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La Constitución de 1978, reivindicada por la burguesía como ejemplo de pacto de convivencia, reconoce “algo” que no es para la clase obrera, como resulta evidente después de 35 años.

 

Si quieres una casa, ahorra. Si quieres educación te la pagas. Si quieres tener asistencia sanitaria cómprala. Si quieres igualdad no te quejes que antes estábamos peor. Si quieres Seguridad Social no te jubiles nunca que necesitamos tus cuotas.

Y si ya eres pensionista pues, mala suerte, que se ha gastado el dinero y no hay para revalorizar el importe de las pensiones. Y así, sin avisar, se acordó por Real Decreto-ley la congelación de pensiones del año 2010.

Y a continuación se adoptaron nuevas medidas para los años 2012 y 2013, que vuelven a incumplir la Recomendación 11 del Pacto de Toledo de 1995, de acuerdo con la cual «debe garantizarse el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante la revalorización automática de las mismas, en función de la evolución del índice de precios al consumo y a través de fórmulas estables de contenido similar a la aplicada el presente año».

Dicho pacto se sigue exhibiendo con orgullo, por quienes mandan, que son quienes lo incumplen una y otra vez, como se ve en el caso de los y las pensionistas que vuelven a perder capacidad adquisitiva. ¡Para eso sirven los pactos con la burguesía!

La revalorización de pensiones constituía el elemento legal para asegurar el mantenimiento de su valor ante el incremento de los precios. Sin embargo, en un espacio de 2 años (en mayo de 2010 y en noviembre de 2012), los sucesivos Gobiernos españoles han dejado sin efecto dos veces la normativa que garantiza la revalorización de pensiones, haciendo que vayan acumulando pérdidas de poder adquisitivo. Ello resulta sin duda preocupante no sólo para el colectivo de pensionistas que sufre el perjuicio sino también para toda la clase obrera y para los sectores populares, puesto que, entre otras razones, las familias, en número creciente, viven gracias a los ingresos de quienes cobran una pensión.

Esta reincidencia ya presagiaba lo que iba a suceder: una vez que se ha comprobado la facilidad con la que las revalorizaciones pueden dejar de cumplirse, las pensiones dejarán de actualizarse conforme a la evolución del IPC y volverán a ser condenadas a perder poder adquisitivo.

De nuevo a través de un Real Decreto Ley el 28/2012, de 30 de noviembre, se decide no abonar a los y las pensionistas la diferencia en un pago único, antes del 1 de abril de 2013, (como se venía haciendo hasta entonces) y a pesar de la desviación del año anterior, es decir, del IPC previsto y el IPC real entre noviembre de 2011 y noviembre de 2012.

La congelación de las pensiones se convierte en otro instrumento para contener el gasto, en un contexto social en el que España ha sufrido una terrible destrucción de empleo, alcanzado la tasa del 26% de desempleo (llegando a superar los seis millones), con muchos trabajadores y trabajadoras que han tenido que adelantar la edad de jubilación, tras quedar fuera del mercado laboral contra su voluntad y con la aplicación de severos coeficientes reductores que han mermado la cuantía de sus pensiones.

Y así se llega a la tercera (y quién sabe si será la vencida) con la aprobación del nuevo índice de revalorización de pensiones mediante la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, cuyas previsiones han justificado que la revalorización se haya fijado en un 0,25% para el año 2014. Y todo ello de conformidad con la política de adecuación del sistema de pensiones planteado por la UE.

Esta última medida se justifica en que las pensiones se revalorizan cuando se pueden revalorizar. Y en el PCPE nos preguntamos ¿en función de qué criterio? ¿De que haya dinero para quién y para qué? ¿Para la clase obrera y para tener una buena calidad de vida o para que unos pocos se sigan enriqueciendo y sólo ellos tengan una excelente calidad de vida?

Y la respuesta es que la garantía de la protección social de los trabajadores y de las trabajadoras sólo cabe mediante la salida de la UE.

Ignacio Pastor