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La apuesta por el fin de la confrontación armada que realizó las FARC-EP, después de más de 50 años de lucha guerrillera en Colombia, fue una apuesta con innumerables riesgos. Siempre planeaba sobre el acuerdo de paz la sombra del genocidio de la Unión Patriótica en los años 90, que dejó un saldo de 5.000 asesinados a manos del Estado y sus aparatos paramilitares.

Hoy, después de 2 años y medio de la firma del acuerdo de paz, una nueva traición a lo pactado por parte del Estado y la oligarquía colombiana se consuma. El incumplimiento del acuerdo paz hoy es innegable, después de 30 meses de la firma del acuerdo, la gran mayoría de puntos pactados o no se han cumplido en su totalidad o sólo se han cumplido de forma parcial.

Pero no sólo se trata del incumplimiento de lo pactado, la violencia del Estado y los aparatos paramilitares al servicio del propio Estado, empresas, terratenientes y el narcotráfico; han asesinado en los últimos 15 meses a más de 320 líderes sociales, es decir, 2 asesinados cada tres días.

Esta cifra no tiene en cuenta el asesinato de exguerrileros a manos del ejército y sus aliados paramilitares. Desde la firma del acuerdo de paz, se han asesinado 130 guerrilleros y guerrilleras, uno por semana, eso sin contar los familiares de los excombatientes. Los últimos casos de asesinatos contra antiguos miembros de las FARC-EP se han registrado con pocos días de diferencia. En el norte del país, en La Guajira, se atacó a una pareja de exguerrileros, asesinando a su bebé de apenas 7 meses. El exguerrillero Dimar Torres fue capturado ilegalmente por el ejército, al escucharse disparos, la comunidad de la zona acudió y encontró a un grupo de militares preparando el entierro del exguerrillero para hacer desaparecer su cadáver, la autopsia reveló que Torres, antes de ser ejecutado sufrió graves torturas y fue castrado. El último caso fue el del excomandante Wilson Saavedra, quien cuando se dirigía a comprar el pastel de cumpleaños de su hijo fue tiroteado por sicarios. Se da el caso que Saavedra es el primer excomandante asesinado, y estaba bajo el mando de Alfonso Cano y posteriormente de Victoria Sandino.

Pero no es suficiente el asesinato de exguerrilleros, el Estado colombiano está persiguiendo a los altos mandos de las extintas FARC-EP, especialmente los que políticamente le resultan más molestos. Así desplegó cientos de soldados para capturar o asesinar a Iván Márquez, el jefe negociador de La Habana. Hoy Iván Márquez, junto con otros excomandentes, incluido el hijo de Manuel Marulanda, están en paradero desconocido en algún lugar de las inaccesibles montañas y selvas colombianas, y afirman que mantienen su paradero oculto por que el Estado está decidido a desaparecerlos.

El último caso que hace que el acuerdo de paz haga aguas es el del carismático comandante invidente Jesús Santrich, quien a causa de un burdo montaje orquestado por el Departamento de Estado Norteamericano, la DEA, la Embajada gringa en Bogotá, la Fiscalía colombiana y los medios de comunicación afines al régimen, capturaron a Santrich para extraditarlo inmediatamente a Estados Unidos, igual que se hizo con Simón Trinidad, quien aún permanece en una celda de aislamiento. Finalmente un tribunal ordenó la excarcelación de Santrich, y la fiscalía en una maniobra ilegal, volvió a capturar a Santrich e intenta una nueva extradición express a los USA. Jesús Santrich fue drogado por funcionarios de prisiones y casi muere a causa de ello, hoy la batalla legal por la libertad de Santrich sigue en pie.

Como pueden ver, hoy el proceso de paz pende de un hilo, y para nada es descartable que en los próximos meses nuevos sucesos sacudan el país andino.

Juan C.