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SOCIALMENTE INSOSTENIBLES, ÉTICAMENTE INACEPTABLES

¿Te imaginas que dentro de 5 años tu salario, pensión, o beca de estudios fuera el doble del actual? Pues eso es, aproximadamente, lo que se pretende con los gastos militares cuando, tanto el gobierno anterior del PP como el actual del PSOE, se comprometen con la OTAN a subir el presupuesto militar español al 2% del PIB antes de 2024. Y no es que el actual sea precisamente pequeño: el gasto militar en España durante 2018 se calcula que fue cercano a los ¡24.000 millones de €!, dos veces y media más que toda la inversión anual en las Universidades Públicas. En otras palabras, el gasto militar anual por habitante, niñas/os y ancianas/os incluidos, es de 504 €. Así, por ejemplo, una unidad familiar de 4 miembros contribuye involuntariamente con unos 2.000 € al año para los “juegos” de la guerra. Y todo ello sin mencionar los aproximadamente 8.500 millones de € dedicados a gastos de control social (policías estatal y autonómicas, prisiones,…), que bien merecerían un artículo en sí mismos.

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS.

A mediados de diciembre de 2018 el Consejo de Ministros aprobó un plan de inversión para la actualización y renovación de material militar de los tres ejércitos: tierra, mar y aire, no vaya a ser que alguno de ellos se sintiera agraviado. Esta partida extraordinaria, cuya sostenibilidad financiera nunca se pone en duda cuando se trata del negocio armamentístico, supone 7331 millones de € (¡mil millones de € más que todo el presupuesto para la maltrecha sanidad valenciana en 2018!). En un ejercicio de cinismo y manipulación, propio de quienes llevan décadas engañando a la clase obrera y al pueblo trabajador, la todavía ministra de Defensa, Margarita Robles, justifica el escandaloso gasto como “una inversión militar y social” ya que “como consecuencia de esta inversión vamos a conseguir

7.000 empleos”. Dicha afirmación, además de un intento de soborno inaceptable en una sociedad con más de 3 millones de paradas/os, encierra una gran mentira: con la inversión necesaria para generar 1 solo puesto de trabajo en la industria militar, la sanidad pública emplearía a 10 y la enseñanza pública a 17 trabajadores/as. Puestos de trabajo socialmente útiles y no parasitarios ni preparatorios de la guerra. Lo que sí es cierto es que con bastante menos dinero del asignado al presupuesto militar lograríamos que en nuestro país no hubiera ni un solo parado o parada sin cobrar prestación o subsidio por desempleo.

Y, hablando de gasto socialmente útil, ¿qué decir de la investigación científica y tecnológica? Según el “Centre Delàs d’Estudis per la Pau”, el gasto contemplado en los PGE 2018 para investigación militar es cerca de 29 veces superior al del programa “Investigación energética, medioambiental y tecnológica”, casi 13 veces el de “Investigación y experimentación agraria”, más de 11 veces el de “Investigación oceanográfica y pesquera”, y 2,5 veces el gasto inicialmente programado para “Investigación sanitaria”. Toda una declaración de intenciones acerca de las verdaderas prioridades del Estado español: un ejército al servicio de la guerra de rapiña, la colaboración con el imperialismo más abyecto encarnado por Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN, y la salud financiera del complejo militar-industrial, muy por encima de la salud de la población, de la salud laboral, de la salud sexual y reproductiva de nuestra juventud y, por supuesto, de la sostenibilidad ambiental y la protección efectiva de los ecosistemas.

NO SON MISIONES DE PAZ.

La Zona Norte de Alacant tiene el dudoso honor de acoger en Rabassa el cuartel general de los Mandos de Operaciones Especiales (MOE) de la OTAN que, según la propia organización describe, incluye entre sus acciones “golpes de mano, señalización de objetivos mediante láser para su destrucción por un avión, captura de personalidades o rescate de rehenes, etc”. Nada que ver con “misiones de paz”, tal y como gobiernos y medios de difusión nos las quieren presentar. El sonido de la guerra que, de vez en cuando, surca los cielos de nuestros barrios, procede de sofisticados helicópteros que despegan y aterrizan en el cuartel de Rabassa. Debemos saber que cada helicóptero NH-90 que vemos desde nuestros balcones nos cuesta unos ¡60 millones de €!

Mientras perdemos decenas de miles de educadores/as o sanitarios/as, cada uno de los militares enviados en misión de guerra a cuatro continentes supone un gasto público equivalente al de 7 profesionales de la educación o 4 de la sanidad. Sin embargo, el mismo Estado o la misma UE que recorta gasto público educativo, sanitario, o pensiones, alegando que no son “sostenibles”, jamás cuestiona la sostenibilidad del gasto militar, al contrario, ¡pretende doblarlo en 5 años! Eso sí, al parecer no hay recursos suficientes para mantener limpios nuestros barrios, reabrir la biblioteca del Parque Lo Morant, abrir la piscina de Vía Parque los fines de semana, reabrir las unidades cerradas en el Colegio Emili Varela, o construir más escuelas infantiles públicas de 0-3 años, entre otras muchas necesidades sin resolver en nuestra ciudad.

Ningún cuartel, unidad militar, o avión de combate nos defiende del paro, los salarios y pensiones de miseria, la malnutrición infantil, el fracaso escolar, los desahucios, el repago farmacéutico o las inaceptables listas de espera sanitarias. Sólo la lucha organizada garantizará la paz, el acceso universal al trabajo, la vivienda, la educación, la cultura, el deporte, el ocio juvenil creativo, la atención a la dependencia, y la salud que quienes vivimos en los barrios obreros necesitamos.

JOSÉ BARRIL/ @pcpe_alacant


Artículo publicado en alicanteopinion.es el 19 de septiembre de 2019