La compañía Alcoa, líder en producción de aluminio y que cerró el 2017 con beneficios superiores a los 200 millones de dólares, comunicó el despido a 369 trabajadores de la factoría de La Coruña y a 317 de la de Avilés. Por eso de la memoria histórica esperamos que sirva el recordar que como buen ave rapaz Alcoa aterrizó por estas tierras en el concurso de privatización de Inespal para llevarse sus plantas precio de saldo. En un primer momento la multinacional pagó 410 millones de dólares por esta empresa pública. Posteriormente a la factura de compra-venta se le descontaron 300 millones de dólares de nada. Ya el informe del Tribunal de Cuentas en 2006 apuntó que el resultado contable de la privatización de Inespal supuso unas pérdidas de 456 millones de euros para las arcas públicas. Tras la privatización Alcoa fue bonificada con una tarifa especial al precio de la energía que duró hasta 2008. Posteriormente fue subvencionada por la mano invisible del Estado a través de un mecanismo de compensación cuyo alcance se calcula en unos 1.000 millones de euros. Estas desgracias pasan.

Vivimos tiempos de incertidumbres. El escenario económico es desolador. Durante los nueve primeros meses de 2018 Telefónica sólo ganó 2.721 millones de euros. Pero peores desastres están aún por venir. Los datos así lo muestran con toda su crudeza. Amancio Ortega, esa superhormiguita capitalista, a la chita callando, en concepto de dividendos por Inditex se embolsará este año la fatídica cantidad de 1.386 millones de euros. Pero ahí no quedará todo. Como buen magnate está obligado a repartir entre sus humildes y laboriosos accionistas más de 2.300 millones por las cuentas de 2017. Una desgracia total. Un desastre.

Nunca es mal momento para recordar algunas enseñanzas que la historia nos regala, pero que nuestra mala memoria lamentablemente nos hace olvidar. Hace unos días escuché por la radio una frase de la escritora anarquista norteamericana Voltairine de Cleyre, que dice que “los trabajadores tienen que aprender que su poder no está en la fuerza de su voto, sino en su capacidad de parar la producción”. Es decir, que si queremos avanzar en el poder obrero debemos centrarnos más en conocer los mecanismos que mueven el motor de la historia, y dejar de creernos las mentiras que nos van a contar los que viven de la idea de que esto es una democracia porque se vota cada cuatro años.

Que les pregunten a las valientes trabajadoras de residencias de Bizkaia si la fuerza está en su capacidad de parar la producción. Sin sus huelgas y paros no habrían logrado la victoria conseguida recientemente. Y, cómo éste, tenemos muchos ejemplos.

Parar la producción no es poca cosa. Hay que saber cuándo y cómo. Medir las fuerzas y colocar esta opción cuando corresponda. Y, a ser posible, contando con el mayor respaldo del resto de clase trabajadora que puede “sufrir” esos paros. En este sentido la comunicación de la lucha es fundamental.

Luego tenemos la importancia de la unidad y de la organización, en cualquier colectivo que se decide a luchar. Son pilares básicos para sacar adelante los objetivos que nos planteamos cuando empezamos a pelear por lo nuestro. Por eso, el patrón busca romper la organización y la unidad a través del miedo, o llegando a acuerdos con otros miembros de la plantilla. Divide y vencerás.

En mayo de 2016, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, afirmó sin titubeos, que el trabajo “fijo y seguro” era “un concepto del siglo XIX”; en el futuro habrá que “ganárselo todos los días”. Esto lo dijo después de asegurarse una subida de su propio sueldo como consejero de Gas Natural Fenosa −empleo arduo donde los haya −, de un 64% o, lo que es lo mismo, 208.000 euros brutos al año.

Mientras, como se explica en el FMI y otras instituciones, piden mano dura y más reformas a los gobiernos de turno en España. Debe ser que les parece poco el nivel de explotación al que se está llegando en nuestro país, donde los convenios sectoriales empiezan a ser una mera referencia simbólica, cuando no un recuerdo de tiempos pasados, de antes de las dos reformas laborales PP-P$OE.

Y es que, si se lee una página de ofertas de empleo, no es raro encontrar ofertas -verídicas- como éstas: “Ofrecemos acogida, alojamiento y manutención, ropa, a madre soltera (un solo hijo o sin) que lo necesite. Necesita tener conocimiento de computadoras y manejar Internet. Así como cocinar y hacer quehaceres del hogar. ¡No es nada de sexo! Ni raro. ¡Anuncio serio!” o “Busco persona necesitada, que me ayude como vigilante y mantenimiento de una pequeña empresa dedicada al ramo del automóvil. A cambio de alojamiento y manutención, si tiene conocimiento de mecánica ¡mejor! Más adelante ya hablaré de ayuda económica, incluso sueldo. Más detalles por teléfono”

Los españoles vivieron en días recientes un episodio más de subordinación de su país al Imperio y la truculencia de un Gobierno carente de principios.

Despertamos un día 4 de septiembre con la noticia de que la Ministra de Defensa había resuelto entregar a Arabia Saudí las 400 bombas de guiado laser, de alta precisión, retractándose así de su anterior decisión de suspender la operación de entrega, movida por escrúpulos de conciencia humanistoide, propios de la socialdemocracia filistea y santurrona.

Este incidente palaciego desveló el engaño de una venta, cuyo contrato se había firmado en secreto por el Gobierno de Rajoy en mayo o junio de 2015 y acababa de pagarse en enero de 2018. Las bombas pertenecían a la reserva de guerra del Ejército del Aire, que luego tendría que reponer volviéndolas a comprar por un precio superior al de la venta, de 92 millones de euros.

Aquello significaba, internacionalmente y en términos políticos, no una mera venta de armamento, sino la manera ladina como secretamente España contribuía a la intervención de la coalición árabe, liderada por Arabia Saudí, contra Yemen. Una intervención bélica criminal que Estados Unidos y Reino Unido apoyan abiertamente.  El pueblo español se hallaba ignorante de la sucia operación que cocinaban entre bambalinas, de espaldas a la legalidad de la que tanto se ufana la democracia occidental, dos Estados mercaderes de la guerra.

La patronal, es decir la burguesía, no tolera que ningún miembro de la clase obrera se organice, y muchísimo menos, que se organice en sindicatos de clase y en partidos comunistas. Esto es algo obvio, pues solo la organización de la clase obrera en sindicatos de clase que defienda sus derechos y objetivos inmediatos sin pactos ignominiosos, como estamos acostumbrados a ver, así como en partidos comunistas, cuyo fin sea la toma del poder y la construcción del socialismo-comunismo por la vía revolucionaria, suponen el más serio peligro a su dominación y a la permanencia de su status.

En este caso, la persecución sindical desatada contra nuestro camarada José Ramón por parte de la dirección de la empresa con la cooperación del delegado de personal, afiliado a CCOO, reúne todos estos requisitos.

Nuestro camarada José Ramón, es representante de la sección sindical de CTA en la empresa Setex Aparki, concesionaria del servicio ORA del Ayuntamiento de Jerez. Esta empresa viene tratando de imponer a los trabajadores y trabajadoras del servicio ORA unas condiciones que, día tras día, empeoran sus condiciones laborales; para ello cuenta con la traidora complicidad del delegado de personal -de CCOO-. Frente a esto, las afiliadas y afiliados de CTA, entre los que se encuentran dos camaradas simpatizantes del Partido, están presentando una durísima batalla, interponiendo denuncias ante la Inspección de Trabajo y ante la jurisdicción de lo social, así como desarrollando una actividad de concienciación del colectivo de trabajadoras y trabajadores de esa empresa.

La precariedad con la que lidiamos los/las trabajadores/as es inimaginable, sometiéndonos a unas leyes que nos imposibilita realizar en condiciones óptimas nuestro trabajo, cada día perdemos más derechos con un gobierno que apoya a la oligarquía española, creando leyes a favor de ésta y en contra de los/las trabajadores/as, todo un sistema para enriquecer al rico y empobrecer cada día mas al pobre, un sistema que no quieren perder los que tienen el poder, asentándose en sus tronos y jamás perderlos.

Como es de esperar, todos los empleos que se están creando son precarios, tanto, que el/la empresario/a hace todo lo posible para ahorrarse cada vez más, y a costa de la vida del trabajador/a, en equipos de protección integral, ropa, calzado, etc., o en nómina quitando pluses esenciales y básicos. Atemorizan a la clase trabajadora con el despido, enseñándole o diciéndole que tiene más gente que desean trabajar, para que no se rebele o haga huelga, despidiendo a los/las que intenten que haya una mejora en el trabajo para él/ella y los/las compañeros/as, y sobre todo que no haya un convenio al que agarrarse para pedir los derechos como trabajador.

Nos encontramos con esta situación, cada vez más extendidas en el sector de los auxiliares, que, al no tener un convenio a nivel nacional, muchas empresas se aprovechan de los/las trabajadores/as, acogiéndose en cualquier convenio que le convenga a la empresa, aquí nos encontramos también con la subcontratación, en donde siempre pierden los mismos, el/la trabajador/a.

La empresa concesionaria del servicio de gestión del aeropuerto militar de la base de Rota, la firma norteamericana  Louis Berger Aircraft Services, que se hizo con la adjudicación del aeropuerto con una oferta a la baja, con un ahorro de cuatro millones de euros para la administración norteamericana, y un aviso a los trabajadores nada más llegar: pasaron de proponer el despido de 45 empleados a 15, siempre y cuando el resto de la plantilla aceptase una rebaja salarial del 26.5%.

Desde el año   2016 los trabajadores en su mayoría españoles que trabajan en la base están enfrentados a las intenciones de la empresa concesionaria que pretende reducir la plantilla y, podríamos afirmar que despedir a la totalidad de esta si no se presta a las exigencias salariales e intereses de la empresa la cual manifiesta que está pagando salarios un 100 % más caros que la media de los trabajadores que trabajan fuera de la base naval, estos cifran en 15.564 euros anuales el salario medio de los/as obrera/os o trabajadoras/es Roteños  y ella paga entre 30.000 y 36.000, para el intento de esta bajada de salarios, manifiestan que los trabajadores tienen un alto nivel de absentismo y que no cumplen con el trabajo encomendado.

Las cerámicas de Sagadelos son conocidas en toda Galicia y los gallegos las consideran algo suyo, algo que les representa positivamente y de lo que están orgullosos, también hay una figura negativa en el imaginario colectivo que representa una parte de esa Galicia que se debía haber superado hace tiempo, la figura decimonónica del caciquismo.

Que aquí se representa en la figura de Segismundo García y así tenemos todos los ingredientes para comprender como se desarrolla la lucha de clases en Galicia más concretamente dentro de la factoría de porcelanas Sargadelos en O Cervo.

Segismundo García consejero delegado de la factoría lleva de un tiempo a esta parte una lucha particular en contra de un símbolo que se resiste a esas “cacicadas” ese símbolo es Rogelia Mariño sindicalista de la UGT que durante más de 30 años ha sido representante legal de los trabajadores, durante todos estos años en la empresa siempre demostró ser un ejemplo de mujer trabajadora y defensora de los derechos de los trabajadores/as.

El cumplimiento de las funciones propias de la Universidad requiere de múltiples servicios de soporte que a lo largo de las últimas décadas se han ido progresivamente externalizando a mayor lucro de las empresas privadas concesionarias. La Universidad Miguel Hernández de Elx (UMH), una de las últimas universidades públicas fundadas, hace ya más de 20 años, en el Estado español, es también una de las punteras en la privatización de servicios: limpieza, conserjería,
mantenimiento, cafetería, seguridad, jardinería, informática,…

En consonancia con el resto de universidades públicas, la UMH redujo sus presupuestos en cerca del 20% (incluyendo el IPC) en el periodo 2010-2014. Si bien el efecto en las plantillas docentes y administrativas “propias” ha sido elevado a nivel salarial, tasas de reposición, etc, buena parte del impacto del recorte se trasladó a los servicios externalizados, cuyas empresas concesionarias aprovecharon para lesionar gravemente las condiciones laborales de sus respectivas plantillas a la vez que se degradaba la misma prestación del servicio.

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