No hace falta estudiar en detalle la historia reciente del estado español para conocer su carencia de garantías democráticas básicas en comparación al resto de países capitalistas, donde la dictadura capitalista es igualmente un hecho. Tras cuarenta años de franquismo, Franco elige personalmente como continuador del régimen a Juan Carlos I. A la muerte del dictador, da comienzo la llamada Transición, que culmina con la aprobación de la Constitución en el año 1978. Sin entrar en detalles, esta constitución da al estado español una forma de monarquía parlamentaria, donde el Rey continúa siendo la máxima autoridad del estado y mando superior de todos los ejércitos, además de otorgarle inmunidad jurídica total (no se le puede juzgar ni condenar) y de poder anular la aprobación de leyes o el nombramiento de miembros del gobierno, entre otras muchísimas funciones.

Con la llegada de septiembre, otro año más, la juventud de extracción obrera y popular nos enfrentamos a un nuevo curso. Como ocurre cada año, muchas familias deben hacer un gran esfuerzo económico para que sus hijos puedan estudiar, enfrentándose a varios años de asfixia debido al gran desembolso que representa la Universidad. Otras muchas familias se enfrentan a los altos precios de los libros de texto y material escolar que necesitan sus hijos para el colegio y el instituto.

El primer problema que nos presenta este nuevo curso es la incertidumbre a la que estamos sometidos. Los estudiantes todavía no sabemos cómo van a ser las clases a partir de septiembre. Tan solo unos pocos centros se han pronunciado, diciendo que las clases serán semipresenciales o totalmente online, pero ya hemos visto en los últimos meses del curso anterior que el sistema educativo no está preparado para clases online. Ni el profesorado tiene la formación, ni el alumnado el material necesario para este tipo de enseñanza, ni el Estado lo va a proporcionar.

Autoría imagen: Valentos SG  

Hace poco alguien compartía un tuit en que manifestaba sorpresa -una sorpresa irónica, obviamente- ante la coincidencia entre el fin del estado de alarma y el inicio de la temporada turística estival. Desgraciadamente, no es casualidad, y resulta descarada la manera en que el capital se ha olvidado de todos los muertos y nos los ha hecho olvidar también a nosotros con su propaganda. Salimos tranquilamente a los bares, entramos a las tiendas, pero el virus sigue cobrándose vidas aunque ya no nos asusten desde los medios, porque necesitan que salgamos a consumir. La ministra Irene Montero ha declarado que “el estado de alarma ha terminado”, pero admite que continúan la emergencia sanitaria y los rebrotes, ¿entonces por qué se han levantado las restricciones con tanta convicción?

La juventud obrera cada vez tiene más difícil el acceso a la universidad por lo que eso supone: el pago de tasas asfixiantes con el limitado acceso a becas, desplazamientos, manuales de precios desorbitados escritos por los mismos profesores que te dan clase… Una gran parte de nosotros se ve obligada a buscar un trabajo, normalmente precario con bajos sueldos y muchas horas, que difícilmente se puede compatibilizar con el estudio.

Año tras año hemos sido testigos de la paulatina privatización de la universidad. Encontramos un claro ejemplo de esto en la Universidad de Murcia, la cual te da un crédito C.R.A.U. (crédito en actividades universitarias) por hacerte una cuenta en el banco Santander asociada a tu tarjeta de estudiante. Las universidades cada vez se asemejan más a empresas privadas, y como tal, los intereses económicos están por encima de todo.

Ahora que la vuelta a la “nueva normalidad” se encuentra más cerca y la situación de cuarentena total parece alejarse, hemos dialogado con una serie de trabajadores y trabajadoras militantes de la Juventud Comunista de los Pueblos de España para conocer su opinión sobre cuál es el futuro y cómo la crisis capitalista que ha desatado el coronavirus les ha afectado o puede afectarles.

JCPE: Antes de comenzar, queremos agradecer estos minutos que dedicáis a responder a nuestras preguntas.

La crisis del coronavirus está poniendo aún más en evidencia que el capitalismo y los capitalistas nos roban nuestras vidas. Si esta realidad no era ya más que palpable meses atrás, cuando la crisis de sobreproducción capitalista parecía una sombra del pasado que tardaría aún unos años en volver, ahora se ha vuelto una realidad.

Cerrados los bares, librerías, bibliotecas, teatros, colegios, universidades… Solo pueden permanecer abiertos supermercados, farmacias y otros servicios que proporcionen bienes estrictamente necesarios, ¿pero sirve la misma vara de medir para los trabajadores?

La hostelería está sostenida fundamentalmente por jóvenes, y es el sector hostelero, precisamente, uno de los más precarios en este país; las horas se pagan en negro (y no hablamos solo de bares pequeños, hablamos también de grandes empresas como 100 Montaditos), encontramos contratos basura y jornadas a tiempo partido que, en el mejor de los casos, cambian de horario cada semana. Además, existe un factor decisivo y que mantiene en silencio cualquier abuso por parte de la patronal: la escasa tasa de sindicalización entre los jóvenes.

Desde hace décadas, los coches han ido proliferando hasta llegar a la situación actual, en la que parece imposible vivir sin un vehículo particular. Lo necesitamos para ir al trabajo (o solamente para encontrarlo, porque carné de conducir y vehículo propio son requisitos imprescindibles en muchos casos), para hacer la compra, ir al cine, salir de fiesta… La vida en los pueblos y ciudades, sobre todo las no muy grandes, se traslada a grandes centros comerciales a los que, en muchos casos, resulta difícil o imposible llegar si no es en coche.

Esta moderna forma de vida cumple un objetivo fundamental: alimentar la maquinaria de producción desmesurada del sistema capitalista. La única manera que tiene el capital y sus dueños, los capitalistas, los empresarios, de mantener y aumentar sus ganancias para no irse a pique es aumentar constantemente la producción y, a la vez, reducir costes. No es un capricho, sino una necesidad de los capitalistas para seguir existiendo. Puesto que los capitalistas obtienen su beneficio del valor que los trabajadores aportan al producto con su trabajo, conforme se desarrolla la tecnología y crece el peso de las máquinas en la producción, a los capitalistas les resulta más difícil obtener beneficios. Por tanto, para mantenerse necesitan exprimir más el trabajo asalariado y producir más y más.

La Generalitat de Catalunya ha intentado impulsar un nuevo proyecto de ley de contratos de servicios a las personas, también conocida como “Llei Aragonès”, por su cabeza ejecutora. Pere Aragonès, consejero del Departamento de Economía de la Generalitat.