El movimiento por el derecho a la vivienda y contra los desahucios está conformado y dirigido, mayoritariamente, por mujeres. Al rol que, históricamente, viene desempeñando la mujer trabajadora en el ámbito familiar, donde asume la educación, la compra, la comida, la limpieza y los cuidados, se le suma también la de defensa y protección de su techo y el de su familia.  Y, es que de las personas afectadas por la pobreza en el mundo, el 70 % son mujeres.

La lucha por la vivienda es también una lucha feminista: El 80 % de las personas que participan en las asambleas de la lucha por la  vivienda son mujeres. De todos los desahucios que se producen con familias de un solo miembro, prácticamente el 100 % está formado por mujeres.

 La desigualdad para acceder a determinados trabajos, los bajos salarios, la necesidad de acogerse a jornadas reducidas para conciliar el tiempo de trabajo con la vida familiar, el paro, hacen que las mujeres se enfrenten a enormes dificultades para pagar la hipoteca o el alquiler, lo que las coloca, junto a las personas a su cargo, en una situación de vulnerabilidad insoportable ante la certeza de ser desahuciadas de sus viviendas. Hoy, con las condiciones laborales y salariales de las mujeres de la clase obrera les resulta casi imposible hacer frente a  la hipoteca o el alquiler, y los problemas se agravan cuando se trata de mujeres madres,  migrantes o víctimas de violencia de género. En este caso, aunque la Ley integral contra la violencia de género estipula que las mujeres afectadas tienen prioridad para acceder a una vivienda, un gran número de solicitudes son rechazadas, incluso a aquellas mujeres que tienen una orden de protección.

A la falta de recursos para pagar la vivienda, se suman también los avisos y amenazas de cortes por parte de las compañías  de luz, de gas o de agua, y las mujeres se ven abocadas a una existencia angustiosa, con indefensión y sin ayudas.

En España se ejecutan, del orden de 100 desahucios diarios. De entre todos ellos, la mayor parte, afecta a mujeres que, con el estado de nerviosismo, de preocupación, de incertidumbre y de ansiedad que les ha provocado  la pérdida de su casa,  tienen que enfrentarse a la Administración, a los Servicios Sociales, a las decisiones judiciales, a la propiedad de la vivienda,  a la policía: en pocas palabras, a una burocracia que no da respuesta a su realidad de necesidad y pobreza, y que mira para otro lado  mientras las condena a la exclusión, al aislamiento y, en muchas ocasiones, a una soledad y desamparo  que ponen en peligro su salud mental.

Los diferentes gobiernos que se han ido turnando anteponen los intereses de la Banca y de las empresas privadas a las necesidades de la clase obrera, no hay políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda. En lo que sí han coincidido los gobiernos sucesivos es en considerar la vivienda un activo financiero y no un derecho humano y, en legislar y acelerar el procedimiento para ejecutar los desahucios y reducir el plazo que existía para que las familias pudieran intentar el pago de  la deuda.

El sistema capitalista no deja a las mujeres vivir en condiciones dignas. La mayoría de pisos vacíos en España pertenecen a la Banca, la misma Banca  que ha pulverizado  los  récords de beneficios en 2022. Sin embargo, sigue haciendo negocio y sacando beneficios de las viviendas que ha robado a la clase obrera y no tiene reparos en dejar en la calle a miles de familias que viven situaciones de extrema necesidad. Las instituciones del Estado hacen oídos sordos y las mujeres, una vez más, son la parte más vulnerable.

La dureza de las condiciones de vida cuando las mujeres  se ven en la calle, lejos de sus vecinos, de sus barrios, de los colegios de sus hijas e hijos y de lo que fue su vida, afectan a la salud física, mental y estigmatizan socialmente a las mujeres porque la pérdida del hogar es la forma más extrema de injerencia en el derecho al respeto a las personas.

El capitalismo actúa sin piedad, no tiene límites cuando se trata de sacar partidas presupuestarias para la guerra pero sí limita el gasto público en vivienda social.

Telva Mieres

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