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Al igual que en otros órdenes de la organización social y económica, la política sanitaria se enfrenta a una permanente encrucijada entre dos concepciones fundamentales opuestas entre sí. Según una de ellas, sólo la empresarialización garantiza la tan cacareada “sostenibilidad” de los sistemas de salud. Sin embargo, frente a la manipulada idea de que la gestión privada aumenta la eficiencia económica del sistema sanitario (menores costes a igualdad de servicios prestados), la evidencia científica internacional demuestra que tales hospitales con ánimo de lucro resultan entre un 3% y un 11% más caros que los centros de gestión pública directa. La “sostenibilidad” y colaboración al final resulta que está en que lo público es nuestro dinero, y lo privado sus beneficios. Con el problema añadido de que cada uno de estos centros, adjudicado por décadas a fondos de capital riesgo, constructoras o bancos, va a tener un coste para las arcas públicas de hasta 7 veces el valor de la inversión.

Por no remontarnos en el tiempo, pues todos los estudios avalan que el modelo colaboración público-privado que se viene desarrollando desde la entrada en vigor de la Ley 15/97 y el art. 90 de la Ley General de Sanidad, ha encarecido los servicios sanitarios públicos a la vez que ha deteriorado esos servicios públicos, los datos y las cuentas del hospital “milagro” madrileño para la crisis del coronavirus ponen ante nuestras narices la grosera realidad de que esos servicios resultan más caros al erario público. IFEMA, 19,4 millones de euros de dinero público en contratos solo en adjudicaciones directas en infraestructuras y servicios generales como la comida, la limpieza o el porte de material sanitario. Esos contratos triplican el coste de los servicios en otros hospitales. ¿Beneficiarios? Los conocidos y sospechosos habituales. Los ACS, CLECE, DHL…Todos estos, sus filiales, UTE´s y las diversas denominaciones de estas conocidas asociaciones para el latrocinio y esquilme de los servicios públicos que llevan parasitando las arcas públicas, para hacer caja, desde los años 80 del siglo pasado a costa de la salud del pueblo trabajador.

El colmo de la desfachatez y que debiera poner a la mayoría social en pié de guerra contra esta situación de robo al pueblo, es la petición efectuada por ASPE (Alianza de la sanidad Privada Española) para pedir su parte del botín del fondo que el Gobierno Central repartirá entre las comunidades autónomas. ¿Razón? Pues esta alianza empresarial que vive de nuestro dinero no ha podido hacer caja con intervenciones quirúrgicas, urgencias, consultas ajenas a la pandemia y demás concesiones, actividades por las que facturan y que le son derivadas desde los servicios públicos, al haberse suspendido por la covid- 19. Y ahora pretenden que dado que siguieron abiertos al ser un servicio esencial para la comunidad, aunque no prestaron asistencia a personas enfermas de coronavirus, en lugar de ofrecer sus medios gratuitamente nos vienen con el cuento de los grandes servicios que nos han prestado, lo maravilloso de la colaboración público-privada y, que una vez más, aflojemos el dinero público para que incrementen su reparto de dividendos este año. La sanidad privada demuestra sus intereses y debe permanecer al margen del sistema público. La crisis del coronavirus nos debe dejar un primer aprendizaje. Es el momento de plantarse. Ya basta de esquilmar y robar con el asalto a los servicios sanitarios y, consecuentemente es el momento de pasar a la ofensiva y de recuperar todo lo privatizado y robado. TODO.

Confrontando con el esquema privatizador, se encuentra la opción que plantea que sólo un sistema estrictamente público es capaz de garantizar la accesibilidad, equidad, eficacia y continuidad asistencial de un sistema sanitario. Dejar las políticas sanitarias en manos de empresas privadas conllevaría, por otra parte, el abandono de las imprescindibles facetas preventivas y de promoción de la salud, de escasa rentabilidad económica en el corto plazo. Prevenir posibles colapsos ante situaciones similares, en un horizonte no tan lejano, se construye día a día desde la atención  primaria que en estos momentos está  infravalorada, infradotada y destrozada con continuos recortes y cierre de centros asistenciales de atención primaria. La prevención no le interesa a la empresa privada, necesita tener enfermedad y cronicidad para ir engordando la factura. El modelo que necesitamos trabajadoras y trabajadores es el de refuerzo de la atención primaria, la prevención, junto con políticas sociales incluyentes de todas las personas independientemente de su origen o situación administrativa y aumentar las infraestructuras hospitalarias, los recursos humanos y las camas disponibles a fin de reforzar la red hospitalaria pública. Hay medios y dinero para ello. No nos pueden decir lo contrario, al menos no vamos a creer esa propaganda justo cuando sabemos que las personas enfermas durante la cuarentena morían por falta de respiradores y que 440 de ellos costaban lo mismo que un tanque o, el mismo día que hemos sabido que el gasto militar superará este año los 20.000 millones de euros. Segunda lección y aprendizaje de la pandemia, sí hay dinero y sí hay recursos. Lo que impide que esos recursos se destinen a la vida y salud de la mayoría social, de quienes todo lo producimos, es la existencia de un sistema depredador y violento cuya base material es la producción colectiva de la riqueza y la apropiación privada de esa riqueza. Esa tremenda contradicción es la que nos condena a la miseria, la opresión, la explotación y… a la muerte en tiempos de una pandemia como la de esta primavera.

Y…¡aun hay más! Más allá de cuestiones puramente economicistas, cuando tratamos de gestión de sistemas sanitarios cualquier Administración Pública que realmente gobernara para satisfacer las necesidades de la mayoría social debería plantearse como prioritaria, a la hora de definir su política, la siguiente pregunta: ¿tiene el proceso privatizador alguna incidencia en los resultados de salud de los centros sanitarios directa o indirectamente afectados?

Los modelos privatizadores, o de mercado, aplicados a la gestión sanitaria basan su estrategia de costes en la reducción de los gastos clínicos derivados de la atención a los pacientes acompañada de un desmesurado incremento de los gastos burocráticos (“marketing” para captar pacientes/clientes, asesorías, abogados, seguimiento de obras…). La experiencia de otros países muestra que la privatización y la “colaboración” público-privada en el sector sanitario conllevan un incremento importante de los costes, como ya hemos analizado, y una degradación de los cuidados. Factores asociados a la introducción del ánimo de lucro en la gestión de los servicios sanitarios públicos como son el recorte de plantillas, jornadas laborales más largas, inferior especialización del personal, falta de formación continuada y ausencia de controles de calidad, incrementan vertiginosamente los riesgos con el consiguiente deterioro en los resultados de salud en términos de mortalidad y morbilidad hospitalarias. Sólo algunos ejemplos:

  • La introducción del ánimo de lucro en la gestión sanitaria incrementa en un 2% la mortalidad hospitalaria de pacientes adultos, un 8 % en pacientes crónicos y en un 10% la perinatal.

  • Las complicaciones y la mortalidad hospitalarias se incrementan un 7% con cada paciente que se añade a la ratio por enfermera/o.

  • Una auditoría realizada en los primeros años 2000 en Gran Bretaña, tras la implantación de los modelos sanitarios privatizadores, reconocía un incremento de 10.000 muertes anuales directamente relacionadas con el descenso del número de médicos y personal de enfermería.

  • Las unidades de hemodiálisis de los centros lucrativos en USA presentan tasas de mortalidad superiores en un 8% a las de los no lucrativos.

  • La mayor incidencia de infecciones hospitalarias en Gran Bretaña se correlaciona en el tiempo con la apertura de hospitales bajo el modelo PFI (Iniciativa de Financiación Privada).

La frase arquetipo de un atraco callejero, “la bolsa o la vida”, se transforma en “la bolsa y la vida” cuando el atraco es llevado a cabo, en forma de privatización de la atención sanitaria, por los poderes públicos al servicio de los grandes lobbies empresariales y financieros. Otro ejemplo reciente, el de un estadounidense de 70 años que se contagió de covid-19 y estuvo hospitalizado durante dos meses en Seattle y ha recibido una factura de 181 páginas por más de un millón de dólares. Según el Dr. P.J. Devereaux, de la McMaster University (Ontario, Canadá): “Con los hospitales privados, usted termina pagando con su dinero y con su vida”.

Tercer aprendizaje de esta pandemia, el número de muertes es elevado no por causa del virus, sino por las privatizaciones y falta de medios del sistema sanitario, volcado en los beneficios de las empresas y no en la salud de la población. Las privatizaciones matan y hoy sabemos que los gestores de las privatizaciones son asesinos, imprudentes o dolosos, pero asesinos al fin y a la postre. Como en todo delito hay diversos grados de autoría, complicidades, agravantes, etc. Pero nunca debemos olvidar que las vidas humanas sacrificadas hoy eran evitables. Han muerto por décadas de privatizaciones y por convertir la sanidad en un negocio cuyo resultado último, en un momento de crisis, ha sido la practica descarnada del darwinismo social y el descarte humano. Si realmente queremos enfrentar este problema debemos actuar contra sus causas. Solo manteniendo el sistema sanitario al margen del negocio, del ánimo de lucro, podremos recomponer un sistema sanitario universal. Un sistema que actúe contra los determinantes de la enfermedad y sea capaz de atender en plazos razonables a todas las personas. Pero para ello es imprescindible, en primer lugar, derogar las leyes que permitieron convertir nuestra sanidad en un bazar turco. Y blindar el sistema de forma que ni un euro de nuestros impuestos, pueda jamás ir a parar a bolsillos privados.

La socialdemocracia y el reformismo, cumpliendo con su papel histórico de conducir a la clase obrera al matadero, pretenden hacer tabla rasa y volver a la situación previa, en la que ya el sistema estaba desmantelado. En junio de 2019, según cifras oficiales, convenientemente maquilladas, casi 700.000 personas esperaban una intervención quirúrgica, y 2.400.000 la primera consulta con el especialista. Mientras, los seguros privados (esos que han desaparecido en la pandemia), no han parado de crecer y hacer caja a nuestra costa. Hoy con las lecciones bien aprendidas y grabadas a sangre y fuego en nuestra memoria colectiva, vamos a salir a la calle el 20 de junio. Y más allá. No un día, ni dos, sino todos aquellos que sean necesarios para revertir lo privatizado, expulsar al ánimo de lucro de la atención sanitaria, establecer un sistema digno de cuidado de nuestros mayores. Para centrar el sistema en la prevención, y en la actuación contra los productores de enfermedad, para que nuestro dinero se dedique a garantizar el interés general. No hay caminos intermedios para garantizar que nunca más habrá muertes evitables, para garantizar que nunca más seremos victimas del capitalismo del descarte humano.

Fuente: Redacción UyL