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La pertenencia de España a la Unión Europea ha supuesto nefastas consecuencias para los sectores agrícola, pesquero y ganadero y, con ello, para la mayoría obrera y popular.

La Unión Europea, como estructura al servicio del capitalismo y sus intereses, crea, implanta y desarrolla políticas económicas encaminadas a beneficiar a los grandes grupos monopolistas, quienes principalmente buscan elevar su tasa de ganancia. Dentro de esta estrategia, a los pueblos de la UE se les impone cuánto producir, a quién vender, a quién comprar, a qué precios hacerlo... teniéndose en cuenta únicamente los intereses del capital monopolista y con absoluto desprecio hacia el nefasto impacto que estas políticas tienen para la clase obrera y los sectores populares, especialmente para los pequeños productores.

La Política Agraria Comunitaria (PAC) es una de estas herramientas al servicio de los intereses del gran capital. Bajo el objetivo de “asegurar al consumidor europeo suministros a precios razonables y garantizar una retribución equitativa a los agricultores, además de contribuir al desarrollo del mundo rural”, con total impunidad se subvenciona a los terratenientes por la simple titularidad de vastas extensiones de terreno y sin importar en absoluto si en esas tierras se produce o no y, por tanto, si se genera empleo en el campo o no.

Son beneficiarias de la PAC importes familias millonarias como los Mora-Figueroa, los Bonet Ferrer, los Hernández Barrera o los Solís, quienes han percibido de la PAC importes más abultados que la familia (de rancio abolengo) Alba, o que el propio ministro de Agricultura Arias Cañete (¿será casualidad que haya ocupado la misma cartera de Agricultura en los gobiernos de Aznar y Rajoy?). Todas estas ayudas que se pagan con dinero público, procedente de los impuestos que pagan la clase obrera y el pueblo trabajador, mientras el campo se empobrece año a año, mientras los consumidores pagan más por los productos que compran en los mercados y mientras los países “menos desarrollados” no pueden acceder al mercado europeo, totalmente blindado por medio de aranceles.

El desmantelamiento de determinados cultivos (como la vid en algunas zonas del país) a cambio de cuantiosas sumas para los terratenientes, ha propiciado la ruina para las trabajadoras y los trabajadores en muchas regiones eminentemente agrícolas, destruyendo la única (en muchos casos) fuente de empleo y riqueza y dejando a esas regiones sin alternativas efectivas y duraderas.

Las condiciones de miseria y explotación en amplias zonas del campo español no han variado mucho con respecto a las del siglo XX y muestran, además, que el capitalismo del siglo XXI no hará más que empeorarlas.

Por otra parte, la UE promueve acuerdos con terceros países a través de los cuales, y siguiendo la misma lógica, se dicta qué deben producir esos países para poder acceder al mercado europeo, obligando por tanto a modificar los sistemas de cultivo y, nuevamente, favoreciendo a los grupos monopolistas que son propietarios de vastas superficies cultivables.

En materia ganadera, la PAC también cumple una finalidad concreta al servicio de las grandes empresas. Los pequeños productores no tienen cabida en un modelo orientado a las grandes explotaciones de las que se nutren las cadenas de distribución alimentarias, que imponen unos precios que, en la práctica, terminan por expulsar del mercado a las pequeñas explotaciones, concentrando aún más la producción y avanzando en la proletarización de los pequeños propietarios.

La imposición de cuotas en la producción hace que no se desarrollen las capacidades productivas existentes, se perjudique el empleo y se llegue al extremo de tener que comprar fuera del país lo que bien se podría producir en España.

Sin tener en cuenta la finalidad de beneficiar a los intereses de las grandes corporaciones alimentarias europeas no se puede entender ni explicar la PAC.

La Política Pesquera Común (PPC), al igual que la PAC, también se orienta a satisfacer los intereses de los monopolios empresariales. Al ponerse del lado de las grandes flotas de altura, cuya creación y desarrollo ha fomentado, perjudica a la pesca tradicional de bajura, lo que nuevamente supone destrucción masiva de empleo.

Como consecuencia práctica de la pertenencia de España a la UE, se está desmantelando el sector pesquero. España es uno de los países más perjudicados en el reparto de cuotas pesqueras que marca la UE. La flota española ha pasado de representar el 52% de la capacidad pesquera de la UE en 1985, al 39% en 2011, lo que se ha agravado con la firma de convenios con otros países como Marruecos, en los que prima garantizar el acceso a los caladeros menos explotados a las grandes empresas.

Esta reducción de capacidad en la cuota ha mermado la flota pesquera, vía desguace o exportación. Además, la flota existente permanece, cada vez más tiempo, amarrada en puerto, lo que implica que cada vez más pescadores busquen otras posibilidades de trabajo.

Podemos concluir, sin miedo a equivocarnos, que la Unión Europea representa un lastre para las potencialidades agrícola, pesquera y ganadera de España. Y por lo tanto un obstáculo para el desarrollo de las fuerzas productivas, para el autoabastecimiento y la generación de riqueza por medios propios.

No hay posibilidad de que la UE ejecute otras políticas, por ejemplo en beneficio de los pequeños productores, pues la UE nació y se ha desarrollado como instrumento a favor de los monopolios, por tanto a favor de la concentración capitalista.

La clase obrera y los sectores populares han de ser conscientes de que, al igual que no es posible otro capitalismo, no es posible una Europa de los Pueblos, porque la UE es un proyecto del propio capitalismo.

Toni Pérez