Va a hacer un año, exactamente el 13 de julio, que los ministros de Economía y Hacienda de la UE aprobaron el primer lote de los planes nacionales de recuperación y resiliencia.

Doce países de la Unión Europea, entre ellos, Alemania, Francia, Italia y España, recibieron el OK para usar los fondos con el objetivo claro e inequívoco de impulsar la economía y recuperarse de las consecuencias de la COVID-19.

Ni desde las derechas, ni desde las izquierdas reformistas ha habido un análisis realista y profundo de lo que la pandemia ha supuesto para la economía mundial. Ninguno de ellos ha puesto en relación esta cuestión con los problemas que el capitalismo mundial viene arrastrando desde el fin de su edad de oro con la crisis del petróleo de los 70, la etapa neoliberal de los 80 o la gran recesión de 2008.

Casi todos los pronunciamientos son sesgados y atribuyen a la pandemia y sus consecuencias inmediatas: “paralización de la producción y el comercio”, subconsumo”, “rotura de la cadena de suministros…” la situación de dificultad del capitalismo actual para recomponer la reproducción a escala ampliada. Sólo desde un marxismo convencido se apunta a la obviedad de la cada vez más pronunciada caída tendencial de la tasa de ganancia. Desde un marxismo convencido y desde la gestión estratégica de los propios monopolios que son quienes sufren directamente esa realidad de forma palpable. La búsqueda de la rentabilidad se está convirtiendo cada vez más en un laberinto difícil de recorrer.

En este sentido, y conscientes de ello, los estados miembro de la Unión orquestaron los planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Todos con unos objetivos explícitos: acción por el clima, transición digital, respeto al medio ambiente de las inversiones y prevenir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

En cualquier caso, cualquiera que lea entre líneas llegará a concluir que la pretensión “real” de tan ingente inyección económica no es otra que reflotar un capitalismo que hace aguas por los cuatro costados.

La digitalización pretende poner al alcance de las empresas unas herramientas que incrementen la capacidad productividad y por ende, el plusvalor. La inversión pública de estas dotaciones supondría un abaratamiento en la adquisición del equipamiento, lo que en el corto plazo, incrementaría la rentabilidad.

La apuesta por el clima y el medio ambiente, sobre todo en su referencia energética, trata de dar una salida a la crisis de escasez y/o agotamiento de los combustibles fósiles. Algo que cada vez es más evidente. La necesidad de energía barata para los procesos de producción en un contexto de dependencia absoluta de Europa con el exterior es la motivación fundamental que ha situado “la transición verde” en el calendario estratégico europeo.

Sin embargo, cuando hace ahora un año desde la aprobación de estos primeros planes de recuperación, la realidad en tan breve espacio de tiempo es que en lugar de vivir un presente de optimismo regado por la lluvia de euros, aun a sabiendas que significaba un futuro hipotecado, sentimos un presente de pérdida de valor de nuestra fuerza de trabajo, de incertidumbre económica y de preocupación por la paz internacional.

A nivel económico, la inflación generalizada y sin freno (8,1% en mayo de 2022) se traduce en menor consumo. No está en los planes de la clase dominante compensar con un incremento salarial. Implica además, menor capacidad de ahorro. Algo que ya fue tendencia en 2021. Los hogares españoles, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) tuvieron en 2021 un descenso de 3,6 % en su tasa de ahorro, lo que se refuerza en este 2022.

Además, el aumento de precios, afecta también a las empresas, lo que se traduce en mayores costes productivos, que a su vez, repercutiendo en los precios, refuerza la inflación.

En paralelo, las perspectivas económicas de la economía de la UE han ido decreciendo paulatinamente. Se prevé que el crecimiento del PIB real tanto en la UE como en la zona del euro se sitúe en el 2,7 % en 2022 y el 2,3 % en 2023. El aumento de la producción a lo largo del año se ha reducido del 2,1 % al 0,8 % .

A pesar del escaso crecimiento, la inflación desmedida lleva a los bancos centrales a tomar medidas “paliativas” como la subida de tipos que anuncian un periodo recesivo.

A todo esto, la deuda pública europea se sitúa en el 95,6 % del PIB. La española en un 117,70 % del PIB. El altísimo déficit presupuestario obliga además a Bruselas a suspender las reglas de déficit y deudas al menos un año más.

No parece que la apuesta por allanar el camino al crecimiento económico, por impulsar un nuevo escenario favorable haya resultado según lo esperado. La realidad tozuda de las cifras ha roto el sueño y la ilusión por la apertura de un ciclo ascendiente Kondratieff, que ya nadie espera. Pero… siempre nos quedará Ucrania.

La escasez de materias primas y energía, han puesto de manifiesto en esta Europa lacaya de intereses ajenos que “caiga quien caiga” y “pese a quien pese”, la energía nuclear en el milenio que atravesamos es “verde, y limpia” y que el carbón, vuelve a estar de moda.

Así, el 2 de febrero de 2022, la Comisión Europea aprobó el Acto Delegado Complementario final sobre la Taxonomía de Actividades Sostenibles con el que se cataloga al gas y a las nucleares como energías sostenibles para la transición ecológica. Un hecho que recuerda aquello de “la asamblea de majaras ha decidido.. mañana sol, y buen tiempo”

Por si esto fuera poco, el gobierno alemán anunció el pasado junio que incrementará el uso del carbón para reducir la cantidad de gas que se emplea para generar electricidad y en la industria. Esta medida está liderada por el ministro de Economía y Energía, el verde Robert Habeck. Y es que “estos romanos están locos” como diría Asterix.

Sin duda, asistimos a algo que ya estaba anunciado: el fracaso de la política de transición energética y de la recuperación económica y por lo tanto, de unos fondos económicos que servirán, eso sí, para apuntalar algunas cuestiones estratégicas que permitirán dar los últimos coletazos a la decrepitud del capitalismo en su fase actual.

Así pues, los Fondos de Recuperación Europeos servirán entre otras cosas para:

Llenar unos cuantos bolsillos a cargo del expolio de lo público. Los fondos acabarán, además, convertidos en activos especulativos no productivos, una vez consumado el fracaso de la apuesta por despertar la economía desde los sectores productivos. Servirán en el medio plazo para acelerar el proceso de concentración y centralización del capital.

Ante el claro descalabro de los objetivos previstos, en lugar de dar algún paso atrás, al ejecutivo se le insta y este recoge el guante, para acelerar los procesos de licitación y adjudicación, aprobando destinos al caudal de euros de lo más variopinto.

El 27 de julio, La Comisión Europea dio el visto bueno para entregar a España el segundo tramo del fondo de recuperación Next Generation, que asciende a 12.000 millones de euros, convirtiéndose así, en el primer Estado miembro en recibir el segundo pago de los fondos europeos.

Para entender este encabezonamiento dilapidatorio, lo mejor es vincularlo con la siguiente consecuencia de la ejecución de los planes.

Así, en segundo lugar, los planes de recuperación constituyen la garantía para continuar desmantelando los derechos colectivos, tanto políticos como económicos. Las reformas y contrareformas que sirvieron de condición para la aprobación de los planes de recuperación, no tienen marcha atrás, por más que estos no vayan a servir a sus objetivos explícitos. La reforma laboral, fiscal y de la pensiones avanza según la planificación prevista. En el Estado Español, la socialdemocracia tiene los mismos objetivos que el “macronismo francés” o la democracia cristiana alemana. Y es que “los caminos del señor son inescrutables”.

Y en tercer lugar, elevar a la categoría de estratégico el eufemismo de la colaboración público-privada. Esto se traduce en España en la aprobación de los PERTE. Suponen la entrega decidida de la política económica a los monopolios sectoriales, además del dinero público para asegurar la atracción de inversiones y de la inserción en la Administración Pública de las decisiones de los Consejos de administración. De cada cual según su sector, a cada cual según su avaricia.

Sin embargo, solo los ecos de un debate “demodé” sobre la eficacia de la gestión de estos fondos es lo que nos llega a los oídos. Un extraño consenso social sobre la conveniencia de un coste que mantendrá hipotecadas a las “Next Generations” de jóvenes de los pueblos de Europa sin ni siquiera la miserable recompensa de un presente de tranquilidad y sosiego económico-social.

Si para algo debe servir este dispendio infructuoso es para poner de manifiesto la incapacidad del capitalismo para volver a la senda del crecimiento económico y la prosperidad.

La toma de conciencia sobre la conveniencia de un cambio de sistema que beneficie a la mayoría social y al planeta es una necesidad vital para la humanidad. Es preciso acabar con los privilegios mafiosos de una minoría sobre la masa trabajadora y productora mundial, sobre la viabilidad del planeta.

Es urgente que apliquemos medidas eutanásicas a un sistema que entre estertor y estertor de moribundo, ni vive ni deja vivir.

Urge una salida hacia el socialismo, que planifique y use racionalmente los pocos recursos que nos queden en lugar de entrar en conflictos para apoderarse de ellos. Una salida hacia el socialismo como única alternativa para sobrellevar un futuro en el que la humanidad entera tenga cabida, en que la producción se base en las necesidades de la población, en que la paz sea garantía de prosperidad colectiva.

Kike Parra


Publicado el 8 de julio 2022 en https://nuevarevolucion.es/

uyl_logo40a.png