Llevan años de lucha, desde estas páginas hemos dado cuenta de sus reivindicaciones, acciones y movilizaciones, siguen peleando para que sus condiciones de trabajo se dignifiquen y se las reconozca como trabajadoras en igualdad de condiciones, sus reivindicaciones son concretas pero también generales, porque tienen claro que su trabajo está precarizado, mal pagado y peor considerado porque es de cuidados, por estar feminizado y privatizado, luchan para que los servicios sociales sean totalmente públicos y no se privaticen por medio de empresas multinacionales que solo buscan su beneficio económico, que multiplican su rentabilidad precarizando a las trabajadoras, ahorrando en EPI, salarios, desplazamientos y otros derechos laborales.
Decididas a clarificar sus verdaderas condiciones de trabajo realizaron una encuesta a las trabajadoras a nivel estatal que se dirigió al conjunto de una plantilla por algo más de 120.000 personas y se obtuvo una muestra de 1.345 personas con respuestas a las 34 preguntas, entre el 2 de septiembre de 2020 y el 4 de marzo de 2021, que fue analizada por la universidad de Oviedo en el Informe de las condiciones laborales del Personal Auxiliar del Servicio de Ayuda a domicilio (http://hdl.handle.net/10651/61945), que aunque reconoce limitaciones en la muestra, revela que el principal problema es la precariedad a la que se enfrenta el sector, siendo el trabajo a tiempo parcial el tipo de jornada más habitual entre estas trabajadoras, el 98 % son mujeres, cuadriplicando la tasa del país y casi triplicando la de parcialidad femenina, también impone una alta temporalidad, más elevada que la del conjunto de la población ocupada. Además una parte importante de la plantilla trabaja a jornada partida, con lo que supone en tiempo y la limitación que implica compatibilizar dicho empleo con otros y/o conciliar.
Los datos exponen que más de la mitad de las enfermedades y lesiones que padecen son de carácter musculoesquelético, producidas por la manipulación y la movilización de personas dependientes con movilidad reducida. Denuncian que es frecuente que las lesiones y dolencias crónicas que padecen no sean reconocidas como enfermedad profesional, las mutuas no suelen conceder la baja en la primera visita y no son proclives a cambiar la contingencia de común a profesional.
La precariedad laboral y sus efectos sobre la salud del personal del SAD hacen que no puedan estar de baja el tiempo que realmente precisan y acaben volviendo al trabajo sin haberse recuperado totalmente. Otro de los factores que daña el bienestar físico, mental y social del colectivo es el acoso, un alto porcentaje de encuestadas señala haber sufrido acoso laboral, procedente en su mayoría de las personas usuarias y/o de sus familias. Los datos de acoso sexual son también preocupantes aunque esta encuesta no hace un análisis específico, es alarmante que el colectivo desconozca la existencia de protocolos para estos casos, habría que analizarlo en profundidad, sobre todo porque sitúa a las trabajadoras en una posición de extrema vulnerabilidad.
Denuncian que al trabajar en domicilios, que son inviolables, las personas usuarias tienen que otorgar su consentimiento para permitir el acceso de la Inspección de Trabajo, si no lo dan se impide la labor de prevención, detección y control de los posibles problemas laborales.
El informe concluye que es fundamental acabar con los bajos salarios asociados a la parcialidad y a la feminización del trabajo de cuidados, así como con la temporalidad y la falta de correspondencia entre la jornada estipulada y la efectiva. A largo plazo, la precariedad provoca situaciones insostenibles, sobre todo para aquellas de mayor edad, de ahí la necesidad de plantearse la posibilidad de adelantar la jubilación.
Este servicio cumple una función social fundamental para el bienestar de las personas dependientes, por lo que la calidad del servicio y las condiciones de trabajo de quienes lo prestan son indisociables, siendo la responsabilidad última de la calidad del servicio de la administración, la estrategia de privatización que se ha impuesto no solo no ha supuesto una mejora para ambas partes, sino que las ha empeorado, la exigencia de que sean las instituciones públicas quienes asuman su prestación del servicio, favorecería tanto la calidad de la atención como la mejora de las condiciones de trabajo.
Otra cuestión es que al enmarcarse este trabajo en el ámbito de los cuidados, atribuidos tradicionalmente a las mujeres dando por hecho que deben realizarlos de forma individual y gratuita en sus hogares, cuando son remunerados se caracterizan por la desvalorización social, lo que conlleva precariedad e insultante y baja remuneración. La sociedad y sus instituciones deberían afrontar la cuestión de la prestación de los cuidados desde un planteamiento integral, desarrollando políticas públicas teniendo en cuenta que la sostenibilidad de la vida es una responsabilidad de carácter colectivo, no solo de las mujeres, que hay que garantizar el reparto equilibrado de la carga global de trabajo, tanto remunerado como no remunerado, incluso desafiando los propios fundamentos del modelo social y laboral existente, mientras esta cuestión siga pendiente no se lograra la igualdad entre hombres y mujeres y las políticas públicas que se pongan en marcha no pasarán de ser meros parches que no solucionan la situación de raíz, afirma el informe, no podemos estar más de acuerdo.
Tatiana Delgado
