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La brutal crisis de sobreproducción y sobreacumulación de capital que azota a los países de la Unión Europea evidencia ante las grandes mayorías que las condiciones objetivas para la revolución socialista existen ya en nuestro país.

La oligarquía cada vez necesita mayores niveles de violencia y represión para evitar que la subjetividad de las masas pase del estadio de la mera resistencia a un nivel superior, de contraataque, de lucha por la toma del poder. Esta situación evidencia el carácter de clase de esta democracia burguesa, que no duda en expulsar a los trabajadores y trabajadoras de sus viviendas o en reprimir con dureza toda expresión de lucha obrera o popular.

Baste recordar lo ocurrido en diciembre de 2010, cuando el gobierno del PSOE militarizó la torre de control del aeropuerto de Barajas en plena huelga de los controladores aéreos, o las imágenes de violencia durante las últimas Huelgas Generales, o las duras cargas policiales en las huelgas mineras de León y Asturias, o las agresiones a los trabajadores en lucha de miles de empresas en todo el país, o los ataques a los estudiantes en huelga en la Universidad Autónoma de Barcelona o el campus madrileño de Somosaguas.

El PCPE y los CJC sufrimos la represión en nuestras propias carnes. Desde el caso de nuestros tres camaradas catalanes injustamente acusados de incitar la violencia en manifestaciones, a los tres camaradas asturianos acusados falsamente de terrorismo, pasando por los cientos de sanciones administrativas que buscan apartarnos de la lucha utilizando el miedo y las amenazas.

Este guión se repite en todos los países de la Unión Europea, cuyos organismos además han desatado una fuerte campaña anticomunista promocionando leyes para criminalizar las ideas y los símbolos comunistas. Esta campaña, además, está dando alas al crecimiento de los grupos fascistas, cuya relación con las instituciones es larga y profunda.

Conocemos los casos del partido Jobbik en Hungría, que hace bandera del odio hacia los gitanos y judíos, las declaraciones racistas de varios partidos escandinavos o al tristemente célebre Amanecer Dorado griego, implicado en asesinatos y amenazas contra inmigrantes, militantes comunistas o antifascistas.

Las distintas llamadas a nivel europeo en contra de la financiación de partidos fascistas, por el veto para la participación en instituciones europeas o incluso por su ilegalización han sido recibidas con indiferencia por la Unión Europea y sus Estados miembros, mientras que se demuestra día tras día la vinculación de estos grupos con sectores empresariales y oligárquicos, que los utilizan como “grupos de choque” contra todos aquellos opuestos a sus intereses.