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Recientemente la fiscalía anticorrupción ha instado el procesamiento del BBVA, una de las principales entidades financieras del país, "por hechos que serían constitutivos de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios". Todo ello en relación a cuantiosos pagos realizados por la entidad al ex comisario Villarejo. Considera este probo fiscal que las actividades conocidas, y sospechadas, de Francisco González y sus mariachis, constituyen delitos contra el vigente ordenamiento jurídico y la buena convivencia. El fiscal, en su papel, cree estar persiguiendo actividades anómalas y censurables en esta sociedad, protagonizadas por los más altos responsables del BBVA.

Pero la realidad es que el fiscal, por aquello de creerse el cargo y su papel como guardián de la legalidad vigente, está persiguiendo los “esfuerzos” realizados por el Consejo de Administración de este negocio financiero, sencillamente para conseguir a final de año una buena cuenta de resultados, que sus accionistas vean incrementar el valor de sus títulos, y que otras envidiosas empresas de la competencia no perjudiquen este noble objetivo de que el banco cada día sea más fuerte y saneado.

La historia del BBVA es bien conocida. Para empezar se quedó con el antiguo Banco Hipotecario (posteriormente Argentaria, en el proceso de privatización), entidad de carácter público que se ocupó en una fase anterior del capitalismo, todavía menos violenta, de facilitar una financiación “más social” del acceso a la vivienda. También el Bilbao absorbió al Banco de Vizcaya, siguiendo la lógica e imparable concentración monopolista del capital. Se cumplen, así, las orientaciones de la UE, bancos fuertes para ganar en capacidad de competir.

El BBVA recibió cuantiosas cantidades regalías a cuenta del rescate de Zapatero. Cantidades secretas porque, ya decía el Presidente de Gobierno del PSOE, no era bueno que se conociera qué cantidad pedía cada Banco, no sea que se generara una situación de desconfianza y pánico al conocer esas anónimas cifras.

Este mismo BBVA ha ejecutado en estos años miles de desahucios de viviendas, a cuyas familias previamente había engatusado con golosas hipotecas. Los desahucios son un saneado negocio para los Bancos, se quedan con todo lo pagado durante años por la familia hipotecada, le añaden unos leoninos intereses de demora por la cuotas que no se pudieron pagar a tiempo, y …..  finalmente se quedan de nuevo con la propiedad de la vivienda, con lo que cual el negocio no puede ser más sustancioso.

Lo que pasa es que, a pesar de todos estos “denodados esfuerzos”, pues a veces el negocio no va bien. Ya sea porque alguien se pone a mirar con mala idea la contabilidad interna del banco, o porque otras entidades muy avariciosas tratan de meter sus sucias manos en la empresa propia. Contabilidades que a veces hay que hacer desaparecer de forma apresurada y radical, incluso recurriendo al fuego del infierno si ello fuera preciso. También se puede hacer necesario convencer a ciertos jueces y/o policías que se deben dejar tranquilas las cosas internas de una entidad de tanto prestigio y tan importante para el país, o sencillamente, para decirlo ya de una forma directa, pues puede ser necesario romperle las piernas a alguien si se empecina en atentar contra la estabilidad del Banco, que es tanto como atentar contra la estabilidad de España.

Quizás el fiscal no ha realizado este elemental razonamiento, y por ello lanza su dedo acusador contra Francisco González y sus colegas, sin tener clara conciencia del daño que esto puede ocasionar a la economía nacional, al prestigio de España, y, cómo no, a los intereses de los ciudadanos que tienen sus escuálidos ahorros confiados a tan importante entidad.

Esas ideas sí que las tiene mucho más claras el Gobierno de turno, el Parlamento y cualquier partido político que aspire a participar en el gobierno de este país. Ninguno de ellos anda estos días metiendo el dedo en la llaga. Si en su día se estableció la doctrina Botín, no es por otra cosa que porque personaje de apellido tan propio de la actividad financiera obtuvo una particular atención por parte del sistema judicial, cuando se vio en ciertos apuros para justificar sus esfuerzos financieros.

El fiscal debería saber que, por cosas mucho menores, otros han terminado sus días en lúgubres despachos con sensible pérdida del escalafón.

Miremos el caso Cursach, o el más reciente del Imán de Ripoll, que son parte de una antología, muy pedagógica, de las esencias más íntimas del actual sistema capitalista español.

No es corrupción, son las necesidades del sistema para que todo siga funcionando ordenadamente y se pueda garantizar el bienestar de la ciudadanía.

No es tan difícil, basta con mirar discretamente para otro lado.

Bueno, salvo que todo tenga una explicación en un nuevo impulso al proceso de concentración y centralización del capital financiero español, en este caso de la mano de las legítimas aspiraciones del Banco Santander. Ya lo dicen las directrices de la UE, hay que favorecer la creación de entidades financieras muy fuertes, y Ana Patricia Botín, cómo no, está de acuerdo.

En ese caso el fiscal no está equivocado, sencillamente está trabajando.

Carmelo Suárez. Secretario General del PCPE