Que estamos ante una crisis energética sin precedentes, a estas alturas, no escapa a nadie.
Que los planes europeos de transición verde tienen el foco más en la cuestión de garantizar la soberanía energética de Europa (de sus monopolios) que en cuestiones medioambientales, también lo vamos teniendo claro cada vez mayores porcentajes de la población.
Sin querer entrar de nuevo a valorar el fracaso que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que ya hemos expuesto en otros escritos, debemos reflexionar sobre cómo se está haciendo ese supuesto tránsito o al menos, alguno de sus elementos, para que nos lleve a depender menos del gas y el petróleo con el que el “diablo ruso” mantiene encendidas las llamas del Hades de allende la “libertad”.
El problema principal es la escasez de los recursos energéticos y las materias primas, algo que en los últimos meses se está poniendo en evidencia por más que nos intenten ocultar los motivos reales del encarecimiento de estos insumos. Lo que aquí llamamos “ahorro energético”, cuando se aplica a otras latitudes lo calificamos como “racionamiento”.
Lo “racional” sin embargo, sería dedicar los bienes preciosos con los que aun contamos para mejorar el bienestar de la mayoría social y procurar un futuro en las mejores condiciones posibles a nuestros hijos e hijas. Pero he aquí que racionalidad y capitalismo casan mal, a pesar de que modernidad, razón y capitalismo nacen de la misma madre. Pero, como se suele decir, en todas las casas cuecen habas.
Cada vez más especialistas, estudiosos… ponen de manifiesto la incapacidad de las “renovables” para ser alternativa al modelo social actual. Denuncian que la generación de electricidad a través de fuentes alternativas, además de tener muchas limitaciones físicas y de recursos, no es el problema fundamental con el que se enfrenta nuestra sociedad (el capitalismo), sino su dependencia a los combustibles fósiles, algo que no puede ser sustituido por eólicos o solares, y cuya fabricación, por cierto, también depende de ellos.
Ante esta realidad, uno se lleva las manos a la cabeza cuando lee titulares como: “Australia inaugura el primer centro de minería de criptomonedas con energía solar”. Aunque la noticia la leí en Russia Today (RT), haciendo alguna que otra maniobra envolvente a la “libertad de prensa europea”, también se puede leer como: Australia inaugura el primer centro de minería de criptomonedas con energía solar – islaBit, por si alguien quiere conocer algo más de la noticia aparte del titular, sin tener que hacer malabarismos.
Este enunciado debería hacernos reflexionar al menos a quienes presumimos, aunque sea erróneamente, de tener una conciencia social más elevada que la media de la población. Si asumimos que los recursos energéticos son escasos, el uso que le demos a los medios para producir esa energía, debería atender a otros criterios que el beneficio especulativo de unos pocos.
Y en relación a ello, también podríamos ser más críticos sobre cómo se está implementando en España la llamada “transición energética”, que comentábamos arriba o al menos una de sus patas: la instalación promocional de placas solares, principalmente, para autoconsumo eléctrico.
El Gobierno de España, en esa vorágine socialdemócrata de cambiar “ayudas” por futuro viable, aprobó por Consejo de Ministros en junio del pasado año, una partida de 1.320 millones de euros para abordar este cambio energético. Se destinan las ayudas principalmente para autoconsumo energético, 900 millones, 220 para almacenamiento detrás del contador y 200 para climatización y agua caliente.
El Consejo de Ministros de 10 de octubre, junto con otras medidas amplía en 500 millones las ayudas para la instalación de placas. De todo ello no ha dejado de sacar pecho.
Lo que el modelo está propiciando es un “enchúfese quien pueda”. Mientras que la mayoría de la población trabajadora vive en urbes densamente pobladas, con viviendas en altura (68 % del total o 16.250.000 pisos en altura) [1] , un 32 % lo hace en viviendas unifamiliares.
Está claro que la mayoría de las instalaciones se están haciendo en viviendas unifamiliares porque es más fácil al disponer de espacio físico y porque no precisa de acuerdos vecinales. Por lo tanto, las ayudas también se individualizan al máximo. En cualquier caso, la colectivización de la energía, pensada en los términos de la normativa, tampoco escapa de la concepción individualista del autoconsumo. Todo muy acorde a la visión pequeñoburguesa que caracteriza al progresismo gobernante.
Además, tenemos el filtro de los costes de instalación. Si ya, el tipo de vivienda en que habitamos es un selector de nuestra capa social, los costes son un segundo filtro en el que favorecer la autosuficiencia energética de aquellos y aquellas que tienen un poder adquisitivo bastante para unas inversiones que rondan entre los 5000 y los 10000 euros y otro tanto si se le añaden las baterías.
Y sobre las ayudas a fondo perdido, que pueden llegar al 50 % de la inversión, se produce una mayor injusticia aun, puesto que la decisión de seguir adelante con la inversión puede depender de poseer la liquidez para adelantar la inversión hasta que el resto paguemos la posibilidad de que unos pocos (quizá quienes menos lo necesiten) puedan tener suficiencia energética.
Está claro, que la mayoría del pueblo trabajador seguirá pagando sus facturas eléctricas con el sudor de su frente, mientras pueda, y no podrá entrar en esa espiral del “preparacionismo”, tan de moda en estos tiempos de percepción distópica de nuestro futuro.
En cualquier caso, según los datos que manejaba la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el autoconsumo «pasará de representar un 0,6% del total de demanda nacional en 2020 a un 7,9% en 2026». Algo que no parece que vaya a solucionar ningún problema ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo.
Otra cuestión que merece la pena sacar a colación es el sobrante del autoconsumo y los diferentes precios de compra y de venta. En caso del excedente producido por los pequeños productores de energía orientada a autoconsumo, el precio de la energía consumida de la red eléctrica cuando no hay producción (por ejemplo, por la noche) y por otro, el de los excedentes inyectados a la red, normalmente sobrante de horas de mayor sol, es muy distinta. Teniendo en cuanta que la cuantía exacta depende de cada empresa comercializadora y de que los precios son muy volátiles, en alguna empresa hemos detectado que la energía consumida estaba a un precio de 0,15 €/kWh y los excedentes energéticos se pagaban a 0,05 €/kWh, lo que exponemos a modo de orientación.
Con esto, los monopolios de la energía han mostrado su entusiasmo al nuevo renacer de las renovables. De conspirar para imponer el “impuesto al sol” a ser los mayores beneficiados de la “transición verde”. Las grandes empresas eléctricas españolas han pasado a controlar el sector en España: más de la mitad de la potencia de energía verde en servicio está en manos de Endesa, Iberdrola y Naturgy, gestionando más del 54 %. Detrás vienen apretando Forestalia, Capital Energy y Total o Acciona.
Y la solución del sector más radical de nuestra querida socialdemocracia, al margen de fomentar el individualismo de las fotovoltaicas, es la creación de una empresa pública que sea capaz de competir en el mismo mercado que estos monstruos monopolísticos. ¡Acabáramos!
¿No se han enterado que hasta finales de los años 90, existía Red Eléctrica Española, que era una empresa pública y posteriormente se privatizó, y que es la entidad titular de las infraestructuras de transmisión (alta tensión) y de administrar el sistema?
¿No recuerdan que la Operadora del Mercado de Electricidad Español SA (OMEL), es la entidad que administra o gestiona el mercado eléctrico y que también fue pública?
Pues la solución es precisamente esa, la reversión a público de aquello que se expolió a los pueblos de España y la nacionalización del sector eléctrico y energético por simples cuestiones estratégicas de interés nacional. Que el artículo 128 de la Constitución del 78 dispone que:
Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
1. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica.
2. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.
Ojo, a ver esos revisionistas de la historia, que igual nos dicen ahora que los “padres de la Constitución” eran un atajo de bolcheviques.
Todo es posible en este esfuerzo por correr la línea del centro cada vez más a la derecha, que en esa lógica, nuestro gobierno es, por si alguien no lo recuerda, “social-comunista”.
Kike Parra
Artículo publicado en nuevarevolucion.es/ el día 8 de noviembre 2022
