Compartir

Cuando hablamos de que el imperialismo tiende a la reacción en todos los ámbitos, despojándose de cualquier vestigio de formalidad democrática a la hora de ejercer su dictadura tanto sobre la clase obrera y las capas populares, como de su voluntad de sometimiento a los pueblos que defienden su soberanía e independencia nacional, hablar de Libia y de la agresión sufrida por esta nación constituye un ejemplo gráfico reciente para visualizar el grado de brutalidad al que la oligarquía es capaz de llegar para mantener (o ampliar) sus espacios de influencia y, por tanto, sus negocios, acompañada siempre por la impunidad que le da el saber que, por un lado, la superioridad militar incontestable hace imposible que los pueblos agredidos puedan defenderse con garantías y que, por otro, la actual correlación de fuerzas y la debilidad momentánea de las organizaciones revolucionarias puedan llegar a poner en riesgo su hegemonía dentro del marco geográfico del estado agresor.

La conocida como Gran Yamahiriya Árabe Libia Popular Socialista fue otro escenario más de las luchas existentes entre los distintos centros imperialistas, víctima propiciatoria en la carrera por el saqueo que los diferentes estados, al servicio de sus respectivas oligarquías, mantienen por hacerse con el control de, en este caso, los enormes recursos petrolíferos y gasísticos, buena parte de los cuales todavía se encuentran en yacimientos todavía sin explotar.

Este control estatal parcial sobre las inmensas reservas energéticas resultaba ya intolerable para los estados imperialistas, y la versión libia de las llamadas “primaveras árabes”, convenientemente amplificada y espoleada por los centros imperialistas a través de sus respectivos agentes con presencia en territorio libio, constituyeron la excusa perfecta para la desestabilización y posterior agresión abierta llevada a cabo, en este caso, bajo el paraguas de la principal organización terrorista mundial: la OTAN.

Dos años después, Libia constituye hoy lo que desde los propios centros de poder imperialistas se denomina como un “estado fallido”, es decir, una nación colapsada debido a la devastación previa provocada por los mismos agresores, y saqueada por los las entidades bancarias correspondientes, siempre bajo la tutela y órdenes del FMI y del Banco Mundial. Cuando los focos mediáticos se han apagado, cuando las “operaciones” ya han sido completadas con éxito, le toca ahora al pueblo libio pagar la enorme deuda que la agresión ha generado, es decir, saldar la factura de la correspondiente “liberación” a los correspondientes “libertadores”.

Con la destrucción del estado libio se consuman los planes históricos de países como Italia (su antigua metrópoli), Francia o Reino Unido, que tras la II Guerra Mundial a punto estuvieron de conseguir entonces la partición del país, opción que ahora se baraja igualmente aprovechando la compleja división tribal y la existencia de otras jerarquías semifeudales todavía existentes para, llegado el caso, servirse de ellas como instrumentos políticos cipayos que aseguren a los correspondientes capitalistas nacionales la explotación de cada uno de sus territorios asignados.

La destrucción del estado libio que resulta del derrocamiento de la monarquía en 1969 supone la desaparición de un modelo caracterizado por un acusado panarabismo y, al menos en los primeros momentos, por el impulso de importantes medidas económicas de carácter socializante.

Varias fueron las medidas aplicadas por las autoridades revolucionarias que hicieron que Libia se convirtiese, por un lado, en un referente político para amplias masas populares que lo identificaban como un agente capaz de sacudirse el dominio imperialista: la nacionalización de la banca y las compañías de seguros extranjeras; la nacionalización del 51% de las compañías petrolíferas extranjeras que se avinieron al acuerdo ofrecido por el gobierno libio, así como la expropiación total de los activos de aquellas que se negaron a someterse a las condiciones expuestas por las autoridades revolucionarias (parte de las que hoy conforman el llamado como “Big Oil”, es decir, los grandes monopolios de la extracción y comercialización petrolera); la extensión de los sistemas públicos de sanidad y educación al conjunto del pueblo; o la expulsión de todas las bases militares extranjeras (británicas y estadounidenses) presentes en su territorio .

De igual forma, la oposición histórica del gobierno libio al sionismo, que se tradujo en el respaldo tanto al llamado “Frente de Rechazo” como a las reivindicaciones palestinas que se negaban desde el principio a legitimar la existencia de Israel como estado que asentaba su legitimidad en la ocupación de unas tierras usurpadas al pueblo palestino; su política en materia petrolera tendente a limitar la producción para evitar el descenso pronunciado de sus reservas antes de que se desarrollasen convenientemente otros sectores económicos del país, o sus iniciativas en la OPEP para vincular los precios del petróleo al de los productos manufacturados que necesitaban importar, constituyeron igualmente medidas que pusieron a Libia en la agenda imperial como enemigo a batir.

No pretende este texto analizar las complejas contradicciones entre las distintas clases y capas existentes dentro de la sociedad libia, aunque las mismas sin duda pudieron resultar determinantes a la hora de encontrar los distintos agresores imperialistas a sus correspondientes títeres locales que, buscando acomodo y espacios de poder en el nuevo orden político y económico que se estaba forjando, constituyeron el núcleo de la llamada “oposición democrática” bajo el cual se justificó internacionalmente las infames resoluciones de la ONU que impidieron al legítimo gobierno libio defenderse de la, por otra parte, abrumadora operación militar que días después de su aprobación arrasó el país, destruyó sus infraestructuras, y permitió la absoluta impunidad a los “rebeldes” para entregarse al baño de sangre y terror que siguió al triunfo de su golpe de estado.

Sí cabe detenerse, en cambio, en algunas de las enseñanzas más evidentes que el modus operandi aplicado por el imperialismo contra el pueblo libio y su gobierno dejaron patentes para la clase obrera y las capas populares, especialmente en lo que hace referencia al papel jugado por los distintos agentes políticos.

Por un lado, la eficacia con la cual la socialdemocracia ha protegido nuevamente los intereses y negocios de su correspondiente oligarquía nacional. Con el expreso apoyo que el gobierno del PSOE otorgó a la agresión de la OTAN, o el impuso a la instalación del llamado “escudo antimisiles” y la ampliación de la base naval de Rota para acoger a un mayor número, y con un mayor poder de fuego, de buques de guerra norteamericanos, este partido se retrataba por enésima vez ante los ingenuos sectores que a estas alturas todavía consideraban a la fracción política socialdemócrata como algo sustancialmente diferente de su versión conservadora. Las principales maquinarias electorales genuina y abiertamente capitalistas presentaban una vez más al descubierto su naturaleza, y aquello para lo que realmente operan: la defensa de los intereses comunes de la clase burguesa, y en este caso, para los correspondientes monopolios energéticos, que buscaban una mejor posición en el nuevo reparto que se estaba dilucidando una vez consumada la aniquilación del gobierno libio.

Por otra parte, la bancarrota de las organizaciones reformistas, incapaces de mantener una posición, no ya de defensa de los intereses de la clase obrera y las amplias capas populares, que nada iban a ganar en la enésima operación de rapiña que se estaba pergeñando, sino tan siquiera de una postura mínimamente democrática de defensa de la soberanía de los pueblos, y de su libre disposición de su territorio y recursos. Con discursos ambiguos (“ni OTAN, ni Gaddafi”), de bajo perfil y sin levantar excesivamente la voz por temor a situarse en el ojo del huracán mediático que pudiera perjudicar los resultados de las elecciones en ciernes, aparecían nuevamente como el “ala izquierda” del capitalismo, incapaz de jugar otro papel que el de comparsa y tonto útil para la estabilidad del régimen.

Mención aparte merecen las bandas trotskistas que, emboscadas bajo un discurso ultraizquierdista con objeto de provocar la confusión entre las masas, abiertamente aplaudieron las supuestas “revoluciones” que tanto en Libia, como ahora en Siria, se estaban produciendo, así como se desgañitaban clamando para que la “comunidad internacional” (léase el imperialismo) interviniese abiertamente en dichos procesos. Una vez más el trotskismo en acción, que al igual que en su día azuzaba la agresión militar nazifascista contra la URSS, promovía más de 70 años después otra brutal agresión a mayor gloria de los monopolios internacionales.

En el actual escenario internacional de la lucha de clases, y a pesar de la correlación de fuerzas existentes, el reto que para los y las comunistas es atender de manera inaplazable las tareas señaladas en la Resolución del Comité Ejecutivo del PCPE de Septiembre de 2011 sobre la agresión imperialista a Libia, y que pasan por la constitución de un amplio Frente Mundial Antiimperialista que siente como eje de actuación la defensa intransigente del respeto a la soberanía de los pueblos; la multiplicación de los esfuerzos de coordinación para el combate de estructuras como la OTAN y la Unión Europea; y la unidad de los sectores actualmente golpeados por el poder de los monopolios para, bajo la hegemonía de la clase obrera y sus organizaciones de vanguardia, derribar la actual dictadura capitalista que desbrozar el camino para un poder obrero y popular, que base sus relaciones internacionales en la cooperación y el apoyo mutuo, en la paz y el progreso de la humanidad. Transitar este camino, hacer de la histórica consigna “Ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases” la guía para la acción política, es la única posición consecuentemente revolucionaria para remitir al basurero de la historia al imperialismo y a las continuas guerras de saqueo que le son inherentes.

Juan Carlos Martínez