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Un cuento de hadas patrocinado por el reformismo político y sindical

Marx y Engels nos enseñaron que la clase que controla los medios de producción material también lo hace sobre los medios de producción intelectual. De este modo, se generan ideas que sólo funcionan para mantener el sistema de dominación de clase abriéndose paso, en muchas ocasiones, en diametral oposición a la realidad histórica y a la evidencia científica. Una de esas ideas es la existencia de un “modelo social europeo” sólo puesto en peligro a partir de la actual crisis económica y las consiguientes recetas políticas de “austericidio” impuestas por la “Troika”. Precisamente de esta idea, que no deja de ser de la clase dominante, se hicieron recientemente eco los promotores de las “Marchas por la Dignidad” con su principal consigna “Fuera los Gobiernos de la Troika”.

Ante la evidencia de la participación activamente cómplice de la UE en el diseño y aplicación de las medidas antiobreras y antisociales que, aunque ahora de manera acelerada, ya venían ejecutándose desde antes del estallido de la presente crisis general del sistema capitalista, los profetas de la “Europa Social y de los Pueblos” se escudan en el carácter “no democrático” de ciertas instituciones como la Comisión Europea o el Banco Central Europeo para así “salvar” el proyecto imperialista en su conjunto y acallar sus propias conciencias. Parecería que estos organismos obedeciesen a fenómenos naturales inevitables o hubiesen surgido por generación espontánea; o que jamás del Parlamento Europeo, pulcramente “democrático”, hubiese emanado legislación alguna contra los servicios públicos y sociales en Europa y, en definitiva, contra el pueblo trabajador.

Si bien es cierto que las conquistas logradas por la clase obrera en la Unión Soviética y resto de países socialistas de Europa central y del este obligó a la Europa occidental capitalista a desarrollar sus servicios públicos, este desarrollo fue muy desigual y siempre estuvo permanentemente amenazado por los intereses de los grandes monopolios. El ataque a los servicios públicos a nivel mundial tuvo una declaración inicial al comienzo de la denominada Ronda Uruguay (1986-1994), ya en el entorno del triunfo temporal de la contrarrevolución en la Europa socialista. El “Acta Final”, firmada en Marrakesh en abril de 1994, contiene el “Acuerdo Fundacional de la Organización Mundial del Comercio (OMC)” y el anexo “Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS)”. En su preámbulo el GATS enfatiza como uno de sus deseos “el pronto logro de niveles cada vez más elevados de liberalización del comercio de servicios”.

La Unión Europea (como tal UE y antes CEE) ha sido parte activa en esos acuerdos que abrían en canal los servicios públicos al mercado internacional y, consecuentemente, a su privatización. El capital monopolista necesita estructuralmente de un crecimiento continuo de su tasa de ganancia. En un mundo de recursos limitados, que muestra las primeras señales de agotamiento de fuentes energéticas hasta ahora esenciales, y en que al imperialismo cada vez le quedan menos pueblos y territorios por esquilmar, el sistema capitalista intenta desesperadamente remontar a costa de la sobreexplotación de nuestra fuerza de trabajo y buscando nuevos mercados en la privatización de los servicios públicos que todavía le quedan a los países centrales del polo imperialista europeo. Hasta tal punto la propia UE ha abdicado de su pretendido contenido social, que en el mismísimo Tratado de Lisboa (TL), en vigor desde finales de 2009, se omite el término “Servicio Público”, no vaya a ser que nos creamos que realmente nos pertenecen, más allá de que muy mayoritariamente los financiemos con las rentas del trabajo. En su lugar, utilizan la expresión “Servicios de Interés General (SIG)”, que ya no implica ni titularidad ni gestión públicas. La fallida Constitución Europea establece en su artículo I-3.2 el que, sin embargo, continúa siendo el objetivo central de la UE trasladado al TL, a saber, la generación de un “mercado interior en el que la competencia sea libre y no esté falseada”. Y este principio se aplica a fuerza de trabajo, mercancías y servicios, incluidos, por supuesto, los que todavía entendemos como servicios públicos. Sólo falta una Directiva sobre SIG que interprete que su gestión pública directa es incompatible con la libre competencia consagrada constitucionalmente, para que la UE haya expedido el certificado de defunción de todos los servicios públicos de esa Europa “social” añorada por los oportunistas.

A pesar de que el TL establece que “las disposiciones de los Tratados no afectarán en modo alguno a la competencia de los Estados miembros para prestar, encargar y organizar servicios de interés general que no tengan carácter económico” como podrían ser, por ejemplo, sanidad, educación y otros servicios sociales, en realidad se trata sólo de un protocolo anexo que aporta una protección muy débil de los servicios públicos más esenciales. Se debe tener en cuenta que, como ocurre en el Estado español, en la mayoría de los países de la UE los servicios públicos de titularidad estatal (incluso los más esenciales) son prestados en competencia con proveedores privados que reciben a cambio contraprestaciones económicas. Por otro lado, incluso servicios de titularidad y gestión públicas han “externalizado”, es decir, privatizado, partes del servicio (por ejemplo, en los hospitales públicos la limpieza, lavandería, mantenimiento, cocina, laboratorios, pruebas diagnósticas, esterilización,…). Y si esto fuera poco, tanto en la sanidad como, más recientemente, en la educación, se están extendiendo los modelos mixtos de “colaboración público-privada”, uno de los mecanismos privilegiados por la UE para privatizar los servicios públicos. Esta intrincada maraña entre los ámbitos público y privado hace que, incluso aquellos servicios públicos más esenciales caigan en el agujero negro del mercado interior de la UE y, por tanto, de esa competencia dirigida a que absolutamente todos los servicios rentables sean gravitatoriamente atraídos por los grandes consorcios privados.

En cumplimiento del dogma de esa pretendida “competencia no falseada”, y una vez “liberalizado” el servicio, su proveedor público (si sobrevive) ni siquiera tiene preferencia a la hora de recibir fondos públicos ya que supondría otorgar una “posición dominante” al servicio de titularidad estatal: un “pecado capital” severamente castigado en la UE. No importa las consecuencias que este proceso tenga sobre la universalidad y calidad del servicio o sobre las condiciones laborales de sus trabajadoras/es. No importa que ese servicio eléctrico, ferroviario, postal, educativo, sanitario, de pensiones,… haya sido construido durante décadas sobre el sudor y los impuestos del pueblo trabajador.

En definitiva, la oligarquía lo tiene claro: califican de “competencia desleal” a los servicios de titularidad y gestión pública directa. Sólo si son potencialmente rentables, claro está. Son consecuentes con sus intereses de clase. Por el contrario, la clase obrera ve usurpada la defensa de sus intereses objetivos por unos reformistas políticos y sindicales que, como una de las expresiones de su carácter conciliador de clases, pretenden igualmente conciliar la titularidad y gestión pública de los servicios con la del sector privado. Predican una banca pública pero jamás defenderán la nacionalización de toda la banca; dicen defender la sanidad pública pero apoyan la Ley 15/97 que sustenta legalmente su privatización; atacan furibundamente a la LOMCE pero defienden los conciertos educativos y evitan siquiera confrontar con una escuela privada, nacional-católica y parasitaria que se lleva 4.610 millones € de los PGE mientras los colegios e institutos públicos se caen literalmente a pedazos o no les llega el presupuesto ni para pagar la calefacción. Sólo hay que verles la carita que se les pone cada vez que los comunistas lanzamos la consigna “Ni un € para la privada ni tampoco para la concertada” en las movilizaciones que ellos mismos convocan.

José Barril