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El 28 de septiembre se conmemora el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, esta iniciativa surgió en 1990 en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe y la convocatoria se ha extendido a nivel internacional, ¿pero cuál es realmente la realidad concreta en el Estado Español?

Hasta el cambio legislativo de 2010, se castigaba con pena de cárcel a las mujeres que interrumpían el embarazo y no podían acreditar alguno de los tres supuestos despenalizados: a) grave peligro para la salud física o psíquica de la madre, b) graves taras físicas o psíquicas en el feto y c) si el embarazo es fruto de una violación. Más allá de las 14 semanas de gestación o de las 22 semanas si se presentan graves problemas médicos para la embarazada o el feto, en los que el aborto tiene que ser aprobado por uno o más médicos según el caso. Quedando únicamente fuera de limitación de plazo alguno cuando los problemas de salud del feto sean extremadamente graves.

La vigente Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo mantiene multitud de deficiencias en su desarrollo y aplicación. El gobierno socialdemócrata no la dotó de presupuesto y continúa sin hacerlo, y el PP ahondó en esa política dando apoyo a las organizaciones “provida”, e incluso planteó una reforma pretendiendo volver a 1985 con la ley de supuestos.

No está asegurada la realización de la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, alcanzando un precio de unos 1700 euros en la sanidad privada, no se garantiza a las mujeres que sobrepasan las 14 semanas, existe una clara desprotección de mujeres jóvenes migrantes y de las que se encuentran en extrema vulnerabilidad, como las mujeres víctimas de violencia de género. Todo ello hace que hoy en día en el Estado Español continúen practicándose abortos ilegales y con un importante riesgo para la mujer. Hay propuestas, más allá de la IVE, relacionadas con la salud sexual y reproductiva, que no se han materializado en políticas generales ni en proyectos sanitarios o educativos. Han desaparecido los servicios de atención e información sexual, consultas jóvenes, centros de planificación familiar, etc. La educación afectiva-sexual ha desaparecido de los currículos educativos, tiene escasísimos recursos en proyectos puntuales autonómicos y locales, y eso provoca el avance de las actitudes machistas entre la juventud.

Los métodos anticonceptivos están prácticamente fuera de la sanidad pública, los preservativos lo han estado siempre, DIU o parches hormonales solo algunos modelos y las pastillas anticonceptivas de última generación, las más demandadas, han sido recientemente excluidas de la seguridad social. Estas medidas objetivamente afectan más a las trabajadoras que sufren en mayor medida los recortes y las políticas antisociales del capitalismo español.

Las mujeres todavía nos enfrentamos en la sanidad pública a una carrera de obstáculos para ejercer un derecho que nos corresponde. Y es esto lo que constituye un trato indigno en el acceso al aborto. El aborto será digno cuando todas las mujeres que decidan abortar reciban un trato respetuoso durante todo el proceso, sin discriminación, con plena autonomía y con información veraz por parte de los servicios públicos de salud. Hasta que esto suceda, se seguirá vulnerando por parte del Estado el derecho a un aborto digno.

El 90% de interrupciones de embarazos (IVE) se llevan a cabo en centros privados en nuestro país, porque el negocio del aborto está al servicio del capitalismo, que reparte las ganancias con la sanidad privada. En el capitalismo el aborto es un negocio más, la privada siempre está dispuesta, a atender a las mujeres de alto nivel socio económico, para interrumpir el embarazo, sin condiciones, sin plazos, ni preguntas; mientras las mujeres de las capas populares deben enfrentar la decisión de llevar a término un embarazo no deseado o arriesgar sus vidas en un aborto inseguro e ilegal.

La defensa del derecho al aborto libre y gratuito, en la sanidad pública y sin objeción de conciencia, constituye la verdadera garantía del respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ya que lo que sigue estando en juego es la libertad de las mujeres, especialmente de las trabajadoras, respecto de su cuerpo, de su maternidad y de su vida.

El sistema patriarcal en el que vivimos, al servicio del capitalismo y de la oligarquía que  gobierna, necesita del control  sobre el cuerpo de las mujeres y la reproducción sigue siendo un mecanismo de control al servicio de las clases dominantes, como modo de garantizar la acumulación y el expolio a  la clase obrera.

Secretaría feminista