Las acciones de sectores obreros de Panamá en su enfrentamiento al gobierno han ido en escalada. Este 31 de julio, tras una semana de manifestaciones contra las reformas al Código Laboral, el llamado ha sido a 'la gran protesta' popular frente al Parlamento.
En una sesión presencial, los diputados votaban tras su deliberación, el proyecto de ley propuesto al legislativo por la actual administración de Laurentino Cortizo. El proyecto de ley presentado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) supuestamente está basado en los acuerdos de una mesa tripartita con la participación empresarial, obrera y el gobierno, pero la representación sindical han negado que alcanzaran consenso de ningún tipo en ese debate.
Saúl Méndez, líder de los constructores, habló en el plenario en el tiempo donado por el diputado y exministro del Mitradel Luis Ernesto Carles, para denunciar que la ley en discusión es contra los intereses de los trabajadores y trabajadoras, a la vez que criticó el papel del gobierno en tolerar que el gran capital haga injustificados despidos masivos.
El también excandidato a la presidencia en las elecciones de 2019, reiteró que en la mesa los gremios solicitaron una ayuda mensual del Estado de 500 dólares por familia, mientras dure la emergencia sanitaria por la Covid-19, lo que en su opinión tuvo oídos sordos.
Por su parte, la sindicalista Nelva Reyes, ratificó que las modificaciones entregadas a la Asamblea no fueron acordadas previamente, y en un artículo publicado en el diario La Estrella de Panamá, aseveró que las mismas implicarían una doble legislación para los empleados con contratos suspendidos y otra para quienes continúan trabajando.
Una de las contradicciones que Reyes señaló en el paquete legislativo es que 'se aplicará exclusivamente a las empresas que cerraron, total o parciamente sus operaciones', y por las regulaciones establecidas por el Mitradel prácticamente todas las entidades privadas y sus trabajadores estarían contemplados, a diferencia del criterio defendido por el Ejecutivo.
Como se ve, otro país que modifica leyes a favor de la patronal y que pretende que la crisis capitalista la pague la clase obrera.
Desde que se conoció de los intentos de modificaciones al Código Laboral, los sindicatos se pusieron en estado de alerta, pero desde que Mitradel, en la persona de su ministra Doris Zapata, presentó la iniciativa legislativa concreta, las protestas se suceden diariamente con movilizaciones con distanciamiento social y bioseguridad, pero desafían las prohibiciones de movimientos.
Las manifestaciones en la capital fueron secundadas por acciones similares en las provincias de Chiriquí, en el extremo occidental; Colón, en el Caribe y las centrales Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé.
Fuente: Redacción UyL. Prensa Latina