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En el mes de febrero supimos que el PSOE ha decidido incluir la mochila austríaca en su denominada “Agenda del cambio”. Llevábamos varios años sin escuchar hablar de esta medida, si bien no es la primera vez que el partido “socialista” insinúa su aplicación. Ya en 2010, el gobierno de Zapatero la deslizó en los borradores de la reforma laboral. El PP no tardó en añadirla a su propio programa electoral, como posteriormente haría Ciudadanos. ¿Qué es la mochila austríaca y por qué despierta tanto entusiasmo en los partidos de la burguesía?

La mochila austríaca, modelo implantado por primera vez en aquel país, es una “hucha” que los trabajadores y trabajadoras van acumulando mes a mes. A diferencia de la actual indemnización por despido, derecho al que sustituye, la persona asalariada puede “llevarse” la hucha de una empresa a otra sin perder la cantidad acumulada para disponer de ella cuando lo necesite. Esta medida, nos dicen, favorece la movilidad entre empresas de las personas asalariadas, que ya no se verán coartadas a permanecer en sus empresas por miedo a perder el derecho a indemnización.

Pareciera, pues, que la patronal estuviese haciendo un favor a la clase trabajadora permitiéndole volar como un pajarillo. Como si, en un mercado de trabajo marcado profundamente por la temporalidad, la precariedad y el desempleo, el cambio de puesto de trabajo fuese un divertimento, una nueva forma de turismo.

Hagamos algunos cálculos. Aplicando la legislación vigente con una indemnización por despido improcedente de 33 días por año, una persona con salario bruto mensual de 1.200 euros y dos años trabajados tendría derecho a más de 2.600 euros. En cambio, siguiendo el modelo austríaco y aplicando una cotización del 1.5% del salario, la misma persona acumularía 18 euros al mes, 432 euros en dos años. ¡Apenas una sexta parte!.

¿Quién se encargará de llenar esa pírrica hucha? ¿La empresa, el Estado o el propio trabajador?. La historia nos ofrece fundadas razones para dudar de que la patronal sea proclive a asumir ni siquiera ese pequeño gasto en trabajadores y trabajadoras que, a priori, no tiene por qué despedir. Podemos presumir que, por contra, hará lo que esté en su mano para que otro pague la factura. Y, aún en el caso de que asuma el coste, en su afán de maximizar las ganancias es previsible que lo repercuta finalmente en la masa salarial.

Podría pagar el Estado. Un Estado al servicio de la burguesía, en continua asfixia anti-déficit, anémico de austeridad, en contracción constante, que mientras ofrece ayudas y deducciones fiscales a los grandes capitales se muestra inflexible hacia los trabajadores, insolvente siquiera para mantener conciertos tan rentables electoralmente como las pensiones. ¿Cuánto tardaría en declararse incapaz de asumir ese coste?

Concluimos, pues, que será la clase trabajadora la que tendrá que asumir, por activa o por pasiva, el encargo de llenar su propia hucha. Un dispendio, no olvidemos, que asumirá a cambio de renunciar al derecho de indemnización por despido.

Estamos a las puertas de un nuevo golpe en la mesa de la patronal. De buen seguro vendrá acompañado de gran prestidigitación por parte de los medios de comunicación serviles para ocultar esta ejecución sumaria de la indemnización por despido. Un paso más en el desmantelamiento de los derechos colectivos de la clase trabajadora que abrirá la puerta a otras medidas como la destrucción de las pensiones en favor de los planes privados. La clase trabajadora, traicionada por los sindicatos mayoritarios, se enfrenta a una nueva amenaza a la que sólo cabe oponer una movilización incontestable, masiva y temprana.