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Lamentablemente, cuando en estos días leemos que una empresa plantea un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) es imposible que sepamos a qué empresa del estado o a qué sector pertenece, y es que la patronal, para mantener su estatus quo durante cualquier crisis, debe mantenerse viva en el mercado y eso solo lo puede hacer manteniendo su tasa de beneficio. Una crisis puede situar a un empresario en un lugar más privilegiado del mercado cuando sus empresas absorben el vacío que dejan las que se arruinan. La fórmula que sigue el capitalista es una: obtener más beneficios reduciendo costes. Por ello los grandes empresarios se aprovechan de la anarquía que ofrece el capitalismo en el contexto general, beneficiándose de las facilidades que le ofrecen las diferentes reformas laborales y la complicidad de la Unión Europea.

Retomando el hilo, si tras los datos de la noticia leemos que los trabajadores y trabajadoras decidieron plantarse y, ejerciendo su derecho sindical a la celebración de asambleas en centros de trabajo, por encima de categorías y divisiones sindicales, se ha ido manteniendo la necesidad mayoritaria de defender sus intereses laborales por la vía de la huelga, de la que, a día de hoy, llevan 157 días, entonces solo nos pueden estar hablando de los ejemplares obreros y obreras de la fábrica de Panrico en Santa Perpetua de Mogoda.

Efectivamente, después de haber degustado un amargo y amplio surtido de agresiones brindadas por la patronal (cargas a pie de fábrica, detención de un miembro del comité de empresa, ataques desde los medios de comunicación) siguen comprobando cómo su antagónico enemigo de clase utiliza su herramienta más potente, el Estado y más en concreto el “Govern de Catalunya”, para retomar el control de la planta, para castigar a nuestros héroes y dar ejemplo al resto de trabajadores y trabajadoras de España.

El pasado 13 de febrero se celebró en el juzgado número 3 de Sabadell el juicio con el que la dirección de la empresa pretendía que se declarara ilegal el paro indefinido que la fábrica mantiene desde el 13 de octubre (5 meses) y se impusieran multas de escándalo a varios trabajadores como indemnización “por las pérdidas materiales”. El juez decretó que para conocer la resolución del juicio tendremos que esperar a que acabe el conflicto. Entre tanto, la Generalitat reiteró su compromiso de clase, proponiéndose a «tramitar y negociar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal» que facilite la viabilidad y la puesta en marcha de la planta de Santa Perpetua, lo que significó que la patronal de Panrico aceptara la propuesta de mediación realizada por la Dirección General de Relaciones Laborales de la Generalitat, y retirara la demanda contra el comité de huelga. Sobra decir que los trabajadores se mantienen firmes en sus demandas (0 despidos, 0 rebaja salarial), y tienen previsto presentar una querella contra la empresa con motivo de presunto delito de injurias. Según los demandantes, algunas declaraciones publicadas en los medios, atribuidas a fuentes de la compañía, aseguraban que “no podían confiar en que los trabajadores no envenenasen los donuts que producían”.

La plantilla de Panrico de Santa Perpetua cuenta con 345 trabajadores, y la dirección propone 215 despidos más rebajas salariales del 18%. A fecha de hoy ya han sido despedidos 40 empleados, a los que se sumarán otros 150 antes de verano (sin contar los que se han ido por su cuenta).

Sin lugar a dudas, una vez más la democracia burguesa entra en contradicciones y evidencia que los derechos en favor de los empresarios son incompatibles con las concesiones que la clase obrera les arrancó en su día en el marco de la lucha de clases. Reafirma la certeza de que los intereses de la mayoría (clase obrera y los sectores populares) son antagónicos a los de la minoría que sustenta el poder político en sus manos (la burguesía). Este próximo 20 de marzo se celebrará otro juicio del caso Panrico, en la Audiencia Nacional, en el que los trabajadores de Santa Perpetua impugnarán el acuerdo que la patronal de la empresa alcanzó en noviembre sobre el plan de ajuste que incluía el despido de hasta 745 obreros y obreras, con las rebajas salariales del 18%. La lucha continúa.

Eric Rodríguez
Miembro del Comité Central de CJC