El Fruto del progreso nació

El tiempo de los sueños pasó.

Ciudades hechas de hormigón.

Autopista como distracción.

*Autopista (Obús).

Tras aquellos años idílicos de una falsa Transición, surgen en los barrios obreros de los pueblos de España una serie de grupos musicales con una nueva cultura industrial que rompen con aquellos espejismos que algunos nos pretendían vender con sus Pactos de la Moncloa. Sus canciones nos hablaban de la realidad social del momento como el paro, o los problemas de acceso a la cultura y educación de los trabajadores. Es el momento de Barón Rojo, Medina Azahara, Asfalto, Leño... Entre estos destacaban unos jóvenes de los distritos de Pacífico y Puente Vallecas en Madrid. Eran los Obús, que denunciaban los cambios urbanos que se estaban dando en torno a las periferias de las ciudades industriales con la llegada de las autopistas y otros supuestos cambios del progreso capitalista.

Hoy en día nos enfrentamos a muchos nuevos vocablos que provienen de diferentes movimientos de masas o ambientes puramente intelectuales sin contacto con las organizaciones de masas. Me estoy refiriendo a justicia ambiental, justicia climática, racismo ambiental o “reparación ecológica”. Sin despreciar al pueblo estadounidense, ni menospreciar a los que luchan allí, he de aclarar que estos conceptos vienen o se originan en los EE.UU., siendo, en ocasiones, muy ajenos a nuestra realidad. Intelectuales como Naomi Klein se encargan de dar difusión a estas categorías.

El término de justicia ambiental es el primero de todos estos y surge a la par el de racismo ambiental. Estos dos se originaron en un conflicto que surgió en 1980 en Carolina del Norte (EEUU) en contra de la localización de un vertedero. Por tratar de emplazar el vertedero en una zona principalmente poblada por población negra, con bajos ingresos, se le tachó de racista. El concepto de justicia ambiental, por tanto, surge como una reivindicación de derechos por actividades contaminantes, evidenciado que en las comunidades de bajos ingresos había un desproporcionado riesgo ambiental y salud. Este concepto fue evolucionando e incorporando elementos relativos al trabajo, uso de la tierra, transporte, vivienda y distribución de recursos, trasgrediendo su componente racial. Este concepto se fue arraigando internacionalmente y Bill Clinton en 1994 integra el concepto en la legislación estadounidense.

El 26 de Diciembre pasado, un poco antes de los inocentes y después de muchos años, las centrales sindicales junto a la Patronal y el Gobierno firmaron un acuerdo se subida del SMI para el año 2018 del 4% y para el 2019 y 2020 del 5 % y 10% respectivamente; pero condicionado a que la economía crezca por encima del 2,5% y que se creen 450.000 empleos al año.

El salario mínimo en España surge en 1967 afectando a todos los trabajadores y trabajadoras. Con anterioridad existía un salario mínimo distinto dependiendo del ámbito geográfico y del sector de producción. En 1994, tras la huelga de Enero de ese mismo año,una nueva reforma laboral del gobierno socialista de Felipe González crea los contratos de aprendizaje para menores de 25 años que permitieron pagar por debajo de este salario mínimo. Estos estuvieron vigentes hasta 1997, una medida que favorecía otra vez a los empresarios para que nos pagasen un 70% del SMI el primer año, un 80% el segundo y un 90% el tercero. Al cuarto no llegábamos, nos despedían.

Basta observar la indiferencia, cuando no la hostilidad, que en general se manifiesta respecto al drama migrante para preguntarnos sobre la rapidez con la que hemos olvidado que fuimos y somos un país de emigrantes. Que fuimos y estamos explotados vilmente por el capital. Conviene recordarlo. Aunque sólo sea para refrescar memorias y despabilar conciencias abusivamente adormecidas.

Sin pretender ser exhaustivos en la materia ni adentrarnos demasiado en el túnel del tiempo para buscar antiguos precedentes, podríamos considerar, grosso modo, que fue unas décadas anteriores al golpe de Estado fascista, en 1936, cuando se produjo una emigración masiva de trabajadores/as españoles/as a Argentina y a otros países de América Latina, por aquel entonces El Dorado de los parias de la Tierra española. Allí, a aquel continente desconocido y lejano, emigraron en largas y peligrosas travesías a través del Atlántico (alta mortalidad durante el trayecto marítimo) millones de vascos/as, canarios/as y gallegos/as en pos de una vida mejor.

Un 47’5% (2.079.340 votos) del electorado catalán, en unas elecciones con una participación histórica del 79,09%, han manifestado que no quieren ser españoles. Un 43’45% (1.902.061 votos) han manifestado que apoyan una España unida en forma de monarquía Parlamentaria. Por último, un 7’46% (326.360 votos) han votado por un proyecto republicano español basado en el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de Catalunya.

Si seguimos con los porcentajes, un 54’96% de los votantes se manifiestan republicanos y están a favor de la autodeterminación de Catalunya. En las elecciones del 2015 los votantes a favor de la independencia catalana fueron un 47,8% (1.966.508 votos).

El año 2010, hace menos de 8 años, el voto independentista, es decir, de personas que no querían ser explícitamente españolas, fue de un 11,56% (361.928 votos).

Ante este escenario el Reino de España es incapaz de dar una respuesta que por lo menos empuje el balón unas cuantas décadas, y que sostenga el proyecto de acumulación de riqueza de la oligarquía española una generación más. El gobierno del Partido Popular, que en Catalunya ha sido relegado a la última posición (algo que es también una fuerte anomalía política), solo ha sabido abordar esta nueva situación social con una respuesta que en Catalunya no hace más que aumentar la voluntad independentista de amplios sectores sociales. Por un lado, el trato discursivo, tanto político como mediático es dirigirse a los independentistas como “anormales”, “nazis”, “totalitarios”, “infantiles” o simplemente como una propiedad de todos los españoles. Por otro lado, la respuesta represiva basada en encarcelamientos, denuncias, grupos fascistas campando a sus anchas por semanas y la liquidación de la autonomía financiera y política; sólo provocan la reafirmación y el ensanchamiento de la voluntad separadora de España.

Imponerle a la humanidad el “sentido común” de esa inmensa minoría que es la burguesía, es un sinsentido descomunal que reina a sus anchas en un mundo donde: “La súper concentración de riqueza, imparable. Indica que la desigualdad social es una traba para eliminar la pobreza en el mundo. Tiene 1% de la población más recursos que todo el resto” [1]. Todo “Patas Arriba” decía Galeano. Al margen de cierto desprecio “popperiano” por el “sentido común” y lejos de algunas disquisiciones cientificistas, entiéndase aquí el “sentido común” como ese principio de cordura que una comunidad fija para delimitar conductas y y hacer valer acuerdos de convivencia. Especie de “leyes” sociales no escritas, sabiduría basada en el ensayo y el error y en cierto carácter conjetural del conocimiento venido de la experiencia común.  

Dicho con obviedades a destajo: en un mundo apremiado por el hambre, la pobreza, el desempleo, la exclusión y la humillación debiera ser inaceptable la explotación inhumana de los trabajadores y la producción de bienes suntuarios. Y, sin embargo, la moral burguesa lo acepta, y exhibe, con naturalidad irritante y con desparpajo insultante. En un mundo aterrorizado por la barbarie del belicismo mercantil, bañado con sangre de inocentes y ahogado en lágrimas de amarguras incalculables… no debería aceptarse forma alguna de colonialismo, esclavitud ni explotación por más felices que se sientan sus beneficiaros. En un mundo amenazado en todas sus formas de vida, agobiado por la contaminación de mares, ríos y lagos; depredado en sus bosques y llanuras, sacrificado con herbicidas, insecticidas y plásticos… debiera ser inaceptable el cinismo mercantil de las empresas que han puesto al planeta, su flora, su fauna y su recursos naturales, al borde de colapsos múltiples. “Sentido común”.

Los pensionistas, defendemos el sistema público de pensiones, con cuantías que permitan vivir con dignidad a las familias pensionistas y que están sean sostenidas por las cotizaciones y por impuestos a los grandes beneficios que obtiene la gran patronal.

En el 2017 se calcula que volverán a reducirse en 235 euros de media y, por lo que se refiere a la previsible evolución futura si nada lo remedia, pasarán a ser del actual 80% del último salario a tan sólo el 50% del mismo.

Los resultados de las sucesivas contrarreformas avaladas por el marco de Toledo, con el PP y el PSOE como impulsores y CCOO y UGT firmando algunas de ellas, están llevando a una panorama actual y futuro de las pensiones desolador: además del poder adquisitivo perdido este año, en el 2017 se calcula que volverán a reducirse en 235 euros de media y, por lo que se refiere a la previsible evolución futura si nada lo remedia,  pasarán a ser del actual 80% del último salario a tan sólo el 50% del mismo en las próximas décadas.

El remedio parece claro, sin embargo: pensiones a cargo de los presupuestos generales del Estado, crecimiento de los ingresos mediante imposición directa y progresiva y eliminación de las bonificaciones a las patronales, aumento de la cuantía para garantizar una pensión digna y suficiente (lo dice hasta la últimamente tan traída constitución monárquica!), jubilación al 100% a los 60 para facilitar la creación de puestos de trabajo

Las reformas laborales del PPSOE, la pasividad cómplice de los grandes aparatos sindicales y el fraude patronal en la contratación explican esta situación de crecimiento de la precariedad con el objetivo de hacer caer los salarios.

Algunos datos son reveladores sobre cómo el capital y sus gobiernos han ido abordando la crisis económica generada por la especulación financiera: el año pasado se firmaron casi tres millones más de contratos que en 2007, pero hay 1,2 millones de parados más y un millón menos de ocupados; el peso de los contratos ultrabreves (inferiores a una semana) ha crecido 10 puntos en una década y el empleo a tiempo parcial ha crecido un 72% desde 2007. Las reformas laborales del PPSOE, la pasividad cómplice de los grandes aparatos sindicales y el fraude patronal en la contratación explican esta situación de crecimiento de la precariedad y de caída de los salarios, el objetivo último de ella.

Preocupa fuertemente el ascenso de posiciones de extrema derecha o evidentemente neonazis o fascistas.  Masas significativas de población en países importantes de  esta Europa  -Francia, Alemania, Austria, por ejemplo. Sin olvidar el facherío cutre evidenciado  por la "cuestión catalana" estos días  en España-    conceden un gran soporte a partidos claramente  neonazis y fascistas. A la vez,   proliferan los grupos ultras   bien subvencionados.

Hay distintas versiones que explican este desarrollo casi vertiginoso.  Se  alude a la capacidad de los medios de desinformación y adoctrinamiento. Es verdad.  También a  las generosas aportaciones económicas para el ascenso de grupos fascistas y neonazis. También es cierto.

Más en penumbra encontramos un elemento muy material que posibilita  la extensión a una gran masa de población de sentimientos y actitudes claramente ultraderechistas y fascistas. No  prestamos la  atención  imprescindible a la materialidad que posibilita y fundamenta la posición ideológico-política de una gran masa poblacional. Un segmento de población   amplio, ocupado por aristocracia obrera,  asalariados muy diversos y también una amplia representación de  pequeña burguesía.

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