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Hace 40 años, el 20 de Diciembre de 1.973, se celebró el juicio contra la cúpula estatal de las Comisiones Obreras. Los detenidos, un año antes en 1.972, fueron diez: Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, Miguel Angel Zamora, Pedro Santiesteban, Eduardo Saborido, Fco. García Salve -el cura Paco-, Luis Fernández, Francisco Acosta, Juan Muñiz Zapico y Fernando Soto. Las detenciones fueron efectuadas en la mañana del 24 de Junio de 1.972 en el convento de los Oblatos de Pozuelo de Alarcón (Madrid), cuando éstos se disponían a celebrar la reunión. Pero el juicio -como queda dicho- se fijó para el 20 de Diciembre de 1.973. Las penas condenatorias iban desde los 12 a los 20 años para cada uno de ellos; luego fueron rebajadas sustancialmente y el 25 de Noviembre de 1.975 amnistiadas por real decreto firmado por Juan Carlos de Borbón, flamante rey de España.

Quedó registrado como “proceso 1001” porque este fue el número que le tocó, pero durante los trece años de represión que ejerció el Tribunal de Orden Público (TOP), creado en Marzo de 1.964 de la mano de Fernando Herrero Tejedor como fiscal general del estado, las causas abiertas por este instrumento coercitivo se elevaron a 21.657, afectando a unas 200.000 personas “subversivas”.

El “proceso 1001” tuvo una repercusión política e histórica de alcance trascendental por diversas razones: en primer lugar por el auge del desarrollo de la lucha de clases en esos momentos en nuestro país, que fue acelerado; por los síntomas de agotamiento del régimen y por la dureza torpe de los elementos incapaces de percibir lo que se les escapa, empezando por Franco como el Calígula español del siglo XX, impuesto por la burguesía montaraz de corte oligárquico y clerical.

No hay que olvidar que hasta antes de 1.963, para atrás, las causas consideradas de subversión por el franquismo eran juzgadas por tribunales militares con penas de largos años de condena en presidio y ejecuciones por juicios sumarísimos. En aquellos momentos teníamos en nuestra memoria reciente el fusilamiento de Julián Grimau en 1963 por orden de García Valiño, capitán general de Madrid, e igualmente el agarrotamiento de los activistas de izquierdas, Granados y Delgado. La dictadura, que ya era de por si extremadamente sanguinaria, durante su “reinado” implantó ocho estados de excepción, creando un estado colectivo permanente de miedo cerval que roía el cerebro y el estómago de las personas con inquietudes sociales.

Volviendo al “proceso 1001”, lo que nos explicó Miguel Ángel Zamora a los sindicalistas de CCOO del ramo de energía acerca de cómo vivieron ellos -los del “1001”- los momentos de aquel 20 de diciembre, cuando eran trasladados de las Salesas a Carabanchel haciendo un recorrido de itinerario extraño, lo entendí mejor después con la lectura del libro “La Memoria Insumisa” de Nicolás Sartorius y Javier Alfaya. ¡Claro! Con la celebración del juicio, que tuvo que ser demorado, se produce el atentado de ETA contra el presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, que, con su automóvil, voló por los aires y su alma quedó enganchada en el cielo. Explica el libro cómo se tuvo que abortar una “noche de los cuchillos largos”, que tenía que dar comienzo con los que ya tenían agarrados del “1001”. Los muy canallas no bromeaban, luego, el 21 de enero de 1.977, saciaron su sed de sangre en el número 55 de la madrileña calle Atocha, con un resultado de 5 muertos y 4 heridos (un ordenanza y abogados laboralistas de CCOO), escapando por azar el entrañable Joaquín Navarro, dirigente sindical de CCOO del transporte madrileño.

Lo que viene después, de 1.973 a 76-77, es un agarrotamiento del régimen hostigado por la fuerza irrefrenable del movimiento obrero y sindical, junto con el movimiento estudiantil, que toma en sus manos las sedes del mismísimo sindicato vertical, que da patadas a los traseros de la patronal arrancando subidas salariales del 25%, que impone como norma el sindicalismo asambleario, la participación de la democracia obrera, el respeto a las normas de seguridad en el trabajo y a la integridad del puesto de trabajo. Inunda de optimismo al movimiento popular proyectándole organización y confianza, e irradiando esa misma influencia a los sectores de la burguesía progresista; de los intelectuales, colegios profesionales de la abogacía y otros, así como a los curas de base asentados en la población obrera.

El aislamiento del régimen bunkerizado deviene de su propia ceguera sanguinaria y represiva, donde contra un movimiento obrero y popular reivindicativo, emplea lo único que sabe hacer: la violencia brutal de seguir matando. Se extienden los sucesos luctuosos de Vitoria, Ferrol (contra los huelguistas de la Bazán), los sucesos de Granada, Asturias, toda Euskadi y los cinturones industriales de Madrid y Barcelona..., con un saldo pavoroso de obreros asesinados. Los fusilamientos de 3 miembros del FRAP, los 2 de ETA y la ejecución de Puig Antich a garrote vil. De esta vorágine feroz no se libra ni dios: Añoveros, obispo de Bilbao, sufre arresto domiciliario por permitir la lectura de una homilía en pro de los derechos del pueblo vasco; Enrique y Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal Española, es etiquetado con el adjetivo de “rojo” (¡Tarancón al Paredón!, vociferaban los fascistas). No solo protestó el Vaticano, algunas embajadas extranjeras cerraron sus puertas; que es lo que inoculó la flebitis que el 20 de Noviembre de 1.975 abolió la vida abominable, sátrapa de Franco.

Antes y ahora, que han pasado 40 años, recordamos con emoción aquellas fechas históricas llenas de generosidad, heroísmo y abnegación; pero también este dicente manifiesta una profunda tristeza por la mala utilización oportunista que se hizo de todo ello: para la engañosa paz social ligada a la IIª restauración borbónica, los pactos de la Moncloa atando la política de concertación, una constitución que entre sus defectos de origen y sus recortes involucionistas ha quedado obsoleta, y todo el montón de mierda que ahora nos está cayendo.

Miguel Guerrero