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Pasados los 10.000 muertos muchos (cansados ya) dejaron de contar pese a que el número crecía (y crece) sin cesar. Supuestamente se había superado una importante "barrera psicológica", decían. Antes de esa "barrera", tantas muertes evitables despertaban rabia, indignación, sensación de impotencia y de injusticia... Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo, no sé!...

Después de "la barrera psicológica" las muertes se convirtieron en algo de lo más irrefrenable y habitual, como los segundos, las horas, los días, los años que pasan que se suceden sin posibilidad de parar.

A estas alturas de la pandemia capitalista del coronavirus (24 de abril,) en las residencias de mayores de España se calculan más de 15.000 ancianos muertos por COVID-19 o con síntomas compatibles. El 24 de abril se computan un total de 22.524 fallecidos por COVID-19. Dicho de otra manera: Los fallecidos en residencias de ancianos suponen el 68% del total notificado oficialmente por el Ministerio de Sanidad. Además, de un total de los 202.990 diagnosticados como contagiados, hay más de 46.000 mayores contagiados o con síntomas. Las cifras no ofrecen ninguna duda sobre el porqué de ello, sobre las medidas que se debieran tomar de forma urgente y sobre las condiciones necesarias para que no vuelva a repetirse este desastre. La abultada mortalidad de mayores en las residencias deja poco espacio para la duda acerca de cuáles son esas medidas.

Las residencias son la morgue y el sacacuartos de los capitalistas que hurgan como gusanos en los cadáveres, devorando una carne teóricamente improductiva e inútil para el capital. Se considera a los viejos como una mercancía deteriorada en tanto su fuerza de trabajo ha sido declarada obsoleta para producir, y como una fuente inagotable de gastos. De ahí las recomendaciones bárbaras y criminales de otro tipo minoritario de viejos, como los burgueses Dña. Christine Lagarde y compañía, relativas a que se mueran ya ante "las implicaciones financieras potencialmente muy grandes del riesgo de longevidad; es decir, el riesgo de que la gente viva más de lo esperado".

En el proceso de acumulación senil del capital (especialmente en educación, pensiones, sanidad…) el sector de las residencias ha sido otro gran supermercado de las grandes multinacionales que utilizan a los mayores como carroñeros mientras se apropian de la preciada propiedad de los "inútiles para el capital": su fondo salarial, sus pensiones, el salario diferido.

El proceso de compra-venta abusivo y parasitario de un servicio de atención y cuidados, deriva en la apropiación absoluta directa de las pensiones y otros fondos indirectos, a través de subvenciones del Estado. Este procedimiento se convierte a su vez en materia prima de nuevos fondos de acumulación de los capitalistas que encuentran mayores dificultades de rentabilidad en otros sectores. Esa es la "utilidad" no declarada por los capitalistas de los viejos pensionistas en residencias. Los capitalistas cual gusanos, expolian y devoran los recursos salariales presentes y futuros y saquean las pensiones a cambio de un precario e inseguro refugio en la vejez. El capital impone el retiro y el aislamiento forzado y unas condiciones de mayor dependencia y vulnerabilidad de los mayores en todas sus facetas, previo saqueo de sus bolsillos.

Según datos del IMSERSO, en España hay 5.457 residencias para mayores que ofertan unas 381.158 plazas, de las que están cubiertas el 73%. A su vez éste último representa el 3% de la población de 65 o más años . El 82% de los mayores alojados en una residencia tiene más de 80 años y representa el 6% de toda la población de España. Contraponer estas cifras a los más de 15.000 muertos debiera llevar a una impugnación general y contundente de la política de salud pública en la esfera de las residencias, y a debatir sobre la necesidad de la expropiación de las residencias privadas y desarrollar una política social extensiva y de calidad en esta materia.

Esas 5.457 residencias, son casi todas inalcanzables para la inmensa mayoría de la población trabajadora inactiva de más de 65 años. De ellas 1.394 (el 25%) son de titularidad pública, el resto 4.063 (75%) de titularidad privada. Además una parte importante de las residencias de titularidad pública están gestionadas de forma privada. Las cifras del Observatorio Sectorial de DBK de 2.018 resume el panorama de la siguiente manera:

“El 59% del mercado total corresponde a residencias privadas (2.655 millones de euros de volumen de negocio), el 30,4% a concertadas (1.370.000 euros) y el10,6% restante a públicas. Y en lo que se refiere a camas... el 65% eran plazas privadas puras (186.300) y las concertadas supusieron 99.100.”

Grandes fondos de inversión extranjeros son los tenedores de este negocio que mueve más de 4.500 millones de euros. La compañía privada más grande de este sector Domus Vi (del fondo de inversión ICG y del holding SRS) facturó 376,9 millones de euros en 2.018 y preveía superar los 500 millones en 2.019. Domus Vi, al igual que otras como Orpea, Sanitas, Amvir o Clece, siguen saqueando millones. Ninguna de las sanciones de las que han sido objeto, muchas de ellas relacionadas con la insuficiencia (cuando no criminales prácticas) de los servicios prestados y otras relacionadas con las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de las residencias) ha supuesto obstáculo para su boyante negocio y latrocinio.

La tragedia evitable en las residencias en España deja en entredicho también, la política del “quédate en casa” como medida (la medida) contra la pandemia del COVID-19. Demuestra la no-política de salud pública sino la gestión capitalista de una crisis en la que la clase obrera y los sectores populares han de pagar con muerte, privaciones, penurias económicas y derechos los desastres creados por el capitalismo. La política de salud pública ha de basarse en “las mascarillas, los test y las UCI”, expresado gráfica y sucintamente. Es decir, se debe fundamentar en la prevención, el diagnóstico y la atención. Además, vista la relación directa entre el sistema de residencias en España y su afectación por la pandemia del COVID-19, sería necesaria la intervención y expropiación de las industrias y servicios privados de salud y atención a mayores, así como su puesta en marcha bajo control obrero sin afán de lucro y con el único objetivo de atender, acompañar, cuidar e incluir activamente, la vejez en la organización de la sociedad.

Quiles