La actual situación del sistema capitalista, herido de muerte por una crisis estructural irresoluble, coloca a la clase obrera y a los sectores populares en un escenario que, de seguir evolucionando en el mismo sentido que lo hace hasta ahora, la miseria y la devastación, tanto en vidas humanas como de medios materiales, están aseguradas.

Por un lado, el sistema capitalista se lanza contra todo lo que le pueda suponer beneficio para frenar la caída tendencial de su tasa de ganancia, atacando directamente el precio de la fuerza de trabajo que día a día la clase obrera se ve obligada a venderle, bajándolo a niveles que, en la mayoría de los casos, no cubre ni siquiera el coste de la vida. Ataca los derechos adquiridos por los trabajadores y trabajadoras en cruentas luchas: las pensiones, derechos laborales y sindicales… En resumen, todo aquello que es susceptible de ser arrancado a la clase que todo lo produce, el proletariado.

Por otro, este capitalismo senil y violento, se lanza a una aventura guerrerista de consecuencias imprevisibles que, de no ponérsele freno, puede terminar acabando con la propia vida en el planeta. Ataca a todo el ecosistema con su voraz ansia de exprimir hasta el agotamiento todos los recursos naturales, eso sin hablar del despilfarro irresponsable del que hace gala sobre tales recursos, sin importarle un ápice que los mismos sean finitos.

Así pues, encontrándonos en la perentoria necesidad de frenar esa locura, dirigimos nuestras miradas hacia el único sujeto social que puede hacerlo, la clase obrera. Y se nos preguntará el por qué de tal afirmación.

La clase obrera, por el lugar que ocupa en el sistema de producción, es la clase que lo produce todo. Desde un alfiler hasta una locomotora. Todo el proceso productivo necesita ineludiblemente su participación. Y precisamente, esta cualidad suya hace que esté en su mano hacer frente a los intereses del capital.

A finales del año 2021 la Patronal, CCOO, UGT ratificaban la Reforma Laboral del Gobierno Progresista de la mano de la Ministra de Trabajo Yolanda Diaz. Durante la campaña electoral nos vendieron que iban a derogar la reforma de PP del año 2012. Con esa firma daban por finiquitada las duras luchas laborales de los años 2010 y 2012, que nos llevaron a las últimas huelgas generales convocadas en este país. Pero lo cierto, por desgracia para la clase obrera, es que fueron huelgas generales convocadas sin ganas, sin preparación, sin asambleas en las empresas ni plan de continuidad. Convocaron huelga porque no quedaba más remedio pero no echaron la carne en el asador, estaban esperando un acuerdo, la legitimación social como interlocutores y eso se lo dio el Gobierno Progresista y la falsa derogación.

Las reformas laborales del PSOE y del PP en el 2010 y 2012 redujeron la indemnización por despido de 45 a 33 días con un máximo de 24 mensualidades en lugar de las 42 que habían. Desaparecieron los salarios de tramitación, facilitaba la modificación de las condiciones laborales y flexibilizaba la movilidad. Permitía el descuelgue salarial y la inaplicación de materias del convenio…..Todo esto no se tocó en la llamada derogación de la Reforma Laboral, y todo ello fue firmado por el Gobierno, UGT, CCOO y la Patronal, asumiendo desde ese momento el texto como suyo.

Pero el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa en el año 2022 estableció ante reclamaciones de los sindicatos Franceses, Italianos y Finlandeses, que las indemnizaciones por despido tenían que ser disuasorias para las empresas al tiempo que deben proteger a los trabajadores despedidos.

Cuando UGT comprobó lo que decían en Europa no tardó en reclamar lo que acababa de firmar a bombo y platillo con el Gobierno en Diciembre del 2021, dejando en manos de Europa lo que deberíamos haber conseguido si de verdad se hubieran derogado las reformas. Viendo lo que se les venía encima, CCOO también reclamó en Europa, sumándose a su colega de recortes laborales.

El 1º de Mayo, sin duda es, y debe ser, una fecha clave, central para el conjunto de la clase obrera, pues por mucho que se quiera edulcorar y vaciar de contenido esta fecha, los ecos de las luchas pasadas todavía resuenan cuando se sale a la calle en este día.

Como todo en la vida de la clase obrera, ésta se basa en la lucha constante -y en no pocas ocasiones intestina- para arrancar derechos a un sistema capitalista inhumano que pasa por encima de la vida de las personas. Todo para que la burguesía pueda seguir manteniendo sus privilegios y ganancias. El origen pues del primero de mayo fueron las luchas de los obreros y obreras de Chicago en 1886, donde éstos reivindicaban la jornada de 8 horas en tiempos en los que la burguesía disponía de barra libre de explotación para extraer el máximo beneficio de cada obrero y obrera. La fuerte lucha y sangrienta represión quedaron impresas en la piel de la clase obrera internacional, que acabaría fijando el 1 de mayo como el día internacional de la clase obrera.

Toda una serie de acontecimientos han contribuido sobremanera al edulcoramiento de un día reivindicativo tan importante. La pérdida del polo de referencia de la clase obrera mundial que fue la URSS y demás países socialistas (valiosa experiencia para la clase obrera internacional). La institucionalización e instrumentalización de las grandes centrales sindicales, que en décadas de Pacto Social apagafuegos y conversión en sindicalismo de servicios no ha hecho sino alejar a la clase obrera de su primera base organizativa. El propio sistema capitalista, la burguesía también aprovecha toda su maquinaria propagandística para descafeinar y vaciar de contenido esta fecha (como con otras fechas reivindicativas) llamándolo “día del trabajo”, por poner un ejemplo. La socialdemocracia (en sus nuevas y viejas formas) ha convertido un día de reivindicación obrera y popular en un mero día “folklorista” en el que por inercia se sale a la calle de procesión; manejar un día como el 1 de mayo de esta manera en la práctica evita la elevación de conciencia de las masas obreras y permite canalizar el posible descontento a las sendas institucionalistas para gozo de una burguesía cada vez más impune.

El Primero de Mayo ha de ser una fecha para recordar, reivindicar, denunciar y solidarizarse. Recordar el origen y todas las potentes luchas en las que la clase obrera ha marchado hacia delante -pagando siempre con sangre- para decir basta a una burguesía que tiene todo un sistema propio montado para ganar siempre y para la que jamás es suficiente. Reivindicar nuestros derechos cada día más cercenados por una patronal envalentonada en ausencia de oposición, por eso hay que reivindicar más fuerte que nunca la unidad de la clase obrera, para golpear como puño y resistir la ofensiva reaccionaria de la burguesía. Denunciar la miseria a la que nos están llevando y denunciar bien alto el camino que están construyendo hacia la guerra total, los muertos, como en la primera gran guerra imperialista de 1914, los pone siempre la clase obrera. Solidaridad con las luchas obreras que actualmente se están sucediendo tanto aquí como en el resto del mundo. 

Según la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el acoso laboral o mobbing es toda aquella acción verbal o psicológica puesta en práctica sistemática y persistentemente para humillar, ofender o amedrentar a una persona en el entorno laboral.

El acoso laboral, también conocido por el anglicismo mobbing, hace referencia tanto a la acción de un hostigador u hostigadores conducente a producir miedo, terror, desprecio o desánimo en el trabajador afectado hacia su trabajo, ​como el efecto o la enfermedad que produce en el trabajador.

Aunque en algunas de sus versiones puede darse en cualquier región y sistema, lo cierto es que el acoso laboral en su sentido amplio es propio del sistema capitalista en su fase de crisis final, y que se acrecienta con la caída de la tasa de ganancias. Al final el capital sólo piensa en dinero, el acoso no denunciado acaba en bajas voluntarias con el consiguiente ahorro de la indemnización por despido. A medida que la crisis del capital aumenta, aumentan los casos de acoso, la obtención de plusvalía de cualquier forma es el fin del capital.

El primer escollo es que los jueces estimen el acoso. Sólo el 21,5 % de las sentencias son estimadas por los jueces. De estas, el 68% acaban en la jurisdicción social, el 14 % en la administrativa y el 18 % llegan hasta la vía penal.

En el 90 % de los casos judicializados el acoso es moral con escasa presencia a nivel sexual (un 2,11 %).

En la posición de acosado salta un dato cuando menos curioso, hay paridad entre hombres y mujeres, con una pequeña diferencia a favor (bendito favor) de los hombres, un 51,8 % frente a un 48,8 %.

Estamos ante un fenómeno emergente, no porque no haya existido siempre, sino porque ahora se empieza a visibilizar. Todos tenemos en mente, al oficinista a quien se le pregunta a las 20:00h por qué se va ya… a medio camino entre la broma y la crítica, pero el acoso también existe en otros empleos más rudos.

El jornalero a quien acosa el capataz de turno, acusándole de bajo rendimiento. El albañil a quien se insulta de forma solapada, al camionero que por exigir su derecho a descanso se le tilda de “mariconada”.

El acoso reviste muchas formas, la más frecuente es la conocida como bossing o acoso vertical descendente, en el que un jefe o el dueño de una PYME, usa su posición de superioridad para realizar el acoso. No suelen ser personas débiles las que sufren el acoso, dado que estas suelen claudicar mucho antes.

En la dictadura del capital, en este periodo, bajo envoltura de democracia formal, son multifásicas formas y son diferentes estructuras orgánicas las que la burguesía domina y maneja con el objetivo de mantener alineada, dominada, o represaliada a la mayoría de la clase obrera.

La herramienta de dominación de clase en los últimos tiempos ha ido siendo modulada, perfeccionada, para que su apariencia sea percibida por el pueblo, como un estado de libertad.

Casi ninguno de nosotros nos cuestionamos determinadas y complejas actividades y funciones que se llevan a cabo en el seno del movimiento obrero.

Paremos a analizar el papel de los convenios colectivos, herramienta que en su día supuso una victoria de la clase obrera ante la patronal privada y pública. 

Como decíamos el capital, la burguesía, ha ido perfeccionado sus capacidades de intervención y dominación. Para lo que ha necesitado la compra o el chantaje de miles de miembros de la clase obrera. Y es aquí donde aparece la dominación de clase sobre las genuinas organizaciones de clase, que hoy prestan su servicio al PATRON. Este abordaje no es producto de un decreto o ley, ni siquiera de una compra o chantaje personalizado de los miembros más débiles o corruptibles del proletariado, añadido a esta acción o acciones, se ha ido vertebrando toda una estructura de poder político que hoy, es insalvable sin la derrota de las posiciones claudicantes y/o calamitosas en el seno de la clase obrera.

Un manifiesto ejemplo, es el que hace referencia a los mencionados convenios colectivos. Debemos situar la pregunta, ¿quiénes los negocian? La respuesta es sencilla, las dos organizaciones sindicales que mantienen la mayoría de representación en los comités de empresas, esta cifra es del 10 % a nivel de estado y como ya imaginamos estos son CC.OO.-UGT, si un sindicato de nación o CC.AA. rivalizara en este derecho de representación, tendría que contar con más del 15 % de representación, aplicación de leyes que imposibilitan que nadie pueda desbancar a estos dos de sus privilegios.

Lejanos parecen los años en los que las trabajadoras y trabajadores organizados en una central sindical fuerte, como lo fuesen en su día las Comisiones Obreras, hacían frente a los abusos patronales y políticas antiobreras del Gobierno para intentar evitar, de alguna manera, la pérdida de derechos laborales y sociales que se avecinaban, punto álgido en los años 70-80. La progresiva putrefacción de las direcciones de las grandes centrales sindicales, que, ofreciendo una apariencia de lucha, por detrás compadreaban con la dirección patronal, se plasma en la realidad como el bombero que apaga la llamarada intensa de un fuego a veces descontrolado. El abandono progresivo de las decisorias y participativas asambleas de trabajadores por un sindicalismo delegado y gestionado, en el cual el papel del comité de empresa se reduce a un mero instrumento de institucionalidad, aleja todavía más a las plantillas de los centros de trabajo de una conciencia de clase propia cada vez más contaminada por la ideología dominante.

La consolidación de un modelo sindical de servicios y gestionado ha supuesto en la práctica una victoria más del sistema frente a la clase obrera. Unas grandes centrales sindicales que actúan apagando el más mínimo atisbo de protesta laboral supuso una gran atomización de la organización del movimiento obrero en todo el Estado. Supondrá un gran retroceso en el que muchos sectores más o menos combativos, pero descontentos con esta situación, abandonarán estas organizaciones para acabar organizándose (ya no en otra organización sindical “alternativa” diferente) por sectores o empresas, en definitiva, la atomización y la reaparición del corporativismo sindical.

El corporativismo sindical reduce todas las expectativas única y exclusivamente al ámbito del centro de trabajo, alejando las posiciones más avanzadas de la clase obrera tanto por la mejora de sus condiciones económicas y materiales, como para la necesaria transformación de la sociedad y de sus bases capitalistas, que ofrece la organización bajo un sindicalismo de clase sociopolítico. Estos sindicatos acaban cayendo en la desideologización absoluta e incluso en el personalismo de quien o quienes formaron este sindicato independiente, quedando tras las paredes del centro de trabajo, y se acaba cayendo en la institucionalidad del comité de empresa en detrimento de la actividad directa con las compañeras y compañeros y organizados como clase.

El pasado día 9 de abril, se presentó en el Parlamento del estado burgués español, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que se pretende regularizar la situación de mas de 500.000 obreros y obreras que son sobreexplotados sin contrato ni protección laboral de ningún tipo, explotados principalmente por la burguesía agrícola patria, si, esa que hace pocos días cortaba carreteras y sitiaba plazas. Estas iniciativas, plausibles, como no, tienen el germen y están preñadas de un humanismo ramplón, que aun cree que, en los márgenes del sistema capitalista, dictadura del capital, esta situación de sobreexplotación, en muchos casos de esclavitud, la resolverán quienes gestionan desde los gobiernos de turno los intereses del capital o desde el parlamentarismo burgués.

Desde hace décadas, venimos denunciando que la burguesía industrial y agrícola somete a millones de obreros a contrataciones fraudulentas en el mejor de los casos y esclavistas en multitud de ocasiones. Para llevar a cabo estas prácticas, a la patronal le es necesario que estén en situación de precariedad y miseria, lo que les obliga a vender su fuerza de trabajo por un puñado miserable de euros. Una burguesía, más concretamente la agrícola, que mayoritariamente vota a los partidos más reaccionarios, ejemplo VOX, que acusa al inmigrante de todos los males patrios, al tiempo que esclavizan a cientos de miles de estos en sus fincas.

Aplaudimos que se haya presentado esta ILP, no por considerar que con ella se resolverá esta situación de marginalidad laboral y social que padece la clase obrera inmigrantes y nativa. La saludamos porque con esta iniciativa, se ha visualizado una situación que debería remover la conciencia de la clase obrera y capas populares en general.

 

A finales del mes de febrero tuvo lugar un incendio en Valencia que dejó 10 muertos, pero podría haber provocado bastantes más debido a la virulencia y rapidez con la que el fuego se propagó. Desconocemos los motivos de tan rápida expansión, lo que si conocemos, porque la prensa se ha encargado de difundir, es la actitud valiente y heroica de Julián, uno de los porteros de los bloques afectados.

Si no fuese por lo terrible del hecho y las diez personas que perdieron la vida en el incendio, daría para algún que otro chiste este país de pandereta, donde se ha primado la precariedad laboral para mayor gloria de las empresas privadas.Ahora van todos, desde Feijoo (que es jefe de la oposición porque no quiso ser bombero) al presidente de la Generalitat, pasando por la alcaldesa de Valencia a hacerse fotos con un conserje que hasta hace poco cobraba como limpiador.

Y es que nuestros héroes o no tienen trabajo o están subcontratados y no les da ni para llevar los calzoncillos por fuera de las mallas.Bastante tienen con poder llegar a fin de mes. El caso de Julián no es distinto. Llevaba desde el año 2009 prestando servicio en los bloques del complejo de Campanar, con más de 450 vecinos.Hay pueblos con menos habitantes. 

La subcontratación, o outsourcing, es una práctica en la que una compañía contrata a otra empresa externa o de trabajo temporal para realizar ciertas tareas o proporcionar servicios que tradicionalmente se realizan dentro de la propia empresa. Este proceso se utiliza comúnmente para reducir costes. En este caso, la Comunidad de Campanar, con 450 Propietarios, en lugar de tener en plantilla al personal propio de limpieza, mantenimiento y conserjería, decidió subcontratar estos servicios (recordemos que a Julián su empresa lo tenía como limpiador para ahorrar coste).

Sabemos que organizar y movilizar a la clase trabajadora y a los sectores populares de nuestra tierra nunca es tarea fácil. Si además hay que hacerlo en un municipio pequeño, de unos 25.000 habitantes donde gobierna el alcalde más votado de todo el estado español1 , entonces la cosa se complica.

Hablamos de Gáldar, municipio del noroeste de la isla de Gran Canaria cuyo ayuntamiento dio a conocer a finales de 2023 la intención de privatizar la gestión de la residencia de mayores del municipio. La plantilla y parte de los familiares y vecinos afectados se oponen a una privatización que el ayuntamiento justifica como un modelo nuevo de gestión que evitaría la problemática que actualmente generan las bajas del personal. Además de usar un argumento falso que criminaliza a la plantilla, se olvida el grupo de gobierno que las trabajadoras (la mayoría son mujeres) han presentado propuestas concretas de mejora en la gestión de las bajas que el ayuntamiento rápidamente ha descartado2.

La treintena de trabajadoras que cuida alrededor de 48 personas, conocedora del empeoramiento de sus condiciones laborales y de la calidad asistencial que significaría la llegada de una empresa privada, como gestora de la residencia “Genoveva Pérez”, se ha puesto manos a la obra y está organizando una gran manifestación, el sábado 9 de marzo, para detener este atropello.

uyl_logo40a.png