La Audiencia Nacional ha condenado a cuatro abogados y a diferentes personas solidarias con los presos políticos vascos a penas de prisión de hasta siete años. En concreto a la abogada Arantxa Zulueta a siete años de prisión, a Jon Enparantza a cuatro años, a Naia Zurriarain con tres años y medio de pena y a Iker Sarriegi a tres años y un día. Estas sentencias forman parte del sumario 13/13 por medio del cual la Audiencia Nacional y los aparatos del estado han ejecutado la operación de desmantelamiento del apoyo y asesoramiento legal hacia los presos políticos vascos.

Esta operación del Estado contra los abogados y los despachos de defensa jurídica de los presos ha estado jalonado de irregularidades y de denuncias de torturas perpetrada por la Guardia Civil contra estos abogados y abogadas. Es aterrador escuchar las declaraciones de Naia Zuriarrain y Saioa Agirre describiendo en el juicio los testimonios de las torturas a las que fueron sometidas y las vejaciones que se les infringieron a estas abogadas por parte de miembros de la Guardia Civil en los cuarteles de esta institución, cuando estaban detenidas.

Es tremendamente significativo que en la propia sentencia de la causa la Audiencia Nacional diga: “aunque nunca pertenecieran a la organización ETA y no hayan cometido acciones violentas, han contribuido a la cohesión y persistencia de los militantes presos, para que siguieran vinculados al movimiento”. Es decir la Audiencia Nacional reconoce que no hay pruebas de que estas personas participaran en ninguna acción armada, que se limitaron a ejercer su profesión como abogados asesorando jurídicamente en la defensa de los presos políticos, tal y como está reconocidos en la legislación penal, pero aun así son condenados sin pruebas por terrorismo y pertenencia a banda armada.

Es un nuevo episodio que deja en evidencia que el Estado español utiliza una política penitenciaria que excluye cualquier criterio que no sea el de un estado de excepción donde se ignora la propia normativa legal y se aplican sentencias y procedimientos judiciales y policiales que responden a una dictadura carente de derechos y libertades. Estamos ante una auténtica política de venganza del Estado español ante el pueblo vasco y sus organizaciones que a lo largo de años han sabido crear y organizar mecanismos colectivos de resistencia, apoyo y solidaridad hacia los presos y presas políticas de Euskadi. El sumario 13/13 es una vergüenza y es un horror. Es el resultado, así mismo, de la no resolución del conflicto entre el Estado Español y la lucha por la autodeterminación del pueblo de Euskal Herría y de como la rendición de sectores de la izquierda vasca han hecho posible que el Estado burgués español con su instrumento de represión y excepción como es la Audiencia Nacional ejerza su política de venganza y desmantelamiento represivo y brutal sobre aquellos sectores de resistencia y solidaridad del pueblo trabajador de Euskadi.

Esta sentencia, por tanto, unida a las del caso de los jóvenes de Altsasua, juntos con muchos otros casos de represión, demuestra bien a las claras, que las causas que generaron el llamado “conflicto vasco” no están resueltas ni pueden resolverse, en un avance democrático del pueblo trabajador vasco, hasta que no finalice y se acabe con la impunidad con que el estado español ha articulado todo un entramado de excepcionalidad y vulneración de los derechos humanos y democráticos en Euskadi. Es absolutamente imprescindible que se acabe con ese tribunal de excepción, heredero del TOP franquista, que es la Audiencia Nacional, que se disuelva la Guardia Civil como residuo institucional del fascismo y la tortura, que se le reconozca a los presos políticos vascos su condición de tal y quede asegurada la asistencia legal y jurídica en torno a su defensa y la posibilidad de que opere con absoluta normalidad las organizaciones de familiares, y de apoyo y solidaridad hacia ese colectivo de presos y presas.

Es absolutamente imprescindible que se avance en las condiciones políticas para el reconocimiento pleno del derecho de autodeterminación del pueblo de Euskadi y se condena de manera ejemplar todas las actuaciones de vulneración de los derechos humanos en ese territorio. Es, por tanto, necesario luchar contra el Estado monárquico y oligárquico que tras un velo de democráticas formas encubre una dictadura al servicio del capital y la oligarquía.

Comité Ejecutivo del PCPE

A 3 de abril de 2022