Nos quieren hacer creer que gozamos de un sistema garante de los derechos fundamentales, amparado en una Constitución en la que aspectos como la sanidad, el trabajo o la vivienda, entre otros, parecieran proclamarse universales. Nada más lejos de la realidad. Tan solo es necesario esbozar unos pocos datos objetivos para desmontarlo y dejar al desnudo los cimientos de la dictadura que el capital ejerce sobre el pueblo trabajador. En estas líneas nos referimos a la vivienda, un derecho universal que, muy lejos de serlo, se torna como elemento de especulación para unos pocos y de lujo inalcanzable para la inmensa mayoría.
En el territorio español son más de 3,8 millones las viviendas que se encuentran vacías, según cifra el Instituto Nacional de Estadística en su estudio publicado en 2021. Es decir, más del 14 % del total de casas y pisos tienen la llave echada y, en su mayoría -en torno al 80 %-, permaneciendo en manos de bancos y de fondos buitre, que, tras desahuciar a sus residentes o adquirir los inmuebles mediante alguna suculenta operación financiera, los retienen impunemente a favor de alcanzar el mayor rendimiento económico por ello.
A la par, los solares urbanizables en abandono o desuso se multiplican a lo largo y ancho del territorio. Estos datos son objetivos y lastran la calidad de vida de la mayoría de la población, pero, sin embargo, forman parte de una calculada retórica de la que el sistema nos pretende hacer partícipes, eludiendo la realidad e inventando falsos argumentos que distorsionan la percepción del problema.
La actual lacra de especulación inmobiliaria se remonta a tiempos de la dictadura franquista. Pasados los durísimos años de postguerra resultaba fundamental minar todo aquello que pudiese generar conciencia de clase, distraer la atención ofreciendo falsos estímulos que entretuviesen al pueblo y permitiesen seguir fortaleciendo los cimientos del régimen. Una de estas fórmulas se basó en instaurar la idea de que la vivienda en propiedad era el paso natural con el que cualquier persona debía de emancipar su vida y formar parte de alguno de los estratos de la supuesta “clase media”. Tal y como afirmó el primer ministro de la vivienda de la historia de España, el ideólogo y político franquista José Luis Arrese: “queremos un país de propietarios y no de proletarios”. La maquinaria se puso en marcha y a partir de ese momento se dio vía libre a la inversión privada, a la construcción indiscriminada, dando el pistoletazo de salida para convertir el derecho a la vivienda en un festín especulativo para el capital.
De aquellos barros estos lodos. El castillo de naipes se desplomó y hoy son los bancos y los fondos de inversión quienes amasan el capital que ayer manejaron grandes constructoras y promotoras. El capitalismo es así, el monstruo siempre intenta recomponerse y es el pueblo trabajador quien paga las consecuencias: los índices de precios al consumo se disparan; los préstamos e hipotecas se ven incrementados por los intereses que la banca impone; millones de personas en paro y, quienes trabajan, sufriendo precariedad y salarios de miseria. Un escenario complejo en el que el número de desahucios ejecutados es desgarrador; solo durante 2022 la cifra ascendió a 38.266, según datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial. A su vez, el sistema vomita propaganda para justificar estas actuaciones e instaurar una falsa y premeditada percepción de inseguridad, extendiendo la falaz idea de que en cualquier momento alguien podría entrar en tu casa a patadas y ocuparla. Mientras, la realidad es muy distinta. Esos casos que se quieren mostrar como generalizados son apenas anecdóticos en el conjunto de viviendas que se encuentran habitadas por personas y familias que no son sus propietarios o inquilinos reglamentarios. Las casas que se denominan “okupadas” pertenecen en su inmensa mayoría a bancos y a fondos buitre, quienes se las han arrancado anteriormente a sus habitantes y las cuales mantienen cerradas con el único fin de incrementar su rentabilidad económica, mientras que las personas que han procedido a entrar en estas lo hacen porque el sistema no les da otra posibilidad de techo. De un lado, grandes capitales que mantienen una vivienda cerrada amasando especulación, y del otro, familias saqueadas por las condiciones de precariedad que les impone el capitalismo y más opción para vivir con un mínimo de dignidad. Visto así queda mucho más claro, pero esa versión de los hechos no interesa, ni al capital ni al gobierno que lo sustenta.
En este panorama los precios de las viviendas en propiedad alcanzan cotas inalcanzables para los recursos de las y los trabajadores –solo en la primera mitad de 2023 su precio incrementó una media del 6 %-, mientras que las condiciones que impone el Banco Central Europeo para acceder a un crédito se endurecen de manera constante -en poco más de un año, el pago por una hipoteca media ha aumentado en torno a doscientos euros al mes-. Frente a ello, la opción del alquiler tampoco es factible. Más allá de las quimeras y maquillajes que intentan presentarnos con la nueva Ley de Vivienda, la realidad es que la conjunción de precios accesibles y condiciones aceptables de habitabilidad no existe, principalmente en los grandes núcleos de población y en lugares con mayor demanda. A día de hoy, el coste del alquiler en las ciudades se ha incrementado más del 14 % desde 2021 -en los últimos diez años en Madrid el incremento ha sido del 61,8 %-, pagando una media de 450 € por una habitación y de 850 € por un piso mediano en el extrarradio. En zonas más céntricas y/o mejor comunicadas, estos importes se disparan aún más, superando fácilmente los 1.500 €. Para mayor complejidad, a la dificultad económica se le suma la necesidad de presentar avales y fianzas inalcanzables, lo cual descarta la vía del alquiler como una opción factible dentro de esta barbarie inmobiliaria.
El Consejo de la Juventud de España ha publicado un estudio que afirma que la edad media de emancipación de la población joven supera los treinta años de edad -con 34 años, dos de cada tres jóvenes aún vive con sus padres-. Repasando las cifras que se han expuesto anteriormente es sencillo de entender que, si para una familia trabajadora el coste por pagar y mantener su vivienda supone más de la mitad de sus ingresos, si no más, para el colectivo juvenil de extracción obrera y popular, que arrastra tremendas condiciones de precariedad laboral, esto se torna completamente inasumible.
Habría otros tantos aspectos a situar, como la proliferación de los pisos turísticos y lo que ello afecta al precio de la vivienda y a la calidad de vida en las zonas afectadas, o la degradación premeditada de barrios para expulsar a sus habitantes y especular con sus casas y locales -fenómeno conocido como gentrificación-, pero sería imposible de sintetizar en estos pocos párrafos.
Sin lugar a dudas, esta situación necesita una respuesta contundente, no valen medias tintas, es imprescindible buscar fórmulas que ahonden en la verdadera complejidad del problema.
Intervención sobre los millones de viviendas vacías y terrenos urbanizables abandonados, expropiar y poner en manos públicas todo aquello que permanece inmovilizado en manos de bancos y fondos de inversión, gestionándolo a disposición de las necesidades del pueblo trabajador. Igualmente, los inmuebles y parcelas vacías pertenecientes a pequeños y medianos propietarios deberán ser legislados con el fin de darles habitabilidad de inmediato, sin operaciones especulativas y pudiendo intervenir y expropiar en caso de incumplimiento.
Legislar para frenar cualquier operación especulativa. Los precios de las viviendas y sus condiciones de habitabilidad deberán estar regulados a tenor de las necesidades reales de la población. Precios asequibles y viviendas dignas al alcance de la clase trabajadora, con especial atención para las personas y colectivos más vulnerables. Nadie podrá vivir sin techo o en condiciones que vulneren su dignidad.
Creación de un parque público de viviendas en alquiler. Vivir en condiciones dignas, independientemente de las posibilidades económicas de cada persona o familia; el pueblo trabajador necesita disponer de los medios necesarios para poder desarrollar una vida plena y digna.
Ni un paso atrás, trabajemos a la ofensiva, pues la lucha del pueblo trabajador es el único camino. Toma Partido, organízate y lucha en el PCPE y la JCPE.
Javier Martorell
