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En las sociedades capitalistas, las instituciones existentes obedecen a los intereses de clase de la burguesía, de hecho, son instituciones suyas. Dentro de estas instituciones se encuadran los juzgados y los diversos organismos de la administración estatal que regulan las relaciones laborales: juzgados de lo social e inspección de trabajo, entre otros y que, en caso de surgir un conflicto de intereses entre trabajadores y patronos, intervienen a modo de supuestos árbitros imparciales. Todo ello, bajo el paraguas del derecho burgués.

Y estas instituciones tienen su calado entre la clase obrera. No resulta nada extraño -es más bien lo habitual- que sólo cuando surge un problema de orden laboral, llámese despidos, ERE, incumplimiento de convenios, etc., es cuando la inmensa mayoría de trabajadoras y trabajadores sienten la necesidad de acudir a una organización sindical para que, a través de sus asesorías jurídicas, gestionar esos problemas en sede judicial o ante la inspección de trabajo.

Pero ¿está la solución a los problemas, que tiene la clase obrera respecto a su relación laboral con la patronal, en estas instituciones?

Naturalmente, no vamos a negar que hay que presentar batalla, ante los desmanes de los patronos, en todos los escenarios posibles, entre los que se encuentran los juzgados, centros de mediación y arbitraje, inspección de trabajo..., etc. Pero el colapso que actualmente sufren estas instituciones, hacen que sus resultados lleguen muy tarde -pueden tener una demora de entre diez meses y dos o tres años- por lo que no solucionan eficazmente el problema del trabajador/a cuando lo necesitan.

En cuanto a la Inspección de Trabajo, cabe decir otro tanto de lo mismo, pues cuando llegan, llegan tarde y solo solucionan, en parte, el problema. Además es de señalar el miedo que impera entre los trabajadores y trabajadoras a la hora de acudir a la Inspección de Trabajo para denunciar una situación irregular en su empresa, que ocasiona que la mayor parte de las veces, estas situaciones no se denuncien por temor, más que justificado, a las represalias de la empresa.

Por otro lado, debemos señalar que, a pesar de la insistencia de la burguesía y sus acólitos en pregonar la división de poderes en el marco del estado, tal división es solo formal y en absoluto obstaculizan la dominación de clase del capital. Más bien, esta pretendida división de poderes se constituye en tantos otros elementos que sostienen la integridad de ese estado. Estado cuyo fin primordial es gestionar los intereses comunes de la burguesía nacional y ostentar el poder represivo frente a las clases explotadas. Sirvan de ejemplo de esa pretendida "independencia e imparcialidad judicial" las sentencias recaídas contra los independentistas catalanes -el Procés- o contra los jóvenes de Alsasua por una pelea con guardias civiles en un bar, o contra P. Hasél entre otros muchos y muchas, comprobamos que esas instituciones están hechas a la medida de la clase dominante.

En realidad, estas instituciones sirven para canalizar la lucha de clases hacia unos escenarios institucionales donde, con cartas marcadas, la burguesía pretende que se desarrolle esa lucha.

Es por ello, que la clase obrera necesita de otros instrumentos para defender sus intereses más allá del estrecho cauce que la legalidad burguesa nos deja. Como se dice arriba, no vamos a abandonar la lucha dentro del marco institucional, pero no nos vamos a limitar a ese marco. El desarrollo práctico de los CUO, herramienta organizativa para luchar contra la división sindical -caldo de cultivo para el oportunismo- unido al empleo de herramientas tradicionales en el movimiento obrero, como la huelga o las asambleas en los tajos y, desde luego, al constante trabajo de las y los comunistas en el seno de clase obrera, son los que propiciarán que la clase obrera vaya asumiendo el papel que le corresponde.

F.J.FERRER