Nada es por casualidad. Nuestras multinacionales son iguales que las del resto del mundo, el capital en el que se asientan está lleno de sangre, abusos y desvergüenza a raudales. Eso sí, seguro que donan dinero a las iglesias para acallar sus almas pecadoras.

Podríamos traer a colación el tema de las herencias, a sabiendas de que muchos argumentarán que los actuales propietarios poco tienen que ver con los que iniciaron el emporio, pero se olvidan de que el dinero, su capital, viene de ahí, no de lo maravillosamente emprendedores que son.

La familia Del Pino es la propietaria de Ferrovial (conglomerado industrial al que pertenecen muchas empresas, algunas como filiales: Heathrow Airport Holdings Limited, Amey Plc, AGS Airports, Budimex, Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transporte, Webber, Cadagua, Ditecpesa, Edytesa, Tecpresa, Ferconsa, PLW Waterworks; y otras como empresas participadas). Se trata de todo un entramado empresarial que genera miles de millones anuales (casi siete mil millones de ingresos con un beneficio de más de mil millones en 2021).

Curiosamente, la familia actual Del Pino, se apellida Del Pino Calvo Sotelo, una casualidad más de las que ocurren en este país… Vamos, que el patriarca de los Del Pino se casó con la hermana de Leopoldo Calvo Sotelo… así o más claro. Para colmo, uno de los hermanos, Fernando, es uno de los ideólogos de Vox, el alma mater de la revolución de los Borjamaris y Pocholos.

Muy enrevesado, ¿no? Pues acudamos al resto de grandes empresas españolas y veremos en qué acaban las risas y las leyes de Memoria Histórica, histriónica o como se llame.

El polémico traslado de Ferrovial a Países Bajos se ha anunciado mientras el grupo tiene abiertos varios pleitos millonarios en España. Los más cuantiosos son de naturaleza tributaria, por ayudas ilegales de Estado que obtuvo mediante un régimen fiscal de la época de José María Aznar anulado por la UE. Pero varios son también consecuencia de un largo historial de conductas anticompetitivas del que durante décadas ha sido uno de los mayores grupos de obra pública en España.

Desde que se creó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), hace diez años, la compañía ha recibido multas de este organismo por importe de cerca de 58 millones en tres expedientes, aunque el primero de ellos ya ha conseguido tumbarlo en los tribunales por defectos de forma.

La última y más relevante sanción se anunció en julio de 2022. La CNMC multó con 203.6 millones a las seis mayores constructoras españolas “por alterar durante más de 25 años” miles de licitaciones públicas. Entre ellas, infraestructuras de interés general como hospitales, puertos y aeropuertos o carreteras cuyo  presupuesto total alcanza valores de miles de millones de euros, según la resolución de Competencia.

Dentro de la investigación del Caso Palau, Anticorrupción descubrió “indicios suficientes” del pago de comisiones ilícitas por parte de Ferrovial a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través del Palacio de la Música Catalana, para garantizarse la adjudicación de obras públicas como la Ciudad de la Justicia o la inconclusa línea 9 del Metro de Barcelona.

¿Es Ferrovial el único? Por supuesto que no. Una estructura empresarial proveniente de una dictadura fascista, que no ha sido ni siquiera puesta en duda tras “la maravillosa y pacífica Transición”, vive anclada en la corrupción de todo tipo. No se salva ninguno (que me perdone el honrado de turno). Ya analizamos al tito Floren, pero es que los Del Pino Calvo Sotelo (“qué buena era UCD, ¿eh?”) no le van a la zaga y si se ven azuzados porque se han pasado, nada, se llevan su sede a Países Bajos y con ello la tributación de la cabecera del grupo.

Ferrovial tiene presencia en 20 países, entre los que destacan Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, España y Polonia, y no sigo porque a cuál me da más asco.

Así, que si alguien espera que nos pongamos a tiritar de miedo porque Ferrovial se lleva su sede a Países Bajos, que siga esperando. La clase obrera ha financiado directa o indirectamente a Ferrovial y a todos los demás honrados millonarios de este país. Se han llevado entre todos, políticos corruptos y empresas, miles de millones, bien en forma de licitaciones que, como todo el mundo sabe, se multiplicaban antes de acabar, o bien a través de beneficios fiscales, ayudas, préstamos del ICO, etc. Recordemos que cuando el mascota Sánchez se vanagloriaba de los 200 mil millones que iban a dar para relanzar el país, la mayor parte ha ido a manos de estos millonarios.

Sabiendo, además, de la ingeniería financiera que manejan estas empresas, podemos llegar a la conclusión que esto es más un tema de banderitas de España  que de tributación real.

Según algunos estudios de la Agencia Tributaria, el tipo efectivo sobre la base imponible que pagan las empresas con más de 2 500 empleados es del 19.41 % y de un 6.79 % sobre el resultado contable. Eche mano a una calculadora y vea cuánto paga de IRPF su vecino que trabaja en la construcción.

Que se vayan a las Bahamas y así pagarán menos, pero que se vayan y se metan sus banderitas y sus ideologías ultracapitalistas por donde bien les quepa… pero después no lloren cuando la clase obrera se organice, porque solo el pueblo organizado salva al pueblo.

Juan Luis Corbacho

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