Declaración política del Encuentro Internacionalista

Sabemos muy bien que el Capitalismo está en crisis, y que las consecuencias las está pagando la Clase Obrera. El paro, la explotación, la precariedad laboral, los accidentes de trabajo, la inflación, la carestía de la vida, los contratos basura, las hipotecas y alquileres cada vez más caros, los deshaucios constantes, las leyes de extranjería, los recortes en sanidad, educación y servicios sociales, las pensiones de miseria, la jubilación cada vez más tarde, los despidos, los ritmos de producción en las fábricas, las condiciones de trabajo cada vez más duras, la represión contra el que lucha, contra quien protesta, pelea y se organiza. Todo va a peor para la Clase Trabajadora.

Todo esto ya lo sabemos. Lo que la Burguesía nunca explica son las causas profundas de estas cíclicas crisis del Capitalismo. Que no son otras que la propiedad privada de los medios de producción, que hace que sea el mercado, o sea, la Ley del Valor, la que regule la creación colectiva de la riqueza social. Porque todos los bienes son creados por medio del trabajo del Proletariado. Si los medios de producción, las fábricas, los talleres, las máquinas, fuesen propiedad colectiva, el Pueblo Trabajador podría planificar toda la actividad económica de la sociedad, para que ésta beneficiase a la gente, y no sólo a la Burguesía, a los ricachones propietarios. Y no trabajaríamos por un salario que casi nunca llega para llevar una vida decente, sino que compartiríamos la riqueza creada entre todos y todas, de forma igualitaria y fraternal, comunitaria. ¡Viviríamos libres, al fin!

El Capitalismo es un Modo de Producción destinado a desaparecer en el basurero de la Historia, pues sus contradicciones internas lo llevan a sufrir constantemente crisis económicas debido a la caída de los beneficios de los capitalistas, que no buscan satisfacer las necesidades de la gente, sino tener cada vez más ganancias explotando el trabajo ajeno. Estas crisis económicas llevan al Sistema Capitalista a las guerras constantes por el acopio de recursos naturales, material primas y mano de obra barata. es el Imperialismo, que ha desencadenado cientos de guerras y genocidios.

El colmo de la hipocresía y desvergüenza tiene nombre y rostro, este muy duro, es el del Secretario General de la UGT, el oportunista Álvarez. Secretario General de un sindicato que continuamente desde su práctica de conciliación de clases, pacto social, favorece los intereses de la oligarquía en el estado español. Sujeto que, en defensa de los intereses del capital, pide recientemente que se ponga en marcha una medida de penalización, supresión de prestaciones por desempleo y/o ingreso vital mínimo a las y los trabajadores que no acepten cualquier oferta de trabajo que les llegue, por muy precaria y abusiva que esta sea.

Un personaje que sin pudor ni ruborizarse firma junto a capitalistas y sus representantes de gobierno las leyes laborales y sociales más lesivas para los intereses de la clase obrera que se han conocido en el estado español. Un impresentable que desconvoca huelgas para sentarse a la firma de convenios con los que se sentencian a millones de obreras y obreros a la precariedad y miseria. Un rufián que trabaja al servicio de grupos financieros ofreciendo planes de pensiones privados con los que liberar de sus cargas sociales a la patronal, planes de los que él y sus compis se benefician económicamente.

Podríamos enumerar más y más calamidades y abusos de los intereses y derechos de las y los obreros en las que este sindicalero barato es partícipe en primera persona, pero tanta basura concentrada nos acabaría produciendo arcadas.

En un escenario, como el actual, con un sistema capitalista sumido en una profunda e irreversible crisis que no solo afecta a la propia estructura del sistema sino que abarca a todas las superestructuras del mismo y que no ve otra salida que embarcarse en una espiral de violencia belicista que afecta a todo el planeta, a la clase obrera no le queda otra que agrupar fuerzas y unirse para presentar un frente lo más sólido posible que le permita inclinar la correlación de fuerzas existente en la lucha de clases a su favor.

En reiteradas ocasiones ya hemos expresado que abordar el tema de la unidad sindical no resulta tarea fácil. Sin embargo, ante las agresiones constantes del capital, resulta más necesario que nunca que la clase obrera aglutine el mayor número de fuerzas que le permitan situar en el escenario de la lucha de clases una correlación de fuerza que le sea favorable. Y esto solo puede ser posible, en un primer momento, mediante la “unidad de acción sindical”. No se trata de conseguir, a corto y medio plazo, una unidad orgánica que agrupe a obreras y obreros en una sola organización sindical, o unas pocas en todo caso. Se trata, de acuerdo con la realidad objetiva existente, de trabajar en el seno de las organizaciones sindicales existentes para crear el necesario nivel de conciencia entre los compañeros y compañeras que permita que, ante un problema o situación determinada, la respuesta sea lo más unitaria posible entre los sindicatos que existan en la zona. Naturalmente, este trabajo va a resultar más o menos complicado dependiendo de las características de cada organización sindical, pero es una tarea que se ha de acometer sin demora y sin posicionamientos sectarios.

Cosentino es una empresa de éxito, un ejemplo claro de cómo el capital es capaz de innovar y expandirse. Ha ganado premios de todo tipo. La Junta de Andalucía (da igual si la gobierna el PSOE o el PP) premió al empresario mientras los casos de silicosis de sus trabajadores llegaban a la Justicia.

A estas alturas hay varias asociaciones de afectados por la silicosis, distribuidas por todo el país, que han pedido que se le retiren los premios. 

El 7 de febrero de 2023, Francisco Fernández Cosentino ha sido condenado a la pena de 6 meses y tres días de prisión. El Juzgado de lo Penal número dos de Vigo ha condenado al presidente de Cosentino a seis meses de prisión y al pago de una indemnización de 1,1 millones a los trabajadores de una marmolería gallega afectados por silicosis. La sentencia señala que Cosentino conocía desde el año 2000 los riesgos y la peligrosidad que conllevaba la manipulación del silestone puesto que «varios de sus empleados habían contraído la silicosis al elaborarlo en su fábrica de Almería»

Pero ¿qué hay detrás de esto? Silestone, la marca estrella de Cosentino, un material fabricado comprimiendo resina de poliéster y sílice en granos para tapar todos los huecos, quedando un compuesto de aproximadamente un 90% de sílice y cristobalita, material cuyo polvo inhalado genera silicosis en poco tiempo. Pero además, ese conglomerado no es ignífugo y al arder produce humo igualmente tóxico. En los conglomerados se encuentran 78 componentes químicos.

La situación habitacional, de los poblados chabolistas tipo Walili, no es el único de los gérmenes capitalistas que, consecuencia de las políticas y conductas inherentes a la burguesía sufren los miles de jornaleras/os en la huerta de Europa-Almería.

Unida a esta situación de chabolismo tercermundista en una provincia que hoy presume de ser la huerta de Europa, con una facturación anual de más de 3.000 millones de euros tan solo en frutas y hortalizas, se vive, o padece, una situación de extrema explotación laboral. Y decimos que están unidos por que una situación no puede ser separada de otra, dialécticamente son producto de un mismo tronco, el capitalismo y sus lógicas de desarrollo y explotación necesarias para mantener y elevar su tasa de beneficios.

Cuando el Ayuntamiento de Níjar decidió desalojar a las familias que infrahumanamente vivían en el asentamiento chabolista del Walili, yo denuncié que esta situación de sobreexplotación habitacional y laboral era conocida por todos los actores sindicales y políticos que allí aparecieron, ya que esta situación se remonta a los años 80 del siglo XX, cuando comienza a llegar un constante flujo de inmigrantes subsaharianos a las tierras del sueño y milagro agrícola de Almería, la mayoría de estos inmigrantes jornaleros, son hospedados en almacenes, chozas y cutriles sin agua, luz y ninguna condición de habitabilidad y empleados con salarios de miseria. Recuerdo a últimos de los 80 principios de los 90, el trabajo que se llevó a cabo entre los jornaleros, que tuvo su reflejo más palpable en la batalla por los convenios, que se ganaron y su imagen mas expresiva, la concurrencia masiva de jornaleras y jornaleros al 1º de Mayo. Hoy ni lo uno ni lo otro.

Actores sindicales y políticos que en estas décadas que van desde los 80 del siglo XX hasta nuestros días, han ido amoldando su intervención y prácticas para ser ONG humanitaria y/o oficina de gestión de documentos. Esto lo demuestra el que el Convenio del Campo de Almería esté agotado desde el 2015 y más allá de llamamientos cariñosos de CCOO y UGT al empresariado nada se hace por actualizar este.

Este es uno de los impactos que, a la fecha de redacción de este artículo (21 de febrero de 2023) está teniendo la huelga de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en su primera huelga en la historia, que arrancó el pasado 24 de enero.

Más datos. Según los y las trabajadoras en huelga, han secundado la misma un 85% de estos profesionales. Por hacernos una idea más cercana del impacto en lo referente a la realidad laboral del día a día, ahora mismo con esta huelga, las demandas laborales por despido están paralizadas. Solo se están tramitando las relacionadas con derechos fundamentales o las relacionadas con medidas cautelares, por estar cubiertas por los servicios mínimos 1. Estas últimas pueden ser un 1% aproximadamente del volumen total de demandas en un juzgado de lo social. El retraso en los trámites, de la casi totalidad de procedimientos en este ámbito, está servido.

Tres preguntas para arrojar un poco de luz. ¿Quiénes son? ¿Cuál es la disputa y con quién? ¿Cuál es la situación actual de la negociación?

Los y las LAJ, también llamados secretarios judiciales, cumplen la tarea de dirigir la Oficina Judicial, deben ser impulsores y ordenadores del proceso y deben ser titulares de la fe pública judicial. En otras palabras, son como un director de orquesta en su juzgado.

Desde el pasado mes de noviembre, parte de la plantilla de la empresa “Panificadora Butrón” de Chiclana de la Frontera (Cádiz) lleva realizando una huelga indefinida ante la insostenible situación que el abuso patronal provoca, el cual es un paradigma de lo que es la explotación capitalista.

Esta empresa modélica (entiéndase en el sentido de que representa el lado más salvaje de lo que es el sistema capitalista) pone en juego todo el arsenal de medios de explotación del que se vale la patronal para exprimir al máximo a los trabajadores y trabajadoras: desde no abonar jamás las pagas extras de navidad y julio; de que los sueldos no llegan ni a lo que estipula el convenio y que, además, los abonan con retraso; que no pagan, ni cotizan (¡claro está!), las horas extras; que no respeta los días de vacaciones y descanso, obligando a trabajar sábados, domingos y festivos sin ningún tipo de contraprestación por ello; que las jornadas laborales superan, con diferencia, la jornada estipulada en convenio; que no permiten disponer a la plantilla de ningún día de asuntos propios; que haciendo un uso perverso del concepto de representación de los trabajadores, colocan a familiares de los dueños/as como interlocutores con la plantilla (¿a algún/a lector/a le suena esto?); que la empresa reprime impunemente a quien osa protestar o, simplemente, reclamar lo que es suyo, llegando al despido de quien resulta molesto a los intereses del patrono, llegando a perseguir el derecho a organizarse sindicalmente, etc. En fin, que lo que practica esta empresa es el vademécum de todo buen patrono.

El “pacto social” consiste básicamente en un acuerdo entre distintas fuerzas sociales -representadas por los sindicatos y las organizaciones patronales respectivamente- con el consenso o mediación y correspondiente visto bueno del gobierno, con el objetivo de estabilizar la economía capitalista a corto y medio plazo, tratando de cohonestar los intereses de la clase obrera con los intereses de la patronal, como si tal cosa fuese en realidad posible.

Este “pacto social” nos es vendido por parte de sindicatos y partidos políticos reformistas, revisionistas y oportunistas de todo pelaje, como la única vía que tiene el proletariado, o por lo menos la mejor, para situar sus reivindicaciones ya sean salariales, sociales, etc., limitando el escenario de lucha al meramente institucional, traspasando el poder decisorio de las asambleas de trabajadores y trabajadoras a las mesas de negociación donde los acuerdos se toman de espaldas a ellas y donde continuamente se producen recortes y pérdidas de derechos para miles de trabajadores y trabajadoras.

Pero si escarbamos un poco en ese “idílico pacto social”, nos encontramos que de los sindicatos, solo están legitimados frente a la patronal, aquellos, mal  llamados mayoritarios, CCOO y UGT, que se arrogan la facultad de representar al conjunto de la clase obrera.

En los últimos meses hemos visto cómo se han ido firmados convenios con aumentos salariales por debajo del IPC.

Partiendo, como se ha puesto de manifiesto en este órgano más de una vez, que el mismo IPC es ya una tomadura de pelo a la clase obrera; podemos analizar lo que han supuesto esos aumentos salariales que ni siquiera han alcanzado la subida “oficial” del IPC.

Con este marco legal, el de los convenios colectivos, la clase obrera ha perdido capacidad económica, por ende, peores condiciones de vida, mayor endeudamiento, más embargos, etc.

Lo que se ha puesto de manifiesto muchas veces: estar en riesgo de exclusión social aun cuando se tiene un trabajo “fijo” (con las condiciones del gobierno pijo progre, claro).

A estas alturas los convenios colectivos no garantizan que un trabajador/a, pueda cubrir sus necesidades básicas. Obviamente hay diferencias en función de cada Comunidad autónoma o incluso de cada ciudad.

La diferencia que hay entre los 15 municipios más baratos para vivir de los más caros, tropieza con la realidad de que algunos de ellos se encuentran en provincias donde se encuentran municipios mucho más caros. Y a todos ellos se les aplica el mismo convenio provincial.

uyl_logo40a.png