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En los últimos años han sido numerosas las ocasiones en las que los empresarios, con el apoyo de políticos como Mariano Rajoy o Esperanza Aguirre, han manifestado la necesidad de modificar el derecho de huelga. 

 

La Confederación empresarial de Madrid (CEIM), con Arturo Fernández a la cabeza, exige que se apruebe una ley de huelga con modificaciones tales como la desaparición de los piquetes informativos durante las huelgas, ya que según ellos carecen de sentido. Una señal clara de la mordaza que quieren imponer a la clase trabajadora: no solo te privo de cualquier derecho laboral, sino que encima te privo del derecho a informar de los motivos por los que se ejerce la huelga. Es un paso más dirigido a criminalizar los piquetes informativos, considerándolos, este señor y sus amigos empresarios, violentos y peligrosos para los ciudadanos. Que desaparezca la prohibición del esquirolaje es otra de las exigencias planteadas, de modo que el empresario pueda recurrir a trabajadores externos para sacar adelante el trabajo durante la huelga, en aquellos casos en los que considere que no se realizan los servicios mínimos. Otra de las novedades deseadas por los empresarios sería la posibilidad de restringir el derecho de huelga a ciertos periodos del año, de modo que la huelga solo pueda llevarse a cabo cuando a los empresarios no les resulte demasiado perjudicial la huelga, lo que supone otro ataque brutal a un derecho fundamental como es el derecho de huelga. En definitiva, limitar la huelga de tal modo que se pueda realizar cuando al empresario le venga bien, dejando el ejercicio de este derecho al arbitrio y “generosidad” del patrón, que de forma magnánima un día, como premio, permita que sus trabajadores vayan a la huelga, pero calladitos, sin hacer ruido y sin molestar.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) también ha ido soltando mensajes dirigidos en el mismo sentido de restringir el ejercicio del derecho a huelga. De modo que Juan Rosell y sus amigos ya en 2012 manifestaron que a pesar de que la reforma laboral, llevada a cabo por el gobierno de Mariano Rajoy y por todos bien conocida, fue positiva y adecuada a sus intereses no fue todo lo restrictiva con los derechos laborales como debería haber sido en su opinión, manifestando su urgente necesidad de limitar el derecho a la huelga. Y es ahora en estos meses cuando vuelven a la carga, elaborando un informe para el gobierno, en el que señalan la necesidad de una nueva reforma laboral, en la que se incluya la ampliación del periodo de prueba a un año, en el que se posibilite encadenar contratos temporales sin limitación temporal, además de señalar, como ya es costumbre en la patronal, la necesidad de reducir las indemnizaciones por despido. Junto a estas recoge varias exigencias respecto a la huelga; que la huelga se apruebe por la votación de la mayoría de los trabajadores mediante votación secreta, la obligación por ley de unos servicios mínimos sin que estos tengan que ser negociados entre empresario y trabajadores, y por último, como ya señaló la CEIM, el prohibir cualquier tipo de información sobre la huelga desde 24 horas antes del inicio de la misma.

En resumen, propuestas todas ellas encaminadas a restringir y eliminar cada vez más los derechos de la clase trabajadora, criminalizando las protestas, amenazando con sanciones para los trabajadores más organizados y combativos. Es ante estas agresiones por parte de la patronal cuando debemos dar un paso adelante, organizándonos en cada centro de trabajo y saliendo a las calles a luchar.

David V.R.