El otro gran ámbito afectado por los 'minijobs' es Osasunbidea, donde la incidencia será seguramente mayor, con casos propios del capitalismo más explotador del siglo XIX.

Por poner un ejemplo, en el Hospital de Navarra hay trabajadoras a las que se les hacen 17 contratos en un mes, con duraciones de menos de una jornada, y para ir rotando de planta en planta. Se ha convertido en norma general sustituir contratos al 100% con personal al 80 ó al 60% de la jornada.

Se mueve al personal de Ubarmin al Complejo Hospitalario de un día para otro, y se fuerzan situaciones escandalosas: empleados/as que deben formarse en dos horas para trabajar otras cinco, y que al día siguiente son desplazados a otra función completamente diferente.

Y vuelta a empezar. Hay numerosos casos de llamadas a las 12 del mediodía para entrar a trabajar a las tres de la tarde, sin saber para cuánto tiempo y firmando el contrato días más tarde, lo que genera una indefensión absoluta. Una primera consecuencia es que el afectado/a no puede optar a otro contrato: no sabe si estará libre, y esa negativa le puede acarrear perder su puesto en la lista de contratación, lo que supone una condena al paro de larga duración.

En algunos departamentos, se contrata para un día y se obliga al personal a irse una hora antes para que ese tiempo compute como vacaciones gastadas, y así no abonarlas en el finiquito. Esta práctica esclavista deja a muchos centros con menos personal en las horas de más trabajo (asistencia a enfermos o dependientes durante comidas, etcétera).

Para profundizar en el caos, al numeroso personal fijo de Osasunbidea ya no se le da un calendario anual, sino mes a mes: a principios de abril, cientos de empleados/as no saben si tienen que trabajar en Semana Santa.

La movilidad geográfica y funcional del personal, sumada a un incremento exponencial de la precariedad y la temporalidad son, junto con el despido libre y gratuito, algunas aplicaciones de la doctrina de la flexiseguridad en la que se han inspirado todas las contrarreformas laborales habidas en los últimos años. El deterioro de la calidad de la asistencia sanitaria causada por la destrucción de los derechos laborales del personal sanitario es un "mal menor", cuando no un efecto buscado para convertir a los pacientes de la sanidad pública en clientes de centros privados en los que un servicio público básico de primera necesidad se convierte en un nuevo espacio de acumulación de capital y fuente de beneficios para los monopolios de la salud.

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