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Entrevista a Ary García Vázquez, monitora afectada por el recorte de la Junta de Andalucía

¿Quién y cuándo os contrató?

El servicio de Personal de Apoyo a la Gestión Académica y Económica de los centros seleccionados de Educación Infantil y Primaria de Andalucía dio comienzo en el año 2006, siendo el personal, en su mayoría mujeres, contratado a través de empresas privadas, subcontratadas a su vez por el ISE (Ente de Infraestructuras y Servicios Educativos) dependiente de la Junta de Andalucía.

¿Qué tipo de contrato teníais y qué trabajos desempeñabais?

Siempre hemos tenido contratos a fin de obra y servicio. Nuestras vacaciones eran impuestas coincidiendo con los periodos de Navidad o Semana Santa. Y las pagas extraordinarias prorrateadas.

Nuestras funciones principales eran las de apoyo al equipo directivo en la gestión académica y económica del centro pero, al margen de lo exigido en nuestro contrato, cubríamos todas las necesidades de gestión que demandaba nuestro centro: biblioteca, gestiones TIC, primeros auxilios al alumnado, relación con las familias, orientación administrativa a las mismas, labores de animación sociocultural y todo aquello que se pueda imaginar de cuantas actividades se realizan en los centros educativos. Evaluados siempre a final de curso por la empresa a través de un cuestionario de satisfacción que enviaban a los directores o directoras de los centros.

¿Cuál era vuestro salario?

Teniendo en cuenta que nuestra jornada de trabajo dependía de las horas semanales asignadas a cada colegio, el salario medio de un mes completo oscilaba de los 140 a los 325 euros. Muchos de nosotros hemos itinerado de un centro a otro.

¿Por qué os despiden?

Pues, en realidad, es muy difícil responder a esta pregunta; desde mayo de 2006 hemos sido muy válidos en los colegios y así lo reconoce la Comunidad Educativa. Nuestra realidad como trabajadores en una situación laboral miserable era un secreto a voces pero no conocido por la opinión pública. Cansados de esta situación llegan las primeras denuncias y tras estas la reacción de la Junta de Andalucía erigiéndose como defensora de los derechos de los trabajadores y por la dignidad laboral. Se lleva a término el contrato con las distintas empresas, a las que se culpa de la situación laboral en la que estábamos y se anuncia, a bombo y platillo, un plan de choque para la creación de nuestros puestos de trabajo en el que, según las exigencias, no tenemos cabida el 90 % del personal que lleva años realizando este trabajo.

¿Qué respuesta recibís de la Consejería?

Dada nuestra rapidez de organización y movimiento, la Consejería, en un primer momento, deja en suspenso el famoso plan de choque poniendo en manos de los sindicatos la negociación necesaria que, con los cambios precisos, permita la reincorporación de todo el personal. Pasado el tiempo, una decisión unilateral del Consejero deja en entredicho tales negociaciones, poniendo en duda la realidad de las mismas, y decide poner en marcha el plan de choque dejando a 840 personas desempleadas.

¿Qué acciones de lucha os habéis planteado?

Desde el principio nos hemos unido como un grupo provincial que forma parte de una plataforma regional, teniendo siempre en nuestro objetivo la lucha ejemplar y cívica por nuestros derechos. El colectivo se mueve por acciones legales llevadas a los tribunales, movilizaciones en la calle con carácter provincial y regional, movimientos con gran aceptación en las distintas redes, prensa, radio, televisión, de tal modo que nuestro caso llegue a la mayor extensión de opinión pública posible. Pretendemos que se conozca la gran injusticia que se ha venido cometiendo con nosotros y que se cometerá si definitivamente quedamos excluidos del proceso de selección del personal que ha de cubrir nuestros puestos de trabajo.