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Los acontecimientos que han venido desarrollándose en Venezuela –a partir de la semana en la que se celebraba el bicentenario de los eventos históricos que dieron lugar al Día Nacional de la Juventud, 12 de febrero–, son en realidad un nuevo episodio de la ya larga cadena de tentativas de diverso tipo adelantadas por las fuerzas de la derecha contra el proceso de cambios democráticos y progresistas iniciado en 1999 tras el primer triunfo electoral del fallecido Presidente Chávez.

Para entender lo que hoy sucede en Venezuela, es necesario recordar las diversas intentonas, desde las más o menos pacíficas y legales hasta las violentas y abiertamente anticonstitucionales, que han protagonizado las fuerzas de la derecha nacional a lo largo de los últimos 15 años, con el auspicio y el apoyo directo e indirecto de intereses extranjeros, especialmente de Estados Unidos, Colombia y España.

Ya a fines de 2001, hubo un episodio de sabotaje a la economía bajo la forma de un lock-out patronal, ordenado a sus afiliados por Fedecámaras, la principal organización empresarial del país, como acto político contra las decisiones legítimas del gobierno en defensa de la industria petrolera nacional, liquidación de los latifundios y lucha contra las prácticas empresariales monopólicas. Aunque esta acción sólo se sostuvo por unos días y causó relativamente poco daño directo a la economía, fue sin duda un episodio preparatorio para lo que vendría de inmediato.

Golpe de Estado de 2002

En abril 2002, tras varios meses de intensas campañas mediáticas contra el gobierno, la propia Fedecámaras, en complicidad con las fuerzas políticas de la derecha, la organización sindical CTV (tradicionalmente controlada por aquellas), los medios de comunicación y algunos sectores de la Fuerza Armada Nacional (FAN), ejecutaron un golpe de Estado enmascarado bajo una manifestación de protesta que supuestamente habría sido reprimida por el gobierno del Presidente Chávez (cosa que luego resultó desmentida por diversas investigaciones independientes).

Antes de dos días, se produjo una masiva rebelión popular-militar contra el recién instalado gobierno ilegítimo presidido por el hasta entonces Presidente de Fedecámaras, y se logró la restauración del gobierno constitucional. No obstante, el resto del año 2002 y los primeros meses de 2003 estuvieron marcados por episodios de combates callejeros iniciados por las fuerzas de choque de la derecha. Hubo, asimismo, actos de insubordinación de algunos oficiales de la FAN contra sus mandos naturales, que incluyeron la ocupación ilegal de una plaza pública a lo largo de varias semanas por los sediciosos, y reiterados llamados al desconocimiento del gobierno constitucional.

Un segundo lock-out patronal, mucho más prolongado y drástico que el del año anterior, se extendió por más de tres meses desde diciembre de 2002, y se aunó a una campaña de actos directos de sabotaje a la industria petrolera, al sistema eléctrico nacional, a los sistemas masivos de transporte y comunicación, y hasta a la infraestructura vial del país.

Se pretendía esta vez, y así lo declararon públicamente los dirigentes de tales acciones, causar un nivel insoportable de daño a la economía nacional, a fin de hacer insostenible la situación y causar el colapso del gobierno del Presidente Chávez. Pero una vez más la organización del pueblo logró sobrellevar los severos inconvenientes causados por el sabotaje y derrotar a los conspiradores, pese al gravísimo daño que sufrió la economía (una caída de casi 20% del PIB en menos de dos años).

Cambio de táctica de la oposición

Desde principios de 2003, derrotadas por el momento las intentonas violentas, las fuerzas de la derecha iniciaron una ofensiva para forzar la aplicación contra el Presidente Chávez del mecanismo constitucional del referendo revocatorio de mandato, sin respetar los plazos y procedimientos legales para ello. Tras meses de tensión y agitación, las autoridades electorales nacionales lograron obligar a la oposición a cumplir y respetar los trámites legales para la solicitud y realización del referendo, que finalmente tuvo lugar en agosto de 2004 y resultó en una clara victoria del Presidente Chávez.

A fines de 2005, en un intento de deslegitimar frente la comunidad internacional al gobierno y a las autoridades electorales (a las que acusaron de fraude tras el referendo del año anterior, sin haber jamás aportado evidencia alguna de ello), las cúpulas de la oposición llamaron a boicotear las elecciones convocadas para la renovación del Parlamento nacional. Aunque en efecto hubo en esa oportunidad una tasa de abstención superior a la habitual en Venezuela (país en que la participación electoral suele ser masiva y entusiasta), el procedimiento electoral se llevó a feliz término sin inconvenientes de importancia, con transparencia y limpieza inobjetable, lo que dejó sin efecto una vez más las denuncias de la oposición.

Esta serie de descalabros llevó a un cambio en la táctica de la oposición, pasando a un mayor protagonismo figuras que se mostraran menos comprometidas con las intentonas violentas e ilegales. Tras el arrasador triunfo de Chávez en los comicios presidenciales de 2006, reelegido para un nuevo período constitucional, las fuerzas de la derecha quedaron severamente debilitadas y entraron en una relativa inactividad sólo rota por los numerosos procesos de elección de diputados nacionales, gobernadores, diputados regionales, alcaldes y concejales, procesos en los que generalmente resultaron vencedores los candidatos de la alianza política dirigida por el Presidente.

A fines de 2012, pese a la grave enfermedad que se le había diagnosticado el año anterior, y que lo había obligado a reducir su nivel de actividad y a ausentarse de la vista del público por lapsos más o menos prolongados, el Presidente Chávez fue reelegido de nuevo, para el período constitucional 2013-2019. Su fallecimiento, acaecido cuando apenas habían transcurrido menos de dos meses de este nuevo período, obligó a la realización de nuevas elecciones presidenciales, y despertó los apetitos de la oposición.

Tras la muerte de Chávez

En efecto, creyendo que una vez desaparecido el Presidente Chávez se le abría una vía franca hacia la conquista del gobierno, la derecha se animó y movilizó ante las elecciones presidenciales de abril 2013 con una fuerza que no había tenido desde hacía casi 10 años. Mientras tanto, fuerzas que apoyaron al Presidente Chávez, ante la pérdida de quien había sido su líder indiscutido por tanto tiempo, cayeron en una cierta parálisis y desmoralización. Y como consecuencia, las fuerzas de la derecha obtuvieron su mejor resultado electoral desde 1999. Perdieron de nuevo, aunque esta vez por menos de dos puntos porcentuales.

Este resultado relativamente estrecho, sumado a dificultades y deficiencias acumuladas a lo largo de los años de gobierno del Presidente Chávez, creó un marco favorable para la posibilidad de una nueva fase de conflictividad abierta. Desde el mismo instante de la proclamación del triunfo del ahora Presidente Nicolás Maduro, las fuerzas más extremas de la derecha retomaron la iniciativa y lanzaron una violenta ofensiva que pretendía resucitar las viejas denuncias de fraude electoral y los llamados al desconocimiento de las autoridades legítimamente constituidas.

Durante casi una semana tras las elecciones de abril, diversos actos de sabotaje, bloqueos de calles, motines callejeros (llamados “guarimbas”), ataques a autoridades y a locales oficiales, causaron al menos una docena de víctimas fatales, casi todas de civiles favorables al gobierno. Una vez más, se produjeron las consabidas campañas mediáticas nacionales e internacionales de denuncia de los supuestos abusos de represión gubernamental.

Hacia fines de 2013, ante lo que percibían como la creciente debilidad del Presidente Maduro, las fuerzas de oposición asumieron la elección de alcaldes y concejales con el objetivo de lograr un triunfo resonante y, así lo declararon, convertir tal resultado en un referendo implícito de facto que dejaría deslegitimado al Presidente y lo obligaría a renunciar y convocar nuevas elecciones. El resultado del proceso electoral de diciembre fue, no obstante, exactamente el contrario: casi 75% de los cargos en disputa fueron ganados por candidatos de la alianza política dirigida por el Presidente Maduro, y la diferencia entre la votación total obtenida por ésta y la obtenida por la alianza de las fuerzas de oposición creció desde el relativamente estrecho 2% de abril hasta un más confortable 10%.

Con este último resultado la derecha vuelve a perder utilizando la táctica electoral, lo que la aleja de lograr legalmente su estrategia de hacerse con el gobierno y recobrar el control total sobre el Estado. Esto desencadena la actual ronda de disturbios y violencia reaccionaria, encabezada de nuevo por la fracción ultraderechista de la oposición, activando sus núcleos fascistas enmascarados como movimiento estudiantil. Pero nuevamente están siendo derrotados, con unidad clasista y popular.