El conflicto en Metro Málaga se agrava por momentos, y la plantilla no está dispuesta a someterse, a pesar de los chantajes, las mentiras y la represión que sufren.

Esta empresa es propiedad de la Junta de Andalucía (23’69%) y cuatro multinacionales (Globalvia, Comsa Emte, Mirova e Infravia). En enero de 2017, las trabajadoras/es, organizados mayoritariamente en CCOO, iniciaron movilizaciones contra los desajustes de su convenio: mientras controladoras/es y conductoras/es tienen salarios inferiores a los establecidos en metros de otras ciudades, los puestos directivos tienen sueldos muy superiores. “Casualmente”, el convenio se firmó antes de la puesta en marcha del servicio de metro, cuando aún no se había incorporado el grueso de la plantilla, especialmente controladores/as y conductores/as. Además, la empresa no explica una desviación de la masa salarial de 500.000 euros, que se sospecha va a salarios por encima de convenio para personal directivo.

Para abaratar despidos de trabajadoras/es con mayor antigüedad, derechos adquiridos, contratos algo más decentes y jornadas a tiempo completo, las empresas, como si simples números “problemáticos” fuéramos, sigue utilizando los despidos colectivos de cientos de familias como mejor forma de “sanear” sus enriquecedoras empresas. Una técnica – la de los despidos colectivos o ERE`s-, cada vez más perfeccionada, y difícil de combatir legalmente debido a las Reformas Laborales, y adendas a la ley, que ponen todo tipo de facilidades a disposición de las empresas para que esas sangrías de puestos de trabajo tengan todas las garantías y no tengan que enfrentar una molesta nulidad que obligue a reponer el desaguisado (eso sin tener en cuenta que, aun siendo nulo, un despido colectivo, los largos tiempos, legales, los trámites con las Seguridad Social y los complejos pagos muchas veces incompletos que deben realizar las empresas, etc., hace que amedrente y disuada a la gente de recuperar sus puestos de trabajo).

2,3 millones de muertes anuales globalmente por causas directamente relacionadas con el trabajo

El 28 de abril o Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo refleja un ambiente de inseguridad en el puesto de trabajo en el que dedicamos buena parte de nuestra vida generando la plusvalía que enriquece al empresario. Frente a las idealistas o interesadas pretensiones que suponen que el ambiente de trabajo debería ser un lugar libre de riesgos y enfermedad, la clase obrera sabe que se juega el tipo cada día en el puesto de trabajo y observa cómo se deteriora su salud.

Según la estadística de accidentes de trabajo en el avance enero-diciembre de 2017 del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se registraron 618 accidentes mortales, cerca de dos fallecimientos cada día. Asimismo, se registraron 583.425 accidentes, de los cuales 3.796 fueron graves, lo que representa unos 10 accidentes graves cada día. Todo ello en un contexto de precariedad laboral creciente por las contra-reformas laborales que se suceden para apuntalar el sistema capitalista.

“Comercializarás las fiestas”. Éste es el mandamiento del capital, cada vez más exigente y coercitivo, como así lo demuestra cada nueva ley valenciana de comercio. Los de la ley de dios, tan activos en la defensa del “Valle de los Caídos” o de la cruz fascista de Callosa del Segura, ni abren la boca para defender su 3er mandamiento, que llama a santificar domingos y fiestas “de guardar”. Todo vale en el intento de incrementar el PIB, del que la Iglesia Católica se lleva más del 1% cada año: ¡Religión y Capital, alianza criminal!

Tras la firma del llamado “Acord de la Llotja”, el pasado 28 de diciembre, el Conseller de Economía, Rafael Climent, y el Director General de Comercio, Natxo Costa, ambos de Compromís, estaban exultantes y repartían abrazos a los representantes de las grandes patronales del sector. En el breve tiempo que va desde los “inocentes” hasta “los enamorados” el pacto fue traspuesto a la Ley 3/2018 de comercio de la Generalitat Valenciana, que se tramitó por un procedimiento de urgencia en un pleno de Les Corts celebrado el 14 de febrero sin debate ni enmiendas. Nada importó que los principales sindicatos del sector, CCOO y UGT, no firmaran el pacto.

En abril de 1978, todavía con la Constitución sin aprobar, se convocó en España la primera huelga general porque en Europa había un 5% de desempleo. En 1985, ya con Felipe González, tuvo lugar una huelga contra la reforma de las pensiones que pasaban su cómputo de 2 a 8 años. En diciembre de 1988 se realizó una huelga contra el plan de empleo juvenil y el abaratamiento del despido. El 28 de mayo de 1992 contra el recorte de las prestaciones por desempleo. El 27 de enero de 1994 volvimos a salir a la calle contra una nueva reforma laboral y recortes.

Ya con Aznar en el gobierno, el 20 de junio de 2002 se convoca una nueva huelga general contra el intento de recorte en las prestaciones de desempleo. El 29 de septiembre de 2010 con Zapatero en el gobierno se convoca huelga contra la congelación de las pensiones y una nueva reforma laboral.

Las dos últimas huelgas generales fueron en el 2012 a los gobiernos de M. Rajoy, el 29 de marzo y el 14 de noviembre, con motivo de las reformas laborales que dejó a la clase obrera con los derechos muy recortados.

Los padres y madres de la patria, diputados y diputadas han decidido que su derecho fundamental a tomar un café, comer o tomar un gin tonic a precios irrisorios, está por encima del derecho reconocido en la constitución de huelga. Y si no lo está, se adaptan las leyes o lo que haga falta, pero el cafelito de la mañana en el bar del congreso es indiscutible.

Siempre había pensado que el derecho de huelga se pondría en cuestión alegando el derecho a las personas al uso de los servicios públicos. Es bien sabido que en dichos servicios, el derecho de huelga está muy mermado, con servicios mínimos que alcanzan el 100% en algunos casos, estableciendo en un día de huelga más servicios que los habituales en un domingo o festivo. Esto ocurre cada vez que hay huelga en el transporte, en la sanidad, o en aquellos servicios que la misma administración a la que se le hace la huelga es la encargada de dictar los servicios mínimos, normalmente abusivos. Y cuando no los ponen, no tardan mucho en enviar a los cuerpos y fuerzas de seguridad a ejercer de esquiroles revienta huelgas, como en el caso de los controladores aéreos, los servicios de acceso y control o los servicios de limpieza.

Prácticamente hace un año que se cerró de un portazo el nuevo Convenio Colectivo de Contact Center que mantiene totalmente intactas las miserables condiciones laborales y salariales que sufren las casi cien mil teleoperadoras y teleoperadores (la mayoría son mujeres) de este sector.

Tras un periodo de intensas y, cada vez más, contundentes movilizaciones que crecieron una tras otra obteniendo infinidad de apoyos, solidaridad y sensibilidad por la sociedad, que fue conociendo las lamentables condiciones a las que se enfrentan quienes prestan servicios telemáticos de bancos y aseguradoras, atención al cliente y servicio técnico e incluso quienes atienden las llamadas de emergencias, tras ver cómo esa lucha a través de la conciencia, la lucha, los paros, la información, manifestaciones y huelgas amenazaba los cimientos de quienes inventaron un sector sólo para abaratar la mano de obra de las personas que prestan servicios a las grandes empresas del IBEX 35, tras tanta exigencia total y absolutamente necesaria por un convenio digno... CCOO y UGT zanjaron el conflicto firmando el mismo convenio basura con pérdida salarial (plantean subidas por debajo del IPC y sin tener en cuenta las pérdidas de poder adquisitivo de los últimos cuatro años).

La multinacional PSA, propietaria de opel desde agosto pasado, se encuentra en pleno proceso de reestructuración de las plantas que tiene por europa. La vieja fórmula no varía: la puesta en marcha de medidas tendentes a destruir fuerzas productivas e incrementar la explotación de los trabajadores.

Recientemente, PSA comunicó la supresión de 250 empleos en la planta de Vauxhall en Ellesmere Port, en Reino Unido y 1.300 empleos en Francia. En el estado español, donde se encuentra la planta de OPEL de figueruelas (Zaragoza), la única en la que no se habían aplicado medidas de reestructuración. PSA, ya ha pasado de las amenazas a la acción, imponiendo un paquete de medidas socioeconómicas (disfrazadas de acuerdo), que ponen patas arriba los derechos arrancados históricamente por los/as trabajadores/as de OPEL, a la anterior dirección de General Motors.

En el proceso de negociación del convenio de la Empresa, la dirección ya planteó una ampliación de jornada con una rebaja salarial del 6%, modificada más tarde, por una congelación de tres años que conllevaría la pérdida de trece puntos de poder adquisitivo de los trabajadores, con la congelación de las inversiones en la planta y la amenaza de trasladar el ensamblaje del modelo Corsa, que se fabrica en Zaragoza desde 1982, a otra de las plantas del grupo, que cuenta con una factoría de Citroën en Vigo y con otra de esa misma marca y de Peugeot en Villaverde (Madrid), cuando el comité de empresa (UGT, CCOO, OSTA, CGT y Acumagme) puso sobre la mesa el documento de cinco reclamaciones que las asambleas consideran un punto de partida innegociable.

Parece ser que a la burguesía vasca, no le ha agradado para nada los acuerdos sindicales de las trabajadoras de Residencias en Bizkaia a los que llegaron tras el fin de la Huelga de casi dos años, el pasado 27 de Octubre de 2017.

Casi todas las semanas aparece en su diario oficial, el Deia, alguna que otra  noticia antiobrera y anticomunista sobre la URSS, Stalin, o la RDA. En estos últimos días de este frío mes de Febrero se vanaglorian de la caída del muro de Berlín, por aquello de los más de 10.000 días pasados al respecto.

Tampoco nos sorprende la verdad, teniendo en cuenta la mitificación que tienen sobre el  modelo de cadena humana realizado en los Países Bálticos en 1990 para derrumbar la Unión Soviética. Movimiento reivindicativo de protesta, entonces denominado como “frentes populares”, tan ponderado por los “Jóvenes Turcos” de la CIU de Artur Mas y Puigdemont  y de los “Jóvenes Burukides Bizkainos” del lehendakari Iñigo Urkullu.

Subcategorías