Ya ha pasado más de un año del apoyo de España a las pretensiones de Marruecos sobre el Sáhara (mediante una carta del presidente del Gobierno Pedro Sánchez al rey marroquí Mohamed VI), con la que se ponía fin a la crisis diplomática entre los dos países y con ello volvía a ser Marruecos un “gendarme” de España (y, por ende, de la UE) controlando el flujo de inmigrantes irregulares que querían buscar un mundo mejor en la soñada Europa. Que eso significara volver a darles una puñalada por la espalda a los saharauis y a incumplir por enésima vez su misión como país colonizador con respecto a su ex-colonia importaba poco a cambio de mejorar el clima de los negocios. Desgraciadamente, aunque el Ejecutivo había prometido que las aduanas comerciales prometidas de Ceuta y Melilla serían una realidad en 2022, Marruecos guarda silencio ante un asunto espinoso para ellos, pues pactar sendas aduanas implicaría el reconocimiento tácito de la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, que Rabat nunca puede aceptar de manera expresa. De hecho, en un escrito remitido por Marruecos al Alto Comisionado de Derechos Humanos en la ONU negaban tener fronteras terrestres con España. Y mientras los empresarios de las ciudades autónomas se desesperan. El empresario melillense José Luis Martínez Lázaro señala en el periódico La Razón “Se nos dice que es complicado, pero la aduana de Melilla estuvo funcionando desde la independencia de Marruecos hasta agosto de 2018... no es un problema técnico sino político con Marruecos. España no quiere forzar la máquina y Marruecos desea asfixiar económicamente a las dos ciudades”.

Ya el 7 de abril de 2022 se habló durante la primera cumbre bilateral de Rabat por parte española de esa apertura de aduanas y el 21 de septiembre en la Asamblea General de la ONU el ministro de Exteriores José Manuel Albares, en presencia de su homólogo marroquí, fijó la fecha de apertura en enero de 2023, que no ocurrió. Ni tampoco hubo mención alguna en la XII Reunión de Alto Nivel Marruecos-España del 1 y 2 de febrero (como tampoco de la soberanía española de las dos ciudades), aunque SÍ se reflejó el apoyo de Ejecutivo de Sánchez a la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara.

Entretanto el PP, que no pierde comba en su intento de desgastar al Ejecutivo, sin importarle un ardite “la imagen de país”, pide la intervención de la UE en el culebrón. Así el vicesecretario institucional y portavoz del PPE Esteban González Pons acusó a ambos ejecutivos de no tener voluntad política de cumplir con el compromiso adquirido.

Precisamente en la reunión de los días 1 y 2 de febrero se extrajo una declaración conjunta con setenta y cuatro compromisos y puntos de encuentro entre ambos países, cuyo artículo siete hizo saltar las alarmas de Coalición Canaria, los “nacionalistas” con los que tan bien se entiende cualquier gobierno central, que desearía que fueran todos los nacionalistas como ellos. En dicho artículo se concretó que “se iniciarán conversaciones sobre la gestión de los espacios aéreos” en román paladino ceder el espacio aéreo del Sáhara a Marruecos, que hasta ahora se controla desde Canarias.

Esta cesión pondría en riesgo puestos de trabajo disminuyendo los ingresos por tasas de ruta que se ingresan por número de pasajeros y carga transportado. Además afectaría a las aerolíneas que sobrevuelan el Archipiélago en dirección hacia algún punto del continente europeo, africano o americano a las que se les abriría la oportunidad de desplazar sus rutas hacia Marruecos, que podría establecer una tasa más económica que la planteada ahora sobre Canarias. El senador de CoCa Fernando Clavijo ha señalado su preocupación porque “una vez más nos encontramos con una negociación sin transparencia, ajena a los partidos políticos, donde ya cedió España las aguas occidentales del Sáhara a Marruecos y, ahora, parece que el control del espacio aéreo que lleva desde Canarias también se cederá desde Marruecos”.

Y en sus palabras encontramos también el porqué de los permisos a empresas internacionales dado por Marruecos para que investiguen si hay reservas de petróleo o minerales valiosos en aguas entre Canarias y el Sáhara, sin preocuparles ni el parecer de los habitantes de ambos territorios ni -por supuesto- cuestiones como el medio ambiente.

Este cambio de posición del Gobierno español en el contencioso del Sáhara Occidental provocó -como no podía ser menos- una crisis diplomática con Argelia y el pasado junio el gobierno de Abdelmajid Tebboune decidió romper unilateralmente el tratado de buena vecindad y decretó el bloqueo de las operaciones de comercio exterior con España, bloqueo que afecta a unas 600 empresas españolas con presencia en Argelia. Los afectados denuncian, además, la absoluta opacidad del Ejecutivo y su promesa incumplida de proporcionar ayudas temporales por las pérdidas millonarias ocasionadas (en torno a 1.400 millones de euros en los primeros seis meses). En el país árabe la consigna es que no habrá concesiones hasta que no se produzca un cambio político en España, lo que -según señala el gerente de Aecomhel Julio Lebrero- significa que no se solucionará a lo largo de 2023. Y esto afecta también a la relación entre los dos estados en cuanto al gas, el petróleo y la energía. Aunque el 28 de julio la Asociación de Bancos y Entidades Financieras de Argelia (Abef), entidad vinculada al ministerio de Finanzas notificó en una circular a los bancos argelinos el levantamiento del bloqueo a las transacciones comerciales con origen o destino en España dos días después la agencia estatal de prensa argelina desautorizó públicamente esa decisión negando cualquier “marcha atrás” de Argelia en esta materia. Desde Indeco Global señalan que “ninguna empresa española puede presentarse a licitaciones tanto públicas como privadas al no poder aportar una garantía bancaria”.

En 2021 las exportaciones desde España hacia Argelia supusieron 2.700 millones de euros. Las empresas implicadas alertan de que se hallan en peligro la vigencia de los contratos firmados. “Nuestros clientes podrían plantearse la rescisión de nuestros contratos en un plazo máximo de cuatro meses para poder acometer las inversiones previstas para el 2023 con firmas de la UE suficientemente cualificadas y no vetadas”.

Como vemos el “gobierno más progresista del mundo mundial” no sólo ha dejado en la estacada a los saharauis incumpliendo sus propios compromisos con ellos sino que ha conseguido que  todos en la región estén en su contra. Era muy difícil lograrlo. ¡No les quitemos dicho mérito!

Marcos M. Rodríguez Pestana