DENUNCIA DE LA BRUTALIDAD POLICIAL DEL GOBIERNO PSOE-UP
El Gobierno de PSOE-UP ha declarado un Estado de Alarma, ya prorrogado en tres ocasiones, para enfrentar una crisis sanitaria. El PCPE, desde el primer día, ha manifestado que lo que correspondía era una Declaración de Emergencia Sanitaria, que implementara las medidas sociales necesarias para preservar la salud de la población. Este Estado de Alarma -se está viendo en estas semanas-, no es otra cosa que una limitación de derechos y libertades, que por un lado nada tiene que ver con las necesidades sanitarias de la población, y por otro se convierte objetivamente en un Estado de Sitio, en el que se limitan derechos fundamentales y libertades, con el pretexto del cuidado de la salud de la población.
Así el Gobierno de PSOE-UP considera normal que millones de trabajadoras y trabajadores continúen con su actividad laboral, cuando en la mayoría de los casos en los centros de trabajo se incumplen las más elementales normas establecidas en los Anexos de los Planes de Seguridad y Salud, prescritas para la Convid-19. Pero ese mismo Gobierno considera que no es posible visitar a un familiar o realizar deporte al aire libre individualmente. La prioridad, está claro, es la de mantener la ganancia empresarial, aunque le cueste la salud y la vida a una cantidad ingente de trabajadoras y trabajadores.
El Gobierno de PSOE-UP ha lanzado a la calle a miles de policías, guardias civiles y militares, con el pretexto de resolver esta Emergencia Sanitaria.
No existe un plan de Emergencia Social, que atienda, con personal especializado, las situaciones de millones de personas con vulnerabilidad, con hambre, con situaciones de violencia familiar, o marginalidad. Se ha respondido con un Estado de Sitio, una privación de derechos y libertades en una situación de impunidad policial y militar.
Las imágenes de numerosos vídeos (silenciados, cómo no, por todos los medios de propaganda del sistema), que circulan ampliamente, donde se constata la brutal intervención de los cuerpos de policía, y el Ejército, son una demostración incontestable de esta situación. Personas pacíficas que son brutalmente golpeadas, apalizadas, pateadas, y finalmente esposadas y detenidas. La fiera brutalidad de los policías carece de la más mínima justificación. Personas que van a su trabajo, o que realizan cualquier actividad indispensable para la vida han sido víctimas de este estado de terror policial-militar.
En otros casos se trata de situaciones de marginalidad social, o expresiones del conflicto intrafamiliar en que se encuentran confinadas cientos de miles de familias sin la más mínima atención social. La brutalidad animal con que agentes de policía arremeten contra personas que sufren demencia, u otros padecimientos de salud mental, pone de manifiesto el carácter faccioso de esos cuerpos de policía.
El Gobierno se vanagloria de haber impuesto más de 700.000 multas. ¿Piensa el Gobierno tramitar y cobrar esas multas? ¿No hay bastante pobreza en este capitalismo español para encima caerle al pueblo con esa millonada de euros en multas?
Un Plan de Emergencia Social, implementado desde el primer día, cómo ha exigido el PCPE, habría no solo evitado esas palizas de la policía contra gente pacífica e indefensa, sino que habría ayudado a resolver situaciones que requieren de una especializada y cercana asistencia social a las familias que soportan un alto sufrimiento en estas condiciones de confinamiento, y no que se les someta, encima, a tal maltrato desde los cuerpos de policía.
El Gobierno de PSOE-UP no ha querido abordar esta situación de los cuerpos de policía y del Ejército, que no es nueva en España. Y trata de evitar cualquier debate político, que cínicamente sería utilizado incluso por los mismos que durante años engordaron esta fiera. La monarquía española tiene una tradición de siglos de conformar su Estado con unos cuerpos represivos que actúan con total impunidad, sometiendo al pueblo a todo tipo de abusos y violencias. Policías que se saben impunes, que pueden vulnerar los derechos de cualquier persona sin que les pase nada, y que apalizar y humillar al pueblo forma parte de sus esencias más genuinas.
El Ministro Grande Marlaska, al frente de esta barbarie policial, no admite la más mínima crítica por estos hechos denunciados, y apoya esta generalizada violación de derechos contra las personas con total cinismo.
El Gobierno PSOE-UP se pliega a la dictadura del capital, obliga a la clase obrera a trabajar para mantener la ganancia capitalista, y lanza a sus perros de presa uniformados para, desde un principio, imponer el terror en todo el estado, y así tratar de evitar que la clase obrera se rebele y luche a la salida del confinamiento.
Esa es una estrategia que no dará resultado, no conseguirán sus fines de sometimiento, los capitalistas y su gobierno se equivocan con esta estrategia. Siempre los Estados policiales y militares han terminado incendiando la situación social y alimentando la rebelión de las masas obreras y populares, que no soportan un maltrato continuado y la violación sistemática de sus derechos.
Para la clase obrera y los sectores populares es fundamental no tolerar esta situación, no agachar la cabeza. Si así lo hicieran lo que avanzaría sería el fascismo. Los cuerpos policiales, y los militares, envalentonados por la pasividad del pueblo ante su violencia, actuarían cada vez con mayor agresividad, empezaría una nueva persecución política selectiva contra la dirigencia de la lucha popular, obrera y revolucionaria. Los cuerpos represivos desarrollarían sus planes para eliminar toda disidencia. Cómo afirmaron los militares golpistas argentinos: “Primero eliminaremos a los revolucionarios y luego a los indiferentes. Solo dejaremos a los incondicionales”
Pero no tenemos que irnos tan lejos. Aquí en nuestro país el General de la Guardia Civil, Rodríguez Galindo, junto a otros Guardias Civiles, secuestró, torturó y asesinó a los activistas vascos Lasa y Zabala. Apenas pagaron con unos pocos años de privilegiada prisión esos crímenes. Y el ciclo anterior de la dictadura de este país se cerró sin que un solo torturador o asesino de los cuerpos de policía pagara con una condena los crímenes cometidos.
Por ello enfrentar, denunciar y luchar, contra la barbarie policial y militar que estos días estamos viendo en las calles y barrios obreros es una cuestión prioritaria de defensa de las libertades y la democracia. Es hoy una prioridad en la lucha de las organizaciones populares, obreras y revolucionarias.
El PCPE llama a nuestro pueblo, a las trabajadoras y los trabajadores, a la juventud que sufre de una manera especial estas agresiones, a enfrentar esta oleada represiva plantando cara con determinación, denunciando cualquier agresión y exigiendo la depuración de todas las responsabilidades de aquellos uniformados que las protagonizan.
LIBERTAD y DEMOCRACIA para el PUEBLO, POR NUESTROS DERECHOS, NO A LA VIOLENCIA POLICIAL
SOLO EL PUEBLO ORGANIZADO DEFIENDE AL PUEBLO, FUERA MILITARES DE LAS CALLES
Secretariado Político del Comité Central del PCPE
24 abril de 2020