenios con aumentos salariales por debajo del IPC.

Partiendo, como se ha puesto de manifiesto en este órgano más de una vez, que el mismo IPC es ya una tomadura de pelo a la clase obrera; podemos analizar lo que han supuesto esos aumentos salariales que ni siquiera han alcanzado la subida “oficial” del IPC.

Con este marco legal, el de los convenios colectivos, la clase obrera ha perdido capacidad económica, por ende, peores condiciones de vida, mayor endeudamiento, más embargos, etc.

Lo que se ha puesto de manifiesto muchas veces: estar en riesgo de exclusión social aun cuando se tiene un trabajo “fijo” (con las condiciones del gobierno pijo progre, claro).

A estas alturas los convenios colectivos no garantizan que un trabajador/a, pueda cubrir sus necesidades básicas. Obviamente hay diferencias en función de cada Comunidad autónoma o incluso de cada ciudad.

La diferencia que hay entre los 15 municipios más baratos para vivir de los más caros, tropieza con la realidad de que algunos de ellos se encuentran en provincias donde se encuentran municipios mucho más caros. Y a todos ellos se les aplica el mismo convenio provincial.

El pasado 21 de diciembre tuvo lugar la primera huelga de inspectores e inspectoras de trabajo en la historia del Estado español. Así, como titular, suena llamativo, pero ¿qué se esconde tras este conflicto?

Más allá del éxito de la convocatoria y de la respuesta de las más de 3.000 personas que hoy en día componen el servicio de la inspección de trabajo en todo el Estado (unos 1.015 inspectores/as, 990 subinspectores/as, 1.052 trabajadores y trabajadoras administrativas según datos del Informe Anual de Inspección de Trabajo), como clase trabajadora debemos leer entre líneas cómo se está desarrollando este conflicto para sacar algunas conclusiones de utilidad.

Empecemos con la noticia que nos llega de los medios de comunicación de la burguesía: Los inspectores de Trabajo convocan tres días de huelga por las “promesas incumplidas” del Gobierno 1. Se han convocado paros los días 21 de diciembre, 25 de enero y 22 de febrero. Tiene lugar por el incumplimiento de un acuerdo firmado el 7 de Julio de 2021 entre el colectivo de trabajadores y trabajadoras del servicio de inspección y los ministerios de Trabajo y de Hacienda, con Yolanda Díaz y María Jesús Montero a la cabeza, respectivamente, para implantar un necesario refuerzo en cuanto a personal y medios para este servicio.

Tras ese acuerdo, se aprobó ese mismo año un plan estratégico de la inspección de trabajo que se publicó el 3 de diciembre en el BOE 2. El eje tercero de ese Plan describe ese refuerzo diciendo: “El Eje 3 persigue el robustecimiento y modernización de todos los elementos del sistema de Inspección, en aras de la calidad del servicio público prestado.

Hasta diciembre del año 2010, los funcionarios tenían un régimen especial de jubilación llamado CLASES PASIVAS, en el que se regula su jubilación.  A partir del 1 de enero de 2011, el personal que accede a la condición de funcionario lo hace en el Régimen General de la Seguridad Social.  Pero todavía quedan muchos funcionarios que se rigen por las Clases Pasivas, y este sistema tiene, como casi todo en esta vida, su parte positiva y su parte negativa.

La jubilación de los empleados públicos no es a los 67 como en la Seguridad Social, la ordinaria es a los 65 años, pudiendo retrasarse hasta los 70 de forma voluntaria, pero también existe la posibilidad de jubilarse anticipadamente a los 60 años siempre que se tengan 30 años de servicio en la Administración y esa es la parte positiva, te puedes jubilar a los 60 años con el 100% de lo que te corresponda si tienes 35 años trabajados.

Pero también tiene una gran desventaja: La pensión no se calcula por las retribuciones reales sino por un haber regulador, es decir, unas cantidades que aprueba el Gobierno según el grupo de titulación. Para los C2 la pensión resultante sería de 1.642,57 euros brutos, mientras que la de un funcionario del grupo A la pensión sería de 3.434,37 brutos. En este caso la persona del C2 perdería relativamente poco con lo que gana mensualmente, dependiendo de productividades y demás complementos, pero los del grupo A, pueden llegar a perder mucho dinero ya que vienen ganando bastante más.

En la Administración, como en todo el mundo laboral, quien más cobra suele tener menos penosidad y menos ganas de dejar de trabajar. Por ese motivo, los funcionarios de los Grupos Altos (A1 y A2) no suelen pedir la jubilación voluntaria a los 60 años, al contrario,  piden el renganche hasta los 70 años, de esta manera siguen cobrando sus importantes emolumentos además de un suculento incremento retributivo pactado con los sindicatos por su "esfuerzo".

…Y revisen sus peticiones, con una perspectiva más realista de la situación económica actual y coherente con los convenios que se están firmando en nuestro entorno.”

Así termina el comunicado1 que el pasado 14 de diciembre sacaba la FVEM (Federación Vizcaína de Empresas del Metal) para acusar a los sindicatos por estar “bloqueando la negociación del convenio”. Como siempre la patronal pidiendo responsabilidad para que como siempre (o casi siempre) los sindicatos se traguen ese anzuelo.

La lucha por un convenio digno para el sector del Metal de Bizkaia, que afecta a cerca de 56.000 trabajadores y trabajadoras, sigue con las espadas en todo lo alto tras la última tanda de huelgas a finales de noviembre de 2022. Los sindicatos llegan divididos. Por un lado, CCOO, UGT, LAB plantean retomar las protestas y un calendario de huelgas. ELA por otro pide desde ya una huelga indefinida.

La de Bizkaia está siendo una de las tantas luchas del sector del metal que hemos vivido en este 2022 por la mejora del convenio provincial. A finales de 2021 asistimos a la lucha intensa del sector del metal de Cádiz, donde los trabajadores y trabajadoras dieron ejemplo de organización y lucha, y pudieron extender las movilizaciones más allá de su sector. Esta lucha, también hay que decirlo, fue duramente reprimida por la policía, que siguiendo instrucciones de las formaciones políticas al servicio de la burguesía, llegó a sacar a la calle una tanqueta que vimos por las calles de Puerto Real. La misma policía, con las mismas instrucciones, que terminó deteniendo a varios trabajadores a los pocos días de la finalización de estas movilizaciones. En Junio de 2022 se desarrolló la lucha del metal de Cantabria y también durante este 2022 tuvimos conflicto y negociaciones en Barcelona, Madrid, y otras provincias. En todas ellas, la subida de salarios conforme al IPC fue una de las reivindicaciones comunes.

Según la prensa burguesa, las subidas salariales acordadas en la firma del convenio fueron las siguientes:

Los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO siguen tendiendo la mano a la patronal en la búsqueda de un acuerdo para la subida del SMI. Unas centrales sindicales sin ninguna ambición de movilización y lucha obrera desde hace 40 años que solo buscan pactar cuatro migajas engañando al conjunto de la clase obrera y que no surjan explosiones de lucha en la calle. En una nueva vuelta de tuerca más para el empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, estos sindicatos - en los marcos de negociación del salario mínimo y en vistas a alcanzar un acuerdo en el V Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva (AENC) – plantean a la patronal que dicha subida se produzca en una forma de “salario diferido”, es decir, que ésta se traduzca en complemento para los planes de pensiones de empleo (PPE), planes que abren la puerta a la privatización del sistema público de pensiones. Esto supone que entidades gestoras (como bancos, sociedades, fundaciones, también sindicatos) gestionen el dinero de la clase obrera directamente a su parecer. Vendido como fondos intocables para el futuro trabajador o trabajadora pensionista, lo que supone en la práctica es que bancos, fondos de inversiones, etc de los que son partícipes en sociedades o fundaciones, dispongan de un nuevo fondo dinerario cuantioso.

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