Hace 45 años se institucionaliza la continuidad del franquismo y la oligarquía en el llamado “Régimen del 78”, el cual siempre hace referencia a la Constitución en el proceso mitificado de la Transición española. Se institucionalizan los pactos de la vergüenza, el olvido y el desmantelamiento de las luchas obreras y populares.
El continuismo institucional franquista bajo la monarquía, con adornos democráticos, sumando la claudicación y traición de los sectores eurocomunistas (PCE, con las políticas de “reconciliación nacional”) y la socialdemocracia (PSOE, con el apoyo y financiación de la socialdemocracia alemana, la CIA y EE. UU.), significó la pérdida y el abandono por parte de la “izquierda pactista” de los valores y la lucha por el restablecimiento de la legalidad de la República, que fue derrocada por un golpe de Estado fascista. El 6 de diciembre de 1978 se institucionaliza la victoria de la burguesía sobre la clase obrera, proceso iniciado en los Pactos de la Moncloa (1977), que supusieron un freno y el desmantelamiento de las luchas obreras que se estaban produciendo, entrando en un período de pactos “sociales” con las burguesías dominantes.
La Transición, con su Ley de Amnistía, finaliza liberando a los responsables de los crímenes del franquismo de sus responsabilidades. Las instituciones franquistas (policías, militares, jueces, etc.) se reconvierten bajo el paraguas de la monarquía borbónica, pasando de ser criminales a ser “democráticas”.
Para entender la situación actual de las movilizaciones y campañas contra la amnistía en el conflicto de Catalunya que están desarrollando la derecha y la ultraderecha, es importante entender que el “franquismo–fascismo sociológico” sigue existiendo y estando presente en la sociedad. Tras 45 años de la Constitución del 78, el franquismo sociológico es una realidad producto de un sistema capitalista en descomposición. Lo estamos viendo estos días en las movilizaciones que se están produciendo y en las marcas políticas que hay detrás de todas ellas (PP-Vox) y una parte de la oligarquía que siempre tiene de reserva la amenaza del fascismo.
La Constitución del 78 sigue siendo la garantía de la monarquía y de la dominación de la oligarquía y los monopolios, garantía que también viene legitimada por el llamado “Gobierno más progresista de la historia de España” (PSOE–SUMAR y demás). La Constitución del 78 es el poder de la dictadura del capital.
La constitución del 78 y su actual gobierno monárquico–burgués también garantiza legalmente (su legalidad burguesa), “la unidad de España”, por lo que no se permitirá la libre autodeterminación de los pueblos que existen en el Estado español.
La Constitución del 78 y el actual Gobierno (PSOE-SUMAR y sus satélites de UP y las burguesías nacionalistas) seguirán gestionando y aplicando las políticas económicas, sociales y de guerra imperialista del capitalismo emanadas desde la UE, la OTAN y los EE. UU., cuyas consecuencias está sufriendo la clase obrera y los sectores populares en el Estado español: paro, pobreza, desigualdades, precariedad, miseria e ignorancia, explotación, racismo y xenofobia, pérdidas de derechos adquiridos (caldo de cultivo para el fascismo). En este punto cabe insistir en que este Gobierno progresista se pliega sistemáticamente a los intereses del sionismo en su objetivo de exterminar al pueblo palestino y subyugar al oriente medio.
Por ello, las y los comunistas del PCPE y la JCPE no queremos esta constitución burguesa y monárquica. Es nuestra tarea la organización del movimiento obrero y popular como respuesta a la actual situación de explotación y barbarie, desarrollando un fuerte movimiento de organización y de lucha hacia la conformación del FRENTE OBRERO Y POPULAR POR EL SOCIALISMO. Por tanto, rechazamos las iniciativas reformistas (PCE y sus satélites) de llevar a cabo una consulta «monarquía‑república» que solo legitimará al modelo de producción capitalista.
Nuestra alternativa al actual sistema de dominación monárquico-burgués es un modelo republicano al servicio de la clase obrera y los sectores populares. En la etapa histórica en la que vivimos no tiene cabida una república burguesa, donde los medios de producción y dominación seguirían estando en las manos de la burguesía. Por ello, nuestra propuesta es por una República de carácter Socialista y popular, donde la clase obrera y sus aliados sean los dueños de los medios de producción y dirijan el proceso político de construcción republicana con base en la unidad ideológica y en la confluencia organizativa que lleven a la clase obrera y a los sectores populares a la consecución del proyecto de una REPÚBLICA SOCIALISTA DE CARÁCTER CONFEDERAL como modelo de un Estado plurinacional y como alternativa de liberación de la clase obrera de la totalidad de los pueblos que conforman el Estado español. Un proyecto para la toma del poder para seguir avanzando hacia el SOCIALISMO Y EL COMUNISMO.
NO A LA CONSTITUCIÓN MONÁRQUICA-BURGUESA
POR LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE CARÁCTER CONFEDERAL
TODO EL PODER PARA LA CLASE OBRERA.
