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Con la Ley 27/2011, de 1 de agosto, la Seguridad Social debe enviar una comunicación, meramente informativa, a cada trabajador/a sobre su futuro derecho a la jubilación ordinaria, sin que origine derechos ni expectativas de derechos a su favor. La Ley establece que, simultáneamente, se tendrá que informar acerca de los instrumentos de carácter complementario o alternativo que contemplen compromisos por jubilación como Mutualidades de Previsión Social, Mutualidades alternativas, Planes de Previsión Social Empresariales, Planes de Previsión Asegurados, Planes y Fondos de Pensiones y Seguros individuales y colectivos de instrumentación de compromisos por pensiones de las empresas.

 

De esta manera se informa acerca de la pensión de jubilación de la Seguridad Social y de la pensión privada. Esta medida viene determinada desde la Unión Europea (UE), que decidió que los Estados miembros deben optimizar la eficacia y la rentabilidad de los incentivos fiscales y de otro tipo para los planes de ahorro privados de jubilación, animando a informar mejor a los trabajadores y a las trabajadoras sobre sus jubilaciones y fomentando que hagan un plan de pensión complementario al de la Seguridad Social, ¿con qué finalidad?

En España se decidió informar a las personas mayores de 50 años, con un cálculo especulativo acerca de la pensión que les va a corresponder cuando cumplan la edad legal de jubilación, para que vean lo poco que les va a quedar y contraten ya un plan privado de pensiones.

No importa que en España exista un tope máximo de cotización, por encima del cual es imposible ingresar cuotas en la Seguridad Social (Ley 22/2013, de 23 de diciembre). Es decir, se pretende que quien más gane (a partir de 3.597 euros mensuales) más ahorre para tener un plan privado de pensión, dado que de su salario sólo se puede descontar lo que marca la Ley, o sea un porcentaje sobre el máximo. Quienes obtengan unas retribuciones por encima de ese importe no ingresan unas mayores cotizaciones a la Seguridad Social, y así sólo quienes más ganan pueden destinar una parte de sus ingresos a financiarse un plan privado de pensiones para cuando alcancen la edad y puedan dejar de trabajar.

En España todavía se quiere ir más lejos y se pretende informar, a partir de 2015, a quienes ya tengan 40 años de edad, indicándoles la fecha a partir de la cual se pueden jubilar, los períodos de cotización que van a necesitar y el importe estimado de la pensión en 14 pagas al año.

Esta información es meramente hipotética: basta con pensar en cómo a los 41 años de edad alguien puede tener la mínima garantía de cuál va a ser el importe de la pensión que cobrará dentro de 26 años, cuando cumpla los 67. El cálculo sólo puede estar basado en la ficción de que durante esos años no se pierde el puesto de trabajo o que en el caso de cambiar de empleo se mantendrá el mismo nivel salarial y, en consecuencia, de cotización a la Seguridad Social. Es más: es prácticamente imposible saber qué requisitos de cotización se van a exigir dentro de tantos años. En definitiva, ninguno de estos elementos puede preverse con tanta antelación.

Esta información no vale para nada, salvo para incentivar la privatización de las pensiones. De ahí que la información irá acompañada de una carta de las entidades privadas con las aportaciones que se pueden hacer para obtener, en su día, una pensión privada de jubilación.

Pero eso no es todo, el coste del plan informativo puede llegar a los 11 millones de euros hasta el año 2016, ¿es necesario gastar ese dinero desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social?, ¿por qué no lo financian las empresas privadas que son las que verdaderamente se van a beneficiar con esta campaña?

Pero ya sabemos que la UE no protege los derechos de la clase obrera, sino que, por el contrario, sólo vela por los intereses de los monopolios en un sistema capitalista, que, claramente, se encuentra en su fase imperialista.

Por lo tanto, sólo se puede concluir: NO a la UE, salida inmediata de la UE, de la OTAN y del Euro.

Ignacio Pastor