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Estos días se habla de la necesidad de mano de obra en el campo para las campañas de frutas y hortalizas. Más de 100.000 temporeros y temporeras para toda la geografía. Según refiere el ministerio del ramo “el cierre de las fronteras imposibilita la llegada de trabajadores de otros países”. Las patronales están pidiendo «igual la Administración tiene que fletar aviones, como en el caso de los EPIs y facilitar la venida de cuadrillas o, por carretera, respetando las medidas de seguridad y la separación social».

Ya hay en marcha un Programa de Fomento del Empleo Agrario con unas ayudas superiores a los 236 millones de euros para que ayuntamientos de Andalucía, Extremadura, Aragón, Canarias, Castilla - La Mancha, Castilla y Léon, País Valenciano y Murcia. Y se plantea que personas que cobran prestación de paro o afectadas por un ERTE, efectúen trabajos agrícolas para “salvar” el sector.

¿De quién se olvidan? Por supuesto, de jornaleros y jornaleras. De garantizar real y efectivamente que las condiciones de alojamiento sean dignas, que se pague y se cotice lo que marca el convenio, que las jornadas sean las legalmente establecidas, que se garantice la salud….

Una jornalera, afiliada al Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) lo dice alto y claro: señores empresarios paguen lo que corresponde y tendrán jornaleros y jornaleras.

Redacción UyL y SAT