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La progresiva quiebra de la formalidad democrático burguesa en el estado español alcanza sus máximas referencias en todo lo relacionado con la gestión de la profunda crisis territorial y de legitimidad que mantiene con la Generalitat de Catalunya.

Un Estado, el español, que sumido en la más profunda crisis orgánica arrastra el lastre secular de una oligarquía que, por su incapacidad de reconocer y gestionar su carácter plurinacional, solo es capaz de ofrecer represión como respuesta a la legítima aspiración al ejercicio a la autodeterminación del pueblo de Catalunya.

La represión del 1-O, la aplicación del 155, las amenazas del Jefe del Estado, exilio y encarcelamiento de dirigentes independentistas, represión del movimiento popular, negación del tercer grado a los presos y presas del juicio del Procés y la inhabilitación del President Torra, marcan una línea de actuación represiva que, por ahora, acaba con la negación al Govern de la Generalitat del derecho a modificar la fecha de las elecciones. Una senda represiva en la que, una vez más, la falsedad absoluta de la división de poderes queda evidenciada y en la que el Poder Judicial vuelve a actuar de ariete de la fracción más reaccionaria del bloque de dominación oligárquico que impone su dictadura de clase en el conjunto del estado.

Un escenario que de base cuestiona la legitimidad democrática de cualquier proceso electoral, pero en el que además, la aplicación de la antidemocrática Ley electoral española con su exigencia de recogida de avales -por la incapacidad en todos estos años de la burguesía catalana para promulgar su propia ley electoral, renunciando a ejercer un derecho soberano por la coincidencia de intereses con la burguesía española en un contexto de pandemia convierte los requisitos para la presentación de candidaturas en un riesgo para la salud pública.

El PCPC, representando los intereses de la clase obrera catalana, y como ha hecho repetidas veces en los últimos años, ha decidido presentar su candidatura a las 4 circunscripciones electorales catalanas ajustándose a todos los requisitos exigidos aportando más de 150 candidatos y candidatas, excepto en lo referente a la recogida del aval del 0.10% del censo electoral.

Nuestro Partido, con arraigo contrastado y presencia política manifiesta en la mayor parte de las comarcas catalanas, no está dispuesto a poner en peligro ni de la ciudadanía, ni la salud de su militancia y entorno político, lanzándolo a la calle a recoger más de 7.000 avales. Es una muestra evidente del papel político de la Junta Electoral Central que, pese al recurso presentado, nos exige para proclamar nuestras candidaturas incumplir las normas de limitación a las reuniones y movilidad perimetral decretadas para contener el contagio desenfrenado de la pandemia.

Por tanto, DENUNCIAMOS el carácter antidemocrático de estas elecciones al Parlament de Catalunya por pretender silenciar la propuesta revolucionaria y socialista que la clase obrera y el pueblo trabajador de Catalunya necesitan.

Las candidaturas del PCPC, estarán presentes en las urnas el 14 de Febrero o en la fecha que finalmente se convoquen las elecciones, pues -contando con todo el apoyo que pueda aportarle el PCPE en estas semanas de reducción de la movilidad-, no dejará de desarrollar una intensa campaña electoral sacando a la calle la denuncia de esta farsa electoral y de la situación límite de explotación, precariedad y pobreza a la que está sometida la clase obrera catalana.

La alternativa no se construye en las urnas; la verdadera libertad de Catalunya la estamos construyendo con la organización y la lucha del movimiento obrero y popular enfrentando las políticas burguesas de ataques a nuestros derechos promovidas desde la UE, el gobierno español y el Govern de la Generalitat.

Por el poder obrero y el Socialismo.

Por la autodeterminación de Catalunya.

Por la República Socialista de carácter Confederal.

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